El vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputado regional del PP-CLM, Santiago Lucas-Torres, ha denunciado que la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental impulsada por el Gobierno de Emiliano García-Page “supone un cambio profundo del modelo de evaluación ambiental de la región, trasladando a los ayuntamientos una responsabilidad que corresponde exclusivamente a la Junta de Comunidades”.
Durante su intervención en el pleno de las Cortes, Lucas-Torres ha criticado que el Ejecutivo socialista “abandona el criterio técnico para introducir decisiones políticas en un procedimiento que siempre ha debido regirse por la objetividad y la seguridad jurídica”. En este sentido, ha lamentado que sean ahora los plenos municipales quienes deban pronunciarse sobre proyectos de gran complejidad, trasladando la presión política a alcaldes y concejales, especialmente en los municipios más pequeños.
El parlamentario ‘popular’ ha asegurado que “la Junta pretende quitarse de encima el coste político de determinadas decisiones utilizando a los alcaldes como escudo”, cuando es la propia Administración regional la que dispone de los técnicos, del órgano ambiental y de la competencia para resolver los expedientes. “No se fortalece la autonomía municipal cargando sobre los ayuntamientos responsabilidades que no les corresponden y para las que no cuentan con medios ni recursos”, ha señalado.
Lucas-Torres también ha denunciado la “gran contradicción” de la reforma, ya que el texto permite que un proyecto rechazado por un ayuntamiento continúe adelante si posteriormente el Consejo de Gobierno lo declara inversión estratégica. “O la voluntad de los municipios es determinante o deja de serlo cuando conviene políticamente al Gobierno de Page. Ese doble rasero genera arbitrariedad e inseguridad jurídica”, ha afirmado.
Igualmente, ha advertido de que la nueva norma incrementa notablemente la burocracia al incorporar nuevos informes, certificados y trámites sin prever financiación ni asistencia técnica para que los municipios puedan asumir esas nuevas obligaciones. “La inmensa mayoría de los 919 municipios de Castilla-La Mancha carecen de capacidad técnica para afrontar estas exigencias, y el Gobierno regional no ofrece ninguna solución”, ha dicho, ya que en base al artículo 142 de la Constitución y al artículo 25.6 de la Ley de Bases es necesario que esta Ley esté dotada económicamente.
El diputado regional del PP ha alertado del impacto que esta reforma tendrá sobre la llegada de inversiones a Castilla-La Mancha. “Nuestra tierra necesita empleo, industria, energías renovables bien planificadas y proyectos que generen oportunidades en el medio rural, pero también necesita reglas claras, procedimientos previsibles y seguridad jurídica. El mensaje que esta ley envía a los inversores es exactamente el contrario”.
Lucas-Torres ha manifestado que la proposición de ley presenta “serias dudas de constitucionalidad” al alterar el equilibrio competencial entre la Junta y los ayuntamientos y al introducir mecanismos que pueden provocar decisiones discrecionales y una elevada litigiosidad. Además, ha advertido de que la posibilidad de suspender expedientes durante un plazo de hasta doce meses “supone un mensaje demoledor para quienes quieren invertir en Castilla-La Mancha”.
Por todo ello, ha reclamado al Gobierno de Page que retire la iniciativa o la modifique profundamente para garantizar que la evaluación ambiental siga descansando en criterios técnicos, que los ayuntamientos cuenten con financiación y apoyo suficiente si asumen nuevas competencias y que Castilla-La Mancha recupere un marco estable que favorezca la inversión, el empleo y el desarrollo económico de la región.
