AIBUS, la empresa concesionaria del servicio de transporte público de Puertollano, ha afirmado a través de un comunicado que no ha percibido hasta la fecha retribución alguna por la gratuidad aplicada a personas mayores de 65 años y personas con discapacidad en el autobús urbano, tras dar a conocer este mismo lunes Izquierda Unida que "algunos conductores han indicado a usuarios que debían pagar el billete”, pidiendo a AIBUS “que informe adecuadamente a su personal para evitar confusiones y molestias innecesarias a la ciudadanía”.
Según AIBUS, esa retribución “viene siendo objeto de controversia desde hace años y se encuentra incorporada a las acciones judiciales promovidas por esta parte frente al Ayuntamiento de Puertollano”.
Asimismo, AIBUS hace constar que “durante el pasado mes de enero, se alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento conforme al cual la Administración municipal se comprometía a abonar, con efectos desde el 1 de febrero, la correspondiente compensación económica por cada pasajero beneficiario de la gratuidad, así como a facilitar a los usuarios un carné acreditativo que permitiera identificar de manera objetiva su derecho a dicha bonificación. En ejecución de dicho acuerdo, se emitió la factura correspondiente en fecha 1 de marzo, comprensiva de los viajeros que hicieron uso gratuito del servicio”. Sin embargo, según expone esta empresa, “no se ha recibido hasta el momento la compensación pactada, ni tampoco se ha procedido a la entrega de los carnés anunciados para acreditar la condición de beneficiario”.
Esta situación, según AIBUS, “ha generado, en la práctica, una evidente dificultad operativa para el personal conductor, que carece de un instrumento válido, uniforme y suficiente para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los usuarios”. A juicio de la empresa, “esta circunstancia no puede resolverse trasladando a los trabajadores funciones de verificación documental impropias o susceptibles de generar conflictos con los pasajeros”. Por ello, “y con el exclusivo propósito de dotar al servicio de seguridad jurídica, claridad operativa y trato homogéneo a los usuarios”, la empresa adoptó la decisión de “supeditar la efectiva aplicación de la gratuidad a la previa disponibilidad del correspondiente carné acreditativo para cada beneficiario”.
AIBUS desea subrayar que esta medida “no responde a una voluntad de perjudicar a la ciudadanía, sino a la necesidad de evitar situaciones de inseguridad, discrepancias en la aplicación del criterio y tensiones innecesarias entre usuarios y personal del servicio”. Del mismo modo, la entidad rechaza “las manifestaciones públicas que pretenden atribuir en exclusiva a la empresa la responsabilidad de la situación creada, cuando, según sostiene, la falta de ejecución íntegra de los compromisos asumidos por la Administración municipal ha sido determinante en la problemática actual”.
La empresa lamenta “profundamente” las molestias ocasionadas a los vecinos de Puertollano, en especial a las personas mayores de 65 años y a las personas con discapacidad, y reitera su “plena disposición” al diálogo institucional para “restablecer, con todas las garantías, un sistema de gratuidad que sea jurídicamente correcto, económicamente equilibrado y materialmente viable”.
Finalmente, AIBUS informa de que “ejercerá las acciones legales y administrativas que resulten procedentes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos”, así como “frente a cualesquiera actuaciones que considere no ajustadas a Derecho”.
Por último, AIBUS ha reafirmado su compromiso con “la prestación responsable del servicio público de transporte urbano en Puertollano” y manifiesta su “voluntad de colaborar con las administraciones competentes para alcanzar una solución estable, transparente y respetuosa tanto con los usuarios como con el marco jurídico aplicable”.
