Según los últimos datos del ofrecidos por el INE y correspondientes al año 2020, la tasa de actividad de las personas con discapacidad es de un 40,7 % en nuestra comunidad autónoma. Somos la región con la tasa más alta, algo que desde UGT valoramos positivamente. Pero no podemos dejar de lado la otra lectura. Y es que más de la mitad de las personas con discapacidad en nuestra comunidad no trabaja.
Desde el sindicato continuamos detectando discriminaciones en el acceso al empleo, falta de accesibilidad, peores condiciones laborales para las trabajadoras y los trabajadores con discapacidad, e incluso rechazo. Por ello, consideramos necesaria una mesa específica de diálogo social en materia de discapacidad, donde se traten medidas de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en la contratación de las personas con discapacidad y se aseguren entornos laborales seguros, accesibles y saludables para las personas con discapacidad.
Así lo ha subrayado la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT CLM; Azucena Dombriz, quien también ha recalcado la necesidad de implantar medidas destinadas a promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, especialmente a las mujeres por sufrir una doble discriminación.
“Nosotros apostamos por la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario, garantizando sus derechos sociales y laborales, la igualdad de trato y oportunidades, tanto en el acceso al empleo como en el desarrollo de la relación laboral, y en la previsión y prevención de posibles escenarios de discriminación por motivo de la discapacidad. En ese sentido, reivindicamos la necesidad de evaluar, y si es necesario modificar, las medidas destinadas a facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad con especial atención a los programas de empleo específicos para mujeres con discapacidad, puesto que son víctimas de una doble discriminación”.
UGT destaca la importancia de una acción sindical integral y transversal en las empresas con el objetivo de promocionar y defender los derechos de las personas con discapacidad; garantizar el cumplimiento real y efectivo de la contratación a través de mecanismos como la cuota reserva del 2%; mejorar la calidad del empleo o el mantenimiento del mismo en caso de una discapacidad sobrevenida; y la realización de los ajustes necesarios para una correcta adaptación del puesto de trabajo en función de la discapacidad de que se trate, de forma que las trabajadoras y trabajadores con discapacidad puedan desarrollar su labor sin condicionantes que mermen o dificulten el uso de sus conocimientos y capacidades.
