Una ley electoral para la realidad
I.- INTRODUCCIÓN
Conocen los lectores de este Medio desde 2020, una especie de aversión hacia determinados políticos y sus en ocasiones delictivos recursos. Naturalmente, no quedan eximidos otros involucrados.
Gobernar es pactar con la realidad y bienestar del ciudadano, excepto en campañas electorales. En estos escenarios suele regir casi siempre la afamada “cuadratura del círculo”. (se conoce como problema o reto prácticamente imposible de resolver, o reconciliar cosas o posturas totalmente opuestas).
Sabemos que el político necesita comerciar ilusiones para obtener votos, mientras que el votante exige honestidad, y, si la cual deja de existir castiga en las urnas.
De entre dichas realidades nace una marea silenciosa que ya roza el cuarenta por ciento del censo. Es la abstención, un síntoma de madurez que el sistema insiste en tratar como simple pereza dominical.
Suelen los analistas de nómina repartir culpas y apelar a la responsabilidad del elector, exigiéndole mediante enfoque perverso: fe ciega en un sistema altamente defectuoso.
La responsabilidad no es de quien rechaza la espuria comercialización observada, sino de quien ha sido el causante de la insolvencia política como método de generosa supervivencia.
Si las leyes del mercado penalizan: quiebras técnicas, fraudes, etc. las leyes de la democracia no deben seguir premiando al político que vacía de presencias las urnas con sus actos. Por ello, necesitamos una reforma electoral ajustada a la realidad conocida.
II.- UNA NUEVA ARQUITECTURA ELECTORAL
Debería sostenerse sobre tres pilares de estricta higiene:
El escaño vacío:
El voto de rechazo debe computar. Si el descontento equivale a determinado porcentaje, el mismo, equivaldría a los asientos parlamentarios, los cuales se quedarían físicamente desierto, restando poder y financiación pública a las siglas de forma proporcional.
El quórum de legitimidad:
Una abstención que supere un umbral crítico debería activar automáticamente una cláusula de disolución institucional. Si la oferta es incapaz de movilizar a la mayoría, el proceso quedaría anulado por ley.
Una exclusión forzosa: La continuidad del proceso no puede saldarse con una prórroga del espectáculo.
La ley debe vetar la reincidencia de las mismas listas. Quien ha demostrado una incapacidad manifiesta para generar confianza no merece una segunda oportunidad para simularla.
III.- PRINCIPALES IMPEDIMENTOS Y OPOSICIONES A UNA NUEVA LEY ELECTORAL
A la vista de que demandas ciudadanas exigen reformas para mejorar proporcionalidad y transparencia, hemos consultado a expertos sobre contendidos existentes anterior epígrafe, citándose entre otros:
Barreras políticas, normativas y estructurales que dificultan el consenso.
Intereses partidistas y el "sesgo del ganador"
Resistencia de los partidos mayoritarios: Las formaciones que tradicionalmente dominan el poder suelen oponerse a reformas.
Los partidos medianos o de implantación puramente regional se oponen a cambios que puedan elevar el umbral mínimo de votos a nivel nacional, lo que podría dejarlos fuera de las instituciones.
Barreras constitucionales y legales.
Exigencia de mayorías reforzadas: Al tratarse de leyes de rango orgánico o que impactan directamente el texto constitucional, requieren de mayorías absolutas o cualificadas en los Congresos. Esto otorga poder de veto a la oposición.
Complejidad técnica y organizativa.
Desconfianza hacia la modernización: Las propuestas de voto electrónico o digitalización profunda chocan con la resistencia de sectores que alegan riesgos de ciberseguridad, manipulación de software y desconfianza en la fiscalización del escrutinio.
Límites institucionales y de control: La implementación de reglas más severas de fiscalización del financiamiento de los partidos o de las campañas suele generar oposiciones internas por la complejidad de cumplimiento.
IV.-NO UTOPÏA. NECESIDAD DE HERRAMIENTAS Y VOLUNTAD DE DESARROLLO. CONCLUSIÓN
No se trata de inventar una utopía, sino de rescatar la lógica más elemental. Mientras el silencio del elector no compute, la maquinaria seguirá girando sobre nuestras cabezas.
Un nuevo escenario queda abierto. El Texto no queda encorsetado en un artículo concreto de la ley actual, sino que plantea los principios universales de justicia que cualquier reforma debería asumir.
Es hora de cambiar las reglas del juego: o la política aprende a hablar con cruda honestidad o si continúa permitiéndose dicha Cuadratura.... los acontecimientos marcarán el futuro del anquilosamiento.
Jesús Antonio Rodríguez Morilla
Doctor en Derecho (Cum Laude)
Diplomado en Estudios Avanzados de la UE
Caballero de Mérito por Real Orden Noruega