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Su presidente se ha manifestado así tras la presentación del libro ‘Los delitos del maltrato animal en España’, escrito por Santiago Ballesteros

La Federación de Caza destaca el enorme impacto que tendrían la Ley de Bienestar Animal y la modificación del Código Penal

La Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha destacado el enorme impacto que tendría en la actividad cinegética de la región la Ley de Bienestar Animal que propuesta por el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y muy especialmente la modificación del Código Penal en materia de maltrato animal.

El presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Agustín Rabadán, ha hecho esta reflexión coincidiendo con la presentación del libro escrito por el abogado castellano-manchego Santiago Ballesteros ‘Los delitos del maltrato animal en España’ en el que analiza los efectos que tendrá sobre la caza la reforma del Código Penal en España y la propia ley animalista.

El trabajo realizado por el también asesor jurídico de la Federación de Caza, se realiza en el pleno debate parlamentario de la modificación del delito de maltrato animal. Por un lado recuerda la legislación vigente en materia de maltrato animal, la prueba evidente de que este aspecto está “muy regulado, incluso en sede de derecho penal” y, además, incorpora el análisis de la modificación legislativa que se pretende hacer desde el Gobierno de España, haciendo especial énfasis en la modificación del Código Penal.

De aprobarse, ha comentado el presidente de los cazadores castellano-manchegos, en las condiciones en las que está planteado, sería nefasto para la actividad cinegética en sí, pero también para todo el medio rural, la ganadería, la agricultura y cualquier titular de algún animal.

Rabadán ha señalado que es necesario que los gobiernos autonómicos, que tienen competencia en materia de caza y bienestar animal, intervengan para evitar que esto suceda y ha pedido explícitamente al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page que en este asunto recuerde al Gobierno Central la necesidad de imponer sentido común y la importancia de la caza en esta región.

Por otro lado, Rabadán ha destacado que el trabajo de Ballesteros es una apuesta por dar una visión independiente y alejada de los postulados animalistas del tratamiento penal del maltrato animal.

El libro combina el análisis jurídico de los delitos de maltrato animal y su evolución con reflexiones propias, ha comentado, pero también recoge una disección crítica del proyecto de ley de modificación que tramita el Gobierno.

El propio Ballesteros ha comentado que la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal que se pretende aprobar tiene grandes problemas: “generaría una enorme inseguridad jurídica, haría saltar por los aires el principio de intervención mínima del derecho penal y extendería los límites de este delito enormemente, vaciando de contenido el derecho administrativo sancionador”.

Igualmente, ha subrayado, que “es muy criticable el aumento indiscriminado de las penas y la inclusión de nada menos que diez agravantes dentro del delito”.

No hay ningún artículo del Código Penal en el que se incluyan nueve circunstancias agravantes. Es absurdo que cualquier lesión no imprudente se considere delito y que el delito de lesiones en los animales se equipare al delito de lesiones en el ámbito de las personas”, ha advertido.

A su juicio, “con la reforma cualquier lesión no imprudente que suponga un punto de sutura a un perro, a un gato o incluso a un ratón sería delito. Extender la protección de este delito a todos los animales silvestres no está tampoco justificado. Los animales salvajes ya tienen su propio régimen de protección administrativo y penal”.

Ballesteros, que ya ha escrito cinco libros, ha avisado que el sector cinegético se enfrenta a una situación que, de aprobarse finalmente la reforma del Código Penal tal y como se está planteando, provocará que “se condicione” de una forma muy importante una actividad de la que vive mucha gente, sobre todo en el mundo rural.

Y ha finalizado que la estrategia del sector animalista, secundada por Unidas Podemos, por llevar a cabo las reformas legislativas y del Código Penal pretende que los animales adquieran un estatus superior y, por tanto, el marco jurídico que resulte de estos cambios afectaría en gran medida a los cazadores.

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