Fúnez y Belda: “Muchos de nuestros pueblos están económicamente ahogados. El Estado debe cambiar las normas de financiación”

Aprobada en el Congreso la iniciativa del PP sobre pequeños municipios

La diputada Carmen Fúnez y el diputado Enrique Belda, representantes de Ciudad Real en el Congreso, han manifestado que en un contexto de retos demográficos, sociales y económicos como el actual, es imprescindible reforzar el papel de los municipios como eje vertebrador del país, garantizando su suficiencia financiera, clarificando competencias y mejorando su papel en la gobernanza multinivel.

“Sin embargo, en lugar de avanzar en esta dirección, el Gobierno ha mantenido bloqueada la reforma del sistema de financiación local, a pesar de existir un consenso político e institucional amplio (incluida la Federación Española de Municipios y Provincias) sobre su necesidad urgente”, han denunciado. Esta parálisis, señalan los diputados, evidencia una falta de voluntad política, que está trasladando a los ayuntamientos una presión creciente sin los recursos necesarios para afrontarla.

“A ello se suma una tendencia preocupante a recentralizar decisiones estratégicas que afectan a los municipios, pero sin contar con la administración local”, han aseverado, lo que, tal y como han explicado, debilita su papel en la gobernanza territorial y reduce su capacidad de gestión en cuestiones que afectan directamente a sus vecinos. “Especialmente preocupante es la situación de los municipios de menor población, que continúan afrontando el reto demográfico, la despoblación y el envejecimiento sin un marco normativo específico que atienda sus singularidades”, han alertado.

En este sentido, Fúnez y Belda han recordado que el Congreso de los Diputados ya instó al Gobierno, mediante una iniciativa aprobada en la Comisión de Política Territorial, a impulsar un Estatuto de los Municipios de Menor Población, una medida que el propio Ejecutivo anunció en 2022. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido avance alguno en esta materia, lo que, a su juicio, pone de manifiesto una falta de compromiso con el municipalismo (especialmente relevante si se tiene en cuenta que en España existen cerca de 7.000 municipios con menos de 5.000 habitantes), así como con el equilibrio territorial y la realidad de la España rural. “Esta inacción tiene consecuencias directas en la prestación de servicios públicos, en la igualdad de oportunidades y en la cohesión territorial, generando una brecha creciente entre territorios y debilitando la capacidad de respuesta del Estado en su nivel más cercano al ciudadano”.

Así las cosas, los parlamentarios ciudadrealeños han informado que esta semana el Partido Popular ha logrado la aprobación de la Proposición no de Ley que insta al Gobierno a reforzar el papel del municipio en la organización territorial del Estado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 137 y 140 de la Constitución, situándolo en el centro de la política territorial. Le solicita, asimismo, desbloquear de manera inmediata la reforma del sistema de financiación local, en paralelo a la del sistema de financiación autonómica, garantizando la suficiencia de recursos y corrigiendo el actual desequilibrio entre competencias asumidas y financiación disponible. La iniciativa aprobada continúa exigiendo la garantía de la participación efectiva de las entidades locales en la toma de decisiones de carácter territorial, incorporando de forma estructural a la Administración local a través de un diálogo permanente con Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en los mecanismos de gobernanza multinivel. Finalmente, se insta tanto a dar cumplimiento a los mandatos aprobados por el Congreso de los Diputados mediante el impulso urgente de un Estatuto de los Municipios de Menor Población (que atienda sus singularidades y refuerce su viabilidad institucional, económica y social); como también a adoptar medidas específicas de apoyo a los municipios, especialmente los de menor tamaño, que permitan hacer frente al reto demográfico, garantizar la prestación de servicios públicos y asegurar la igualdad efectiva de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia.

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