El pasado 26 de octubre de 2025, los disparos de unos cazadores en el municipio de Tomelloso (Ciudad Real) alcanzaron a una atleta de maratón que entrenaba en una vía de dominio público.
La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) ha expresado su solidaridad con la persona afectada y reclama a las administraciones públicas que "cumplan con sus obligaciones legales". Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el derecho de libre tránsito de la ciudadanía, reconocido en la Constitución de 1978, así como la seguridad de las personas usuarias de caminos y vías pecuarias, que permiten el uso y disfrute del medio ambiente y del ocio o deporte al aire libre.
Junto a clubes deportivos, federaciones de montaña y senderismo, asociaciones ecologistas y de conservación del medio natural, y otras organizaciones, la PICP exige a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la regulación de una actividad cinegética que, según denuncian, “se encuentra fuera de control” y que provoca que “los disparos alcancen a personas cada vez de forma más habitual en la vía pública”.
Estas alegaciones ya han sido presentadas en el proceso de consulta del nuevo Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha, que mantiene la posibilidad de practicar la caza en “vías y caminos de uso público, senderos señalizados, vías pecuarias, dominio público y servidumbres de paso fluviales”. Según la PICP, “las leyes quedan supeditadas al lobby de la caza”.
Proyectiles y seguridad sobre la vía pública
La Ley de Caza de Castilla-La Mancha establece que “con carácter general, se prohíbe el uso de cualquier tipo de arma dentro de las zonas de seguridad y a una distancia cuyos límites se determinarán reglamentariamente, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones al respecto. Tampoco se podrá hacer uso de armas en dirección a las zonas de seguridad cuando las pueda alcanzar el proyectil”.
El proyecto de reglamento, al igual que el declarado nulo anteriormente, fija una franja de solo 50 metros en torno a dichas vías públicas y dispone que, cuando una persona cazadora se encuentre a menos de esa distancia de otra ajena a la cacería, deberá descargar su arma de fuego. Además, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024, el Gobierno autonómico incluyó “conceder a la persona titular del aprovechamiento cinegético ejercer el derecho de caza en las vías y caminos de uso público”, una medida que fue posteriormente anulada gracias a la impugnación de Ecologistas en Acción.
Las organizaciones que integran la PICP aseguran que son “demasiadas las ocasiones en las que los lobbies ligados a la actividad cinegética obvian el cumplimiento de estas normas”, lo que genera situaciones que pueden tener consecuencias graves. Consideran que la normativa es insuficiente y que su cumplimiento es dudoso si no existen agentes que velen por la correcta aplicación de la ley.
Cumplimiento de la legislación vigente
Para prevenir situaciones de riesgo, la PICP pide que los planes de ordenación cinegética de cada coto recojan y respeten el dominio público, y que exista un control efectivo. Sin embargo, denuncian que “la administración cierra caminos y vías pecuarias —incluso en el monte público— para dar prioridad a la gestión cinegética sobre otros aprovechamientos”.
También proponen ampliar las zonas de seguridad y señalizarlas adecuadamente, además de establecer nuevas regulaciones sobre el uso de armas de fuego y medidas de control como las relativas al consumo de alcohol y otras sustancias durante las jornadas de caza.
Según la plataforma, en Castilla-La Mancha “no se ha limitado esta actividad en vías pecuarias y caminos públicos reconociendo las obligatorias zonas de seguridad”, sino que, por el contrario, “se viene favoreciendo el llamado derecho de caza sobre este viario público”. Añaden que los periodos de caza se han ido ampliando progresivamente hasta el punto de que “hoy es posible cazar prácticamente todo el año para determinadas especies”, lo que “crea situaciones de riesgo nuevas y limita gravemente los derechos de la ciudadanía”.
Asimismo, advierten de las consecuencias psicológicas de la caza en zonas públicas, por la “amenaza e intimidación que suponen los disparos con armas de fuego en las proximidades de los caminos”. En febrero de 2025, la titular del Juzgado nº 1 de Almadén ya se dirigió a la Junta de Comunidades para reclamar un mayor control de la actividad cinegética, tras detectarse “demasiadas imprudencias” en los últimos meses.
Garantizar derechos de la ciudadanía
La PICP reclama acciones concretas y medios para garantizar el derecho al uso público de estas vías y espacios, tanto para actividades deportivas y de ocio como para usos socioeconómicos del medio rural. En su opinión, la actividad cinegética “atenta contra la seguridad y la salud física y psicológica del resto de la ciudadanía”.
A los riesgos derivados de la caza se suman otros problemas como la “usurpación, cierre y ocupación de los trazados” de caminos públicos para su uso privativo, ante la “inacción de las administraciones”, que dejan en manos de la sociedad civil la recuperación de estos bienes.
Por último, denuncian que algunas administraciones autonómicas “pretenden convertir los trazados en carreteras o caminos de uso exclusivo para fincas y cotos de caza”, vulnerando así su función como corredores de biodiversidad en unos ecosistemas cada vez más afectados por macroplantas fotovoltaicas, aerogeneradores y otras actividades económicas con impacto ambiental.
