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Con el objetivo de impedir que empresas incumplidoras "puedan volver a prestar el servicio"

IU exige a la Junta «eficacia en su labor de fiscalizar contratos que gestionan servicios en centros y residencias»

“El Gobierno de Castilla-La Mancha abandona sus funciones a la hora de fiscalizar los contratos que prestan servicios públicos en centros y residencias de competencia regional”, realidad que “provoca situaciones que ponen en riesgo sanitario a trabajadoras del servicio y a los propios usuarios y usuarias”.

Ante ello, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha exige que el Ejecutivo “sea eficaz en su labor de fiscalización de contratos que gestionan servicios tan sensibles” y que “impida que empresas incumplidoras puedan volver a quedarse con este servicio simplemente por el hecho de querer ganar más dinero”.

Desde el mes de septiembre de 2021, la empresa ‘Aralia’, es la encargada -tras ganar un concurso público de privatización del servicio-, de gestionar la limpieza y el mantenimiento de la residencia para personas con discapacidad intelectual grave situada en la calle Cabriel n°11, de Toledo. Desde el 23 de agosto las trabajadoras que prestan este servicio privatizado no reciben el material necesario para mantener de forma óptima la limpieza de esta residencia, función que debe proporcionar ‘Aralia’ según el contrato.

Además, en más de una ocasión la citada empresa no cumple con su compromiso de plantilla para realizar este trabajo. En horario de mañana y de lunes a domingo deberían trabajar tres personas, sin embargo, en más de una ocasión hay dos personas y en alguna una única persona en horario de 8,00 a 11,00 horas, momento en que se incorpora otra de 11,00 a 14,00 horas pero vuelve a quedarse una persona sola de 14 a 15 horas.

Desde Izquierda Unida de Castilla La Mancha denuncian que “de esta manera se presta un mal servicio a una población especialmente vulnerable, por lo que no garantiza los derechos que tienen estas personas”. Esta no es forma, añaden, “de optimizar la prestación de un servicio público dependiente de competencia es regional”, pero es peor cuando “esta misma empresa, que incumple su compromiso contractual en la actualidad, puede presentarse nuevamente a un concurso para adjudicárselo nuevamente, pero en esta ocasión por más dinero”. Todo ello una vez que ‘Aralia’ haya manifestado su desistimiento de contrato por no resultarle rentable, lo que denota que la empresa “no está interesada en prestar ningún servicio, tan sólo quiere incrementar su cuenta de resultados empresariales a costa de rebajar la prestación de este servicio a personas vulnerable”.

Ante esta “pasividad de la administración por controlar lo que ocurre con los contratos de prestación pública”, se dan situaciones, tal y como informa la representación sindical, como que en el mes de octubre de 2020 una trabajadora solicita una excedencia por cuidado de familiar, a la que tiene derecho por convenio colectivo. Esa misma persona se jubila el 15 de julio de 2022, mientras que la sustituta que cubre la interinidad con esta modalidad de contrato desde ese 15 de julio hasta el 31 de julio, cuando la titular de la plaza ya está jubilada.

‘Aralia’ se entera que esa trabajadora interina está embarazada y, en primer lugar, la cambia la modalidad del contrato y termina por despedirla. La Inspección de Trabajo es conocedora de esta situación irregular de ocupación interina de una vacante por jubilación y ya ha dictaminado que ese contrato debe ser indefinido. Esta vulneración de las condiciones laborales se debe a la falta de control por parte de la administración competente.

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