El portavoz de Desarrollo Sostenible del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco José Barato, ha respaldado hoy el papel protagonista de los ayuntamientos de la región en la instalación de plantas de biometano en sus municipios, tal y como recoge la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Una modificación presentada por el grupo parlamentario socialista este jueves en el pleno del Parlamento autonómico para su debate y votación que, ha explicado Barato, introduce que los ayuntamientos tengan “una intervención clara, formal y efectiva” en la tramitación de los proyectos que requieren evaluación ambiental”, porque, hasta ahora, los ayuntamientos solo podían “informar” y ahora, además, podrán “decidir”.
“Hasta ahora podían ser consultados. Ahora la consulta es obligatoria en los supuestos previos y el Pleno deberá pronunciarse. Hasta ahora la posición municipal podía quedar incorporada como un documento más del expediente. Ahora esa posición decide sobre la continuidad del procedimiento y su tramitación”, ha expresado.
Así, ha añadido, será la Administración local la que va a convivir con la ubicación o los accesos, con el tráfico que generen los proyectos, con su impacto paisajístico, con sus efectos sobre la agricultura, la ganadería o la actividad económica de la localidad, en definitiva, ha aseverado, “va a tener poder de decisión sobre la tramitación de los proyectos”.
Por otro lado, ha explicado, la modificación del artículo 40, conlleva que haya más información pública y refuerza la participación de la ciudadanía, ya que, además de mantenerse el anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se añade también la obligación de publicarlo simultánea o posteriormente en uno de los periódicos de mayor difusión de la localidad, advirtiendo expresamente de la posibilidad de presentar alegaciones.
Queda claro, ha insistido Barato, que esta propuesta de ley “no impide el desarrollo, sino que este no se haga de espaldas al territorio”, y que “no cierra la puerta a proyectos, abre la puerta a los ayuntamientos para validarlos”, cumpliendo así la palabra dada por el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Grupo Parlamentario Socialista.
Con todo, ha concluido, “apostamos por que Castilla-La Mancha tenga la regulación más garantista de toda Europa, y la proposición que hoy votamos es la modificación de esta ley, pues desarrolla una parte central de nuestro compromiso”.
