Emiliano García-Page niega el derecho de voto a los agricultores y ganaderos de la región.
La representatividad agraria es clave para que, mediante elecciones en el campo, se pueda determinar quién es el interlocutor con la administración.
Si hay cuestiones que defender, son estas organizaciones agrarias electas quienes deben dar la cara ante el Gobierno.
La no celebración de elecciones agrarias aviva la agonía del sector agrario evitando posibles brotes de esperanza.
Mientras en otras regiones limítrofes con Castilla-La Mancha o de gran importancia agronómica, como son Extremadura, Madrid, Castilla y León o Cataluña se celebran, con una frecuencia de 5 años, elecciones agrarias para elegir quién representa al agricultor y ganadero frente a la Administración (al igual que pasa en cualquier sector, dicho sea de paso), en Castilla-La Mancha, los agricultores están abocados a asumir la decisión de la Consejería de Agricultura regional, que es quien expide los títulos de entidades representativas a ASAJA, UPA y COAG.
Esta representatividad otorgada a dedo a estas tres organizaciones entre 2010 y 2012, se lleva a cabo en base a una Ley derogada, no aceptando convocar elecciones, tal y como indica la legislación, por, en primer lugar, la negación por escrito por parte del presidente de la región, Emiliano García-Page, y, en segundo lugar, por la connivencia y bloqueo de estas 3 organizaciones agrarias, que a su vez se encuentran millonariamente subvencionadas por el Gobierno regional, evitando así su ruina y fomentando que se mantengan como meras gestoras agrarias, en lugar de defender al agricultor y ganadero.
De esta manera, organizaciones profesionales agrarias y gobierno regional se benefician mutuamente: Las primeras no perturban la quietud del gobierno con manifestaciones o reclamaciones contundentes y aceptan todo lo que se anuncie desde la región, mientras que el segundo apesebra, adormece y alimenta con fondos públicos para evitar la ruina de ASAJA UPA Y COAG que ya se han convertido en gabinetes de ingenieros o bufetes de abogados que gestionan los trámites administrativos y de renta de los profesionales agrarios.
O de otra manera, no se entiende porque no se exigen medidas para defender los fondos europeos de desarrollo rural, no se toman cartas en el asunto de las plagas de fauna cinegética, no se apoya al sector del olivar tras el desastre de la borrasca Filomena, o el de frutos secos tras la borrasca Ciril, o un largo etcétera de reivindicaciones que se dejan morir.
Es por ello que desde La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha exigen ¡elecciones en el campo ya! para, según dicen, “evitar estar en manos de gente que no defiende al sector agrario” dado que la falta de democracia en el campo, y el apesebramiento de las organizaciones agrarias, que tienen asignada la representatividad a dedo por la Consejería por una ley derogada y con certificados caducados, paralizan al sector.
Mientras no se convoquen elecciones agrarias, Emiliano García-Page debe por tanto permitir que cualquier organización agraria se siente a negociar en la misma mesa, en igualdad de condiciones, con voz y derecho a voto, sin discriminar a Unión de Uniones en beneficio de ASAJA, UPA y COAG y en perjuicio de los agricultores y ganaderos de la región.
Artículo de Opinión de Unión de Uniones Castilla-La Mancha