La subsecretaria de Justicia, Ana Sánchez, presentará este jueves a las 12:00 horas el proyecto de rehabilitación de los Juzgados de Puertollano junto al alcalde de la ciudad, Adolfo Muñiz, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Puertollano. Y ante la "inminente" inauguración oficial del edificio, el sindicato Justicia y Progreso (JyP) ha recordado a través de una nota de prensa que tuvo que recurrir a Inspección de Trabajo por "los constantes incumplimientos en las medidas de prevención y seguridad en las obras de remodelación, cuyo incidente más grave fue el desplome de los archivos judiciales la semana pasada".
El sindicato ya advirtió desde que se iniciaran los trabajos de adecuación del edificio, allá por septiembre de 2021, tanto a los responsables de la empresa adjudicataria como a la gerencia territorial del Ministerio de Justicia en Albacete, así como a la Junta de Personal de Ciudad Real y al Comité de Seguridad y Salud de dicha provincia, de "la necesidad inminente de realizar una revisión del Plan de Evaluación de Riesgos del edificio para contemplar los cambios que iban a producirse a consecuencia de las obras".
Sin embargo, según JyP, "nadie hizo caso y lo cierto es que se produjeron varios accidentes en el lugar de trabajo que, afortunadamente, fueron de escasa gravedad. Encharcamiento de zonas de trabajo, polvo, ruido, iluminación deficiente, temperaturas extremas, vibraciones, tropiezos, caídas, cables sueltos son meros ejemplos". Sin embargo, el incidente "más grave" se produjo la semana pasada cuando las estanterías del archivo judicial se desplomaron porque no habían sido ancladas a la pared. “Esto pudo haber tenido consecuencias fatales y era algo que ya habíamos advertido previamente”, afirma el delegado de Prevención y delegado sindical, Ricardo Rosales.
Además de ello, el sindicato llamó la atención sobre "otros incumplimientos como la obligatoriedad de que hubiera un coordinador de Actividades Empresariales para las obras, o el deber de formación a los trabajadores acerca de los posibles riesgos a los que estarían expuestos por la realización de los trabajos de adecuación y las medidas preventivas que debían adoptar para minimizarlos".
Asimismo, JyP propuso como medida alternativa el traslado de los trabajadores a otras dependencias durante la ejecución de la reforma para evitar estos posibles incidentes y los trastornos que se iban a ocasionar tanto a los funcionarios como a los profesionales y clientes. “No obstante, la solución que se adoptó fue ubicar un juzgado desplazado, concretamente en la cuarta planta del edificio, mientras se realizaban las obras en la planta afectada y ese lugar no reunía los requisitos mínimos en caso de que se diera una situación de emergencia de evacuación, ya que esta situación no estaba contemplada en el Plan de Salud y Seguridad inicial del que nos dieron traslado”, explica el delegado de Prevención.
De modo que, "ante la pasividad del Ministerio de Justicia y el resto de implicados", JyP se vio obligado a "presentar una denuncia a la Inspección de Trabajo en mayo de 2022, donde se advertían la existencia de una serie de riesgos de seguridad y salud para los trabajadores, que tuvo como resultado una visita inspectora en junio y finalmente un requerimiento al Ministerio para que actuara de inmediato y realizara una revisión del Plan de Riesgos Laborales".
Sin embargo, tal y como señala el delegado de Prevención, “al tratarse de una Administración pública, la Inspección de Trabajo tan solo pudo exigir al Ministerio de Justicia que actuara para corregir estas irregularidades, pero no imponer una sanción pecuniaria u otra medida sancionadora derivada del incumplimiento grave de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como sí ocurriría si se tratara de una empresa privada. Y ahora se inauguran estas dependencias judiciales cuyas obras podrían haber causado perjuicios irreparables a los trabajadores que prestan sus servicios y nosotros queremos hacer un llamamiento para que se tomen de una vez en serio la Prevención de Riesgos Laborales en los juzgados de toda la provincia de Ciudad Real, ya que lo que ha ocurrido en Puertollano no es un caso aislado, ya que el resto de sedes judiciales carecen de planes actualizados y se sigue poniendo en riesgo cada día la seguridad y salud de los funcionarios”, puntualiza Rosales.
