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Asegura “no estar en contra de los planes", aunque sí cree que "generan más desigualdad porque, tal y como dictan muchas sentencias, se están utilizando de forma irregular”

IU invita a la Junta a incluir en el convenio «la realización de inspecciones que comprueben el cumplimiento de los planes de empleo»

En desarrollo de la Orden de la Consejería de Empleo por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, los ayuntamientos están publicando las bases de los Planes de Empleo. Por ello, Gregorio García-Dotor explica la disconformidad de la formación con determinados aspectos de la regulación sabedores de que “las familias necesitan trabajar”. Ante esta tesitura, asegura “no estar en contra de los planes, aunque sí creemos que generan más desigualdad porque, tal y como dictan muchas sentencias, se están utilizando de forma irregular”.

En primer lugar, el texto determina que la concesión de las subvenciones de los Planes de Empleo debe “crear oportunidades de inserción en el mercado laboral para la ejecución de proyectos de interés general y social, así como actualizar o renovar sus competencias profesionales con acciones de orientación laboral y/o de formación”.

De la misma forma, se establece que los proyectos deben ser de “interés general y social competencia de las entidades beneficiarias, quedando excluidos los que contemplen actuaciones por las que la entidad perciba contraprestación económica o que supongan reducción, sustitución o amortización de puestos de trabajo”.

Sin embargo, las denuncias de los sindicatos y de los contratados, así como las numerosas sentencias de los Tribunales de lo Social de CLM, evidencian que “la realidad dista mucho de los objetivos y finalidades exigidos” porque “ni se produce la inserción laboral y la formación profesional de los trabajadores, ni los proyectos subvencionables son de interés general y social”.

De ahí que el responsable regional de Empleo y relaciones con los Sindicatos de Izquierda Unida apunta que “se utiliza a los contratados en puestos de trabajo estructurales (ocupando plazas vacantes y realizando sustituciones de empleados públicos), colaborando en labores de servicios externalizados o privatizados (incrementando así el lucro de las empresas concesionarias), o, lo que es peor, en puestos de trabajo carentes de ocupación real y efectiva”.

Y es que, en palabras de Emiliano García Page, “uno de los objetivos más importantes de los Planes de Empleo es facilitar el acceso de los trabajadores beneficiarios al subsidio de desempleo durante seis meses”, lo que según García-Dotor “acredita, además del clientelismo electoral, que muchos de los contratos son fraudulentos”.

En este sentido, Izquierda Unida CLM demanda a Empleo que el convenio, suscrito en 2020, con la Inspección de Trabajo y Seguridad incluya la realización de inspecciones y controles para comprobar la existencia de un proyecto real de interés general, de una ejecución viable y del empleo efectivo”, control que sólo será eficaz con la visita no avisada a los centros de trabajo municipales. Para ello “se requiere contar con personal funcionario con capacidad y experiencia, profesionales que la Junta no tiene”.

“El salario será el establecido en los convenios del personal laboral de los ayuntamientos, lo contrario es discriminatorio e inconstitucional”

Sobre la modalidad de contratación, la duración y jornada de los contratos, la Orden omite la regulación del salario. Ante ello, Izquierda Unida Castilla-La Mancha insta a atender a la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que determina que el salario será el establecido en el convenio colectivo de aplicación, y, sólo en su defecto, serán retribuidos por el Salario Mínimo Interprofesional.

Sin embargo, los convenios del personal laboral de muchos ayuntamientos excluyen de su ámbito de aplicación a los trabajadores contratados con Planes de Empleo (las denominadas cláusulas de exclusión), lo que sirve de argumento para justificar el abono del SMI.

Pues bien, dicho argumento “es contrario a la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha que mantiene que a los trabajadores contratados se les debe aplicar el régimen retributivo establecido en el convenio del personal laboral, pues lo contrario es discriminatorio e inconstitucional”.

En este sentido, Izquierda Unida realiza un llamamiento a los sindicatos para que “impugnen los convenios colectivos de personal laboral de aquellos ayuntamientos que contienen las cláusulas de exclusión en los planes de empleo, lo contrario es colaborar con la institucionalizan la precariedad laboral”.

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