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Asegura que la ciudad "ha sufrido su nefasta gestión, sumiéndola en la ruina total"

IU considera que la inhabilitación a Hermoso Murillo llega «un poco tarde para el pueblo de Puertollano»

El Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Puertollano se ha referido este viernes a través de un comunicado a la confirmación por parte del Tribunal Supremo de los siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, por un delito de prevaricación administrativa en relación a la ejecución de las obras en la plaza de toros en 2007 y 2008.

Para la formación de izquierdas, la inhabilitación ha llegado «un poco tarde para Puertollano», una ciudad que «ha sufrido su nefasta gestión, sumiéndola en la ruina total». Aun así, IU se congratula de «haber utilizado sus escasos fondos económicos en beneficio de la transparencia y defensa de lo público que todos nos merecemos».

Comunicado completo

El Tribunal Supremo, por sentencia de 17 de marzo, notificada el día 31 de marzo a las partes, pone fin a este largo proceso de luchas judiciales por los delitos que se cometieron en el proceso de la contratación de la Plaza de Toros o Coso Polivalente de Puertollano.

Las actuaciones judiciales se inician por la denuncia de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha ante la fiscalía, derivado del informe sobre diversas contrataciones del Ayuntamiento de Puertollano, dossier que le fue enviado por el Pleno Municipal a iniciativa del Grupo Municipal Izquierda Unida.

Los hechos que se han declarados delictivos comenzaron en el 2007 con el entonces alcalde Joaquín Carlos Hermoso Murillo. Estos hechos y denuncia dan lugar al Procedimiento Abreviado 63/2015 del Juzgado de Instrucción 1 de Puertollano, proceso que terminó por sentencia de la Audiencia Provincial (PA 5/2018) de fecha 4 de noviembre de 2019 que condenó por delitos de prevaricación administrativa al alcalde, el secretario del Ayuntamiento y el Aparejador Municipal, a quien también se le condena por delito de falsedad en documento público. Esa sentencia dio lugar a los recursos de casación que ahora resuelve el TS y que fueron presentado por los tres condenados. Termina así la historia que empezó hace quince años.

El Tribunal Supremo confirma los delitos y sus penas impuestas por la Audiencia, manteniendo íntegramente las condenas contra el alcalde (Sr. Hermoso Murillo) y el secretario del Ayuntamiento (Sr. Vázquez Calvo) a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y al pago de las costas procesales, por ser considerados autores de un delito de prevaricación administrativa.

De nada han servido los largos argumentos de los recurrentes que denunciaban haber sufrido indefensión, lo que el Tribunal Supremo desmonta punto por punto y les detalla las actuaciones que ponen de manifiesto haber tenido un juicio con todas las garantías.

También han dicho los recurrentes que no eran ellos los responsables o autores de esos delitos. El propio Supremo rebate el argumento del alcalde que declina su responsabilidad en los técnicos porque, según su recurso, son ellos los que han aportado informes erróneos, equivocados, siendo eso lo que le llevó a tomar esa decisión arbitraria de fraccionar el proyecto. El Supremo le detalla que el proyecto no contenía la posibilidad de fraccionarlo, como así se lo había firmado la arquitecta autora del proyecto. Que él buscó expresamente a un técnico municipal con escasa experiencia en estos temas, al que se unió también la colaboración del Secretario, por ello decía la Audiencia: “…De ahí el argumento de la Audiencia de que en ese escenario, la decisión del acusado de admitir el posterior fraccionamiento y adjudicación de unos contratos de manera que en la práctica excluían toda publicidad y transparencia y a cualquier otro competidor, que no fuese en realidad el elegido digitalmente, constituye una resolución que el alcalde adoptó con el único sustento de su exclusiva voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad y situada extramuros de toda justificación que pudiera tener el más mínimo apoyo racional.”

Y por ello dice el Tribunal Supremo: “De donde resulta no solo la conciencia de la ilicitud manifiesta de la fragmentación (que significativamente no formaliza, lo que no evita su consideración de resolución tácita ilegal y arbitraria que propició una contratación prohibida) y ulterior aprobación y pago en todos los expedientes fraccionados, sino asimismo en la programación de una fraudulenta cobertura en combinación con los técnicos municipales… “

 El Alto Tribunal ha venido a confirmar la gravedad de los delitos que se cometieron y la conciencia de ilicitud de los que lo llevaron a cabo.

Durante siete años el anterior alcalde, Hermoso Murillo no podrá ejercer cargo público electivo, ni gobernar ni administrar en ninguna administración ya sea local, provincial, estatal o supranacional. La justicia lo aparta de lo público, aunque un poco tarde para el pueblo de Puertollano que ha sufrido su nefasta gestión que tiene sumido al municipio en la ruina total.

El ex secretario municipal ha dejado de ser funcionario, por su pase a jubilación, por lo que la eficacia de esa condena es más bien escasa. No obstante, ahí tiene la sentencia para que recuerde que no todo se puede hacer cuando se gestiona lo público.

El Tribunal Supremo ha admitido parcialmente el recurso del aparejador municipal Sr. Ángel Manso y le cambia el tipo de delito de falsedad, pasando a falsedad cometida por particular y no por funcionario, lo que supone una sustancial rebaja de la pena impuesta por la Audiencia Provincial que fue de tres años de prisión, multa de 3.600 € y las especiales de inhabilitación. Ahora el TS le impone una pena de un año de prisión, manteniendo el resto de los pronunciamientos. Suponemos que será un gran alivio para el condenado que ahora no tendrá que ingresar en prisión, con la anterior sentencia lo habría hecho. El Tribunal Supremo reseña en este recurso que no refiere la pena de inhabilitación especial dado que está rota la vinculación directa de sus funciones como empleado público (aparejador municipal), por este delito. Lo que pone de manifiesto que entre otras consecuencias de estas condenas, está la pérdida del empleo público de esta persona.

Izquierda Unida ha apostado desde el principio de este asunto por la defensa a ultranza del interés general, lo que ha hecho que nos personáramos y lucháramos contra quienes desde el principio quisieron echarnos del proceso porque intuían que no éramos una acusación de decorado. Hemos utilizado nuestros escasos fondos económicos para atender a nuestros abogados y procuradores y lo hemos hecho con la finalidad de que fuera en beneficio de la transparencia y defensa de lo público que todos nos merecemos.

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