España atraviesa uno de los momentos políticos más turbios de su historia democrática reciente. Una crisis institucional profunda, sostenida en equilibrios parlamentarios artificiales, amenaza con dinamitar no solo la estabilidad del sistema, sino también el legado político de la socialdemocracia europea que, tras la Segunda Guerra Mundial, cimentó décadas de prosperidad, cohesión social y consenso democrático.
La actual legislatura nace de una anomalía política que, aunque legal, resulta profundamente cuestionable desde el punto de vista ético y democrático. Tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el entonces presidente del Gobierno en funciones celebró con entusiasmo lo que definió como una “victoria”, a pesar de haber quedado en segundo lugar en número de votos. Su optimismo no residía en el respaldo ciudadano, sino en la certeza de que una aritmética parlamentaria favorable le permitiría seguir en el poder. Una conclusión, cuando menos, inquietante.
La llamada “mayoría progresista”
Se nos ha repetido hasta la saciedad que el actual Gobierno se sostiene gracias a una “mayoría progresista”. Sin embargo, basta analizar mínimamente la composición de esa mayoría para que el eslogan se desmorone por sí solo. Lo que existe no es una alianza ideológica coherente, sino una suma de intereses dispares cuyo único punto de encuentro es la conservación del poder.
Partidos como el PNV o Junts per Catalunya —imprescindibles para la supervivencia del Ejecutivo— difícilmente encajan en una definición honesta de “progresismo”. El PNV, fundado a finales del siglo XIX por Sabino Arana, hunde sus raíces en un nacionalismo identitario, profundamente conservador, con una base histórica ultracatólica y un marcado componente etnicista. Aunque hoy se presente con un envoltorio moderno y humanista, su ADN político sigue lejos de los valores universalistas que tradicionalmente han definido a la izquierda progresista.
Junts, por su parte, es heredero directo del espacio postconvergente y del nacionalismo catalán liberal que durante décadas representó la derecha catalanista. Inspirado en el personalismo cristiano y el catalanismo espiritualista, su proyecto político se articula en torno a un nacionalismo excluyente, incompatible con cualquier noción de igualdad cívica y solidaridad interterritorial.
Con estos mimbres se ha construido lo que algunos han denominado, no sin razón, una “mayoría Frankenstein”. Pretender venderla como el mejor camino para España por su supuesto carácter progresista resulta, sencillamente, inverosímil.
Gobernar a cualquier precio
Cada vez son más las voces —dentro y fuera de las instituciones— que reclaman un cambio radical en la forma de hacer política. Una mayoría creciente de ciudadanos percibe que el país avanza sin rumbo, rehén de pactos opacos y concesiones que poco o nada tienen que ver con el interés general. Resulta desalentador comprobar cómo una parte del electorado sigue siendo presa fácil de consignas simplistas y relatos construidos a base de miedo y polarización.
En cualquier ámbito de la vida —el deporte, la empresa, la educación— se exige excelencia, esfuerzo y mérito. La política no debería ser una excepción. Si un partido pierde unas elecciones, y quedar segundo es perderlas, lo razonable es asumir el resultado, ejercer una oposición responsable y trabajar para ganarse de nuevo la confianza de los ciudadanos. Lo contrario es instalarse en una lógica perversa donde el fin justifica cualquier medio.
El valor de saber perder: el ejemplo de Extremadura
Las recientes elecciones autonómicas en Extremadura podrían ofrecer una valiosa lección democrática para el conjunto del país, siempre y cuando no se reproduzca esa dinámica perversa del “si pierdo, voy contra ti; y si gano, también” que se ha instalado en la política nacional. De ser así, el caso extremeño podría convertirse en un ejemplo saludable en un contexto marcado por el agotamiento ciudadano y la desafección institucional.
Los resultados electorales reflejan con claridad ese hartazgo: más del 60 % de los votos fueron a parar a partidos de la derecha, una señal inequívoca del cansancio de una parte significativa de la sociedad ante la situación política actual. En este escenario, la aritmética parlamentaria parece no permitir atajos ni artificios, lo que abre la puerta a un ejercicio democrático más limpio y constructivo: el reconocimiento natural de la victoria del ganador y la asunción, por parte del resto de fuerzas políticas —especialmente de la segunda más votada—, de su papel en la oposición.
Desde esa posición legítima, la oposición puede y debe ejercer un control riguroso del Gobierno Autonómco, proponer iniciativas y enriquecer el debate público sin desvirtuar la voluntad expresada en las urnas. Ese es el equilibrio parlamentario que fortalece las instituciones y dignifica la política, muy lejos de las maniobras interesadas que buscan retorcer los resultados electorales para alcanzar el poder a cualquier precio.
Ese es, precisamente, el verdadero sentido de la negociación política: no la compraventa de apoyos a cambio de privilegios o concesiones ajenas al interés general, sino la búsqueda de consensos que mejoren las leyes y protejan el bien común. Eso sí es “progresismo” entendido como avance cívico y fortalecimiento democrático. Todo lo demás —lo que hoy domina buena parte de la política nacional— son pactos de conveniencia que erosionan la credibilidad de las instituciones y alimentan el desapego ciudadano, fomentando los extremismos, la polarización y el enfrentamiento social.
Esta no es una legislatura en declive, sino una anomalía política sostenida artificialmente. Un periodo que, por su origen y por sus consecuencias, pasará a la historia no como una oportunidad perdida, sino como una legislatura que nunca debió comenzar.
Javier Holgado