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Anuncia que “para ofrecer respuesta a las 665.000 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social las administraciones deben vertebrar ayudas basando la recaudación en un modelo de redistribución"

IU: «No podemos bajar los impuestos en una región en la que el 44,5% de la gente tiene dificultades para llegar a fin de mes»

En pleno debate sobre la bajada de impuestos y ante la llegada de los próximos comicios, la vicecoordinadora regional de Izquierda Unida destaca la crudeza del XII Informe ‘El Estado de Pobreza: Seguimiento de los Indicadores de la Agenda 2030 UE (2015-2021)’. Estudio que indica que “Castilla La Mancha ha vuelto a subir en los índices de pobreza severa, siendo las mujeres las más afectadas con un incremento de 2,5 puntos”, y que pone el acento en que “las familias, a pesar de contar con un ingreso de un trabajo, no llegan a fin de mes”.

Ante estos datos, que denotan que «la pobreza debe ocupar un lugar central de la agenda política”, Isabel Álvarez evidencia que “no nos podemos permitir ni una bajada de impuestos ni su congelación en este escenario, no podemos permitir que los ayuntamientos reduzcan las tasas, y no podemos permitir las bonificaciones sin medida” porque “muchas familias van a necesitar que las instituciones, las más cercanas como los ayuntamientos y las diputaciones, vertebren ayudas para poder llegar a fin de mes” a través de medidas que “ayuden a afrontar el invierno y los pagos y recibos que, de otra manera, encarecerán y penalizarán su día a día puesto que los recargos serán inasumibles”.

El documento recoge que “a tasa de riesgo de pobreza o exclusión social -Tasa AROPE- ha llegado en la región “al 32,5%, con 665.000 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que implica un incremento de 1,8 puntos”, lo que indica que “la pobreza se cronifica y se convierte en estructural”. Por ello, la vicecoordinadora regional de Izquierda Unida invita a “dejar la demagogia sobre la reducción de impuestos para que el dinero esté en los bolsillos porque hay muchas familias que hace tiempo que no tienen nada en sus bolsillos y necesitan que la administración competente responda ante sus necesidades”.

En este sentido, considera Isabel Álvarez que “la única manera de hacerlo es cumpliendo con la Constitución y basando la recaudación en un modelo de redistribución en el que paguen más los que más tienen para sostener a los que más lo necesitan”. Porque “ya no nos vale el modelo caritativo del kilo de arroz y de la ropa usada, porque cuando dejemos de perdonar el impuesto de actividades económicas a empresas y negocios que facturan más de un millón de euros al año estaremos redistribuyendo la riqueza tal y como nos mandata el artículo 31 de la Constitución”.

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