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Así lo ha asegurado Martínez Arroyo en una jornada en Guadalajara

La Junta traslada el avance sustancial de la nueva PAC: “Ningún agricultor ni ganadero, por pequeño que sea, se va a quedar atrás”

La nueva PAC va a traer, a partir del año 2023, mejoras sustanciales para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, en un primer término, porque “ninguno, por pequeño que sea, se va a quedar atrás, como sí sucede con la actual, cuando fueron ejecutados del sistema”. Así lo ha trasladado esta tarde en Guadalajara el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante la jornada informativa sobre la PAC 2022 organizada por Santander Agro, en la que ha estado acompañado por el director de Agropopular y periodista, César Lumbreras; la directora de Negocio Agroalimentario del Banco Santander; Lorena Ruiz y el director de Negocio Agro Castilla-La Mancha y Pedro Bergillos.

En la misma, ha destacado las novedades principales de esta política europea para los años 2023 a 2027, donde se va a producir un incremento por hectárea, donde la región se encuentra en la actualidad a la cola, con solo 104 euros por hectárea de media, cuando a nivel nacional se ubica en 140.

En este sentido, ha indicado que “vamos a aumentar los recursos públicos de la Política Agraria Común en Castilla-La Mancha” por lo cual la Comunidad Autónoma “va a salir bien parada”, algo que beneficiará al sector agroalimentario, tal y como ha señalado.

Entre las novedades de la futura política, ha destacado la ayuda específica al olivar con un total de 150 millones de euros en el nuevo periodo, que beneficiará al olivar de bajo rendimiento de secano, como el de la comarca de la Alcarria en Guadalajara. Esta ayuda va a diferenciar el olivar de bajo rendimiento del olivar intensivo o superintensivo que sí tiene acceso al agua. “Es una extraordinaria mejora de esta política agraria común”.

También ha resaltado la discriminación positiva de las mujeres para incorporarse al sector agrario que van a recibir más ayuda “es muy importante” y va, ha dicho, “en la línea” de lo que Gobierno de Castilla-La Mancha viene impulsando es del año 2015.

El consejero ha resaltado, además, la denominada condicionalidad social, que implicará que los agricultores y ganaderos que quieran cobrar las ayudas de la PAC, cumplan los derechos laborales con esos trabajadores. Al respecto, ha destacado que se trata de un paso adelante y “nos va a permitir sacar del sistema a aquellos muy pocos incumplidores y quitar la lupa de la mayor parte de los agricultores y ganaderos, casi todos que cumplen la normativa”.

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