El diputado regional del PP de Castilla-La Mancha, José Martín-Buro, ha alertado que “la incompetencia de Emiliano García-Page” pone en riesgo la atención residencial de las personas mayores, ya que esta se encuentra en una situación de “extrema gravedad”.
Así lo ha dicho durante su intervención en las Cortes regionales, donde ha indicado que la Administración autonómica se ha posicionado “en frente” de las familias, poniendo siempre “trabas, dificultades y exigencias a un trabajo tan delicado”.
Martín-Buro ha aseverado que la financiación de este servicio “es insuficiente” porque “estamos por debajo, hasta en 20 euros de media por persona/día con respecto a la Comunidad de Madrid”. “Hay usuarios de primera y de segunda separados por unos pocos kilómetros”, ha lamentado.
El parlamentario autonómico se ha hecho eco de las demandas de una directora de un centro residencial, que apuesta por incrementar la financiación a unos precios dignos, similares a los de otras comunidades autónomas; sacar la asistencia sanitaria de las residencias; unos convenios con Sanidad que permitan sacar a los enfermos crónicos de los hospitales, donde una cama hospitalaria tiene un coste de 500 euros diarios, y derivarlos a las residencias donde se está perfectamente preparados para cuidarles o una bolsa de empleo común con Sanidad.
“Si existiera una financiación digna, no haría falta negociar convenios colectivos porque serían los propios centros los que estarían felices de poder pagar más y mejor con tal de retener el talento en los centros”, ha afirmado.
Martín-Buro ha aseverado que Page “no ha resuelto nada” de los problemas de Castilla-La Mancha, ya que “habla de todo sin parar, menos de la situación que está viviendo la Comunidad Autónoma”.
“Nuestra región sigue y seguirá empobreciéndose, por las ansias de poder, a toda costa, de Sánchez y la vergonzante cobardía de Page y de todo el socialismo castellanomanchego”, ha añadido.
Martín-Buro ha afirmado que “no podemos permitir que la permanencia en el poder de Sánchez y el instinto de supervivencia de Page esté sometida a que los castellanomanchegos tengamos que pagar 650 millones de euros para perdonar la deuda de 15.000 millones de euros, no de los catalanes, sino de los independentistas, que renunciaron a la gestión de los servicios públicos para quebrar el Estado de Derecho”.