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El alto tribunal desestima así su recurso y mantiene la condena por prevaricación administrativa

Puertollano: El Supremo confirma los siete años de inhabilitación para Hermoso Murillo por el caso de la Plaza de Toros

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, por un delito de prevaricación administrativa en relación a la ejecución de las obras en la plaza de toros en 2007 y 2008. La misma pena se confirma para Juan Luis Vázquez Calvo, secretario accidental del Ayuntamiento en la época de los hechos. El alto tribunal desestima así los recursos de ambos contra la sentencia dictada en noviembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

El Supremo sí estima parcialmente el recurso de casación planteado por el que era aparejador municipal, Eugenio Ángel Manso, y le rebaja la condena de tres años a un año de prisión por delito de falsedad de documento público al entender, con apoyo del Ministerio Fiscal, que su actuación se incardina en el artículo 392 del Código Penal (y no en el 390 que aplicó la Audiencia) que castiga la falsedad cometida por particular con la agravante de «prevalerse del carácter público que tenía el culpable», pues si bien tiene y se aprovecha de su condición de funcionario, la acción no se correspondía con el ejercicio de sus funciones; por lo que el necesario vínculo funcional entre el funcionario y el documento falsificado no concurría.

La Sala desestima, eso sí, el resto de motivos de su recurso, por lo que confirma que cometió también delito de prevaricación administrativa, castigado con la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

A los tres acusados se les aplicó por la Audiencia la atenuante simple de dilaciones indebidas.

El delito de prevaricación administrativa se produjo por irregularidades en la adjudicación de las obras de construcción de la segunda fase plaza de toros, tras fragmentar estas obras en 69 expedientes a pesar de que conocían que no había causas técnicas que lo justificasen, por lo que procedieron a tramitar los distintos contratos sin publicidad, adjudicándolos de forma directa.

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