Una democracia sólida no se mide cuando todo funciona correctamente. Se mide cuando quienes ostentan el poder se ven sometidos al escrutinio público, a la crítica y a la exigencia de responsabilidades. Precisamente por ello, resulta preocupante la creciente sensación de que el actual Gobierno ha optado por sustituir la rendición de cuentas por una estrategia de resistencia política permanente.
La cuestión ya no es únicamente si determinadas decisiones son acertadas o equivocadas. El problema es la percepción, cada vez más extendida entre amplios sectores de la sociedad, de que las instituciones se utilizan para proteger al poder en lugar de para controlarlo. Cuando esa sensación se instala, el daño trasciende a un partido concreto y afecta a la confianza de los ciudadanos en el propio sistema democrático.
Los casos de dirigentes que han ofrecido explicaciones insuficientes o contradictorias sobre aspectos relevantes de su trayectoria pública constituyen un ejemplo de ello. En cualquier democracia madura, la credibilidad es un activo esencial. Cuando un responsable público pierde la confianza de los ciudadanos por haber faltado a la verdad, la exigencia de responsabilidades no debería interpretarse como un ataque político, sino como una consecuencia natural de la responsabilidad institucional.
Pero el problema va mucho más allá de casos individuales. Lo verdaderamente inquietante es la percepción de que el Gobierno ha construido una cultura política en la que cualquier crítica se interpreta como una agresión, cualquier investigación como una conspiración y cualquier petición de explicaciones como una maniobra de la oposición. Esa actitud erosiona el debate democrático y dificulta la búsqueda de consensos.
La negativa a facilitar determinados debates parlamentarios sobre cuestiones que una parte significativa de la sociedad considera relevantes alimenta aún más esa sensación de alejamiento entre las instituciones y los ciudadanos. Es cierto que la convocatoria de elecciones corresponde constitucionalmente al presidente del Gobierno. Nadie discute ese marco jurídico. Sin embargo, una democracia no se limita a lo que es legalmente posible; también exige sensibilidad política ante el clima social y la demanda de participación ciudadana.
Cuando una parte creciente de la población percibe que sus preocupaciones son ignoradas, el problema deja de ser exclusivamente político y pasa a ser institucional. La democracia necesita cauces para que el descontento pueda expresarse y ser escuchado. No hacerlo solo contribuye a incrementar la frustración y la polarización.
Tampoco ayuda la dependencia parlamentaria de fuerzas políticas cuyo apoyo resulta imprescindible para mantener la estabilidad del Ejecutivo. La aritmética parlamentaria es legítima y forma parte de cualquier sistema democrático. Lo discutible es si determinadas concesiones o decisiones responden al interés general o a la necesidad de garantizar la supervivencia política del Gobierno. Esa es una pregunta legítima que merece ser debatida sin complejos ni censuras.
España necesita recuperar una cultura política basada en la ejemplaridad, la transparencia y la responsabilidad. Los ciudadanos tienen derecho a exigir explicaciones, a cuestionar a sus gobernantes y a reclamar cambios cuando consideran que las instituciones no están respondiendo adecuadamente a sus expectativas.
La crítica no debilita la democracia; la fortalece. Lo que la debilita es la impunidad política, la falta de autocrítica y la pretensión de que el poder pueda permanecer ajeno a las consecuencias de sus propios actos.
Ningún gobierno, sea del signo que sea, debería sentirse cómodo cuando una parte importante de la sociedad percibe que las instituciones funcionan más para proteger a quienes gobiernan que para servir a quienes les otorgaron su confianza. Porque cuando la confianza se deteriora, lo que está en juego no es el futuro de un partido, sino la calidad de la democracia misma.
Y en este escenario también conviene dirigir la mirada hacia aquellos partidos que, desde una posición aparentemente crítica con el Gobierno, continúan siendo determinantes para su supervivencia parlamentaria. No se puede pretender ocupar simultáneamente el papel de acusador y de sostén del Ejecutivo. No se puede lanzar mensajes de ruptura mientras se mantienen los mecanismos que garantizan la continuidad del poder. En política, como en la vida, llega un momento en que las palabras deben traducirse en hechos.
Si algunos grupos parlamentarios consideran realmente que la situación política ha llegado a un punto insostenible, disponen de instrumentos constitucionales y parlamentarios para actuar en consecuencia. Lo que no resulta aceptable es intentar trasladar a otros la responsabilidad de decisiones que también dependen de ellos. No se puede tirar la piedra y esconder la mano. No se puede reclamar un cambio de rumbo mientras se contribuye a mantener exactamente el mismo rumbo.
La democracia exige claridad, valentía y coherencia. Quien sostiene a un gobierno comparte inevitablemente parte de su responsabilidad política. Y quien afirma que España necesita una nueva etapa debe demostrarlo con hechos y no únicamente con declaraciones estratégicas destinadas a preservar posiciones de conveniencia. Los ciudadanos tienen derecho a saber quién quiere realmente un cambio y quién simplemente intenta situarse en el lado correcto del discurso sin asumir las consecuencias de sus decisiones.