El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha presidido esta mañana la Comisión Regional para la Ordenación, Coordinación, e Integración Sociolaboral de los Flujos Migratorios Laborales en Campañas Agrícolas, donde se analiza el desarrollo de las pasadas campañas agrícolas y las necesidades que puedan presentar las de este año.
“Se trata de una Comisión para ordenar los flujos migratorios según las necesidades de mano de obra del sector agrícola y ver la disponibilidad de trabajadores para esas tareas en los Servicios Públicos de Empleo”, ha concretado Tierraseca, recordando, al tiempo, que “cada asistente tenemos una importante función” para que el resultado de esas campañas sea el desarrollo con normalidad de las mismas.
El delegado del Gobierno ha agradecido la coordinación de todas las instituciones y el sector agrario para lograr unas campañas agrícolas cada vez más ordenadas y ha destacado que se ha demostrado que la Reforma Laboral ha conseguido reducir la precariedad en el sector agrario, al constatarse que los contratos temporales se han ido sustituyendo progresivamente por los fijos-discontinuos.
En ese sentido, ha puesto de relieve la agilidad para resolver la demanda de mano de obra y los esfuerzos realizados para proveer de unas condiciones de alojamiento dignas a los temporeros, si bien ha pedido a todos los asistentes realizar “un esfuerzo global para garantizar las condiciones mínimas de dignidad para todos los temporeros” que trabajan en las distintas campañas de la región. Junto a ello, el otro foco de atención de este año será ver cómo afecta la situación de sequía en las distintas campañas, que pueden verse adelantadas o acortadas por su efecto y ello puede incidir en el número de las contrataciones o en el de las jornadas de trabajo.
Entre enero y marzo, la afiliación en el sistema especial agrario se ha situado en los 29.700 trabajadores, lo que supone una “disminución bastante poco significativa” respecto al primer trimestre del año pasado, por lo que ha pedido que se espere a que se complete todo el ejercicio para poder hacer una valoración real. De los afiliados, el 54% son españoles y el 46% son extranjeros, “repartidos prácticamente a partes iguales entre trabajadores procedentes de la UE y extracomunitarios”.
El delegado del Gobierno ha confiado en que la mano de obra que se oferta desde los Servicios Públicos de Empleo sea suficiente para atender la demanda del sector para las distintas campañas previstas, si bien ha recordado que, si es necesario, existe una normativa concreta queregula la gestión colectiva de contrataciones en origen.
Son los empresarios del sector los que tienen que solicitarlo y, si son favorables, se autoriza, como ya ocurre en la provincia de Albacete, donde hay autorizados cuatro contingentes de contrataciones en origen, principalmente para trabajadores senegaleses y marroquíes. El año pasado fueron dos los autorizados.
Francisco Tierraseca también ha agradecido de forma especial la labor que desempeña la Inspección de Trabajo junto con Guardia Civil y Policía Nacional para garantizar que “se cumple lo que marca la Ley” que, en definitiva, se trata de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo.
Por último, ha insistido en su compromiso de oferta de diálogo permanente con las organizaciones agrarias y los representantes sindicales para que las campañas agrícolas en Castilla-La Mancha se desarrollen con normalidad.
En la reunión han participado, además del delegado del Gobierno y el subdelegado de Toledo, los directores de las áreas de Trabajo e Inmigración, de Agricultura de la Delegación del Gobierno; la Oficina de Extranjería de Toledo; la Inspección de Trabajo, SEPE, Agencia Tributaria y Tesorería de la Seguridad Social; asimismo, han asistido la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, el viceconsejero de Empleo, Desarrollo Sostenible y Bienestar Social, y el coordinador de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la JCCM; además de representantes de la FEMP-CLM, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, CCOO, UGT, Asaja, UPA y Cooperativas Agroalimentarias.
