El responsable de Política Institucional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha cita el informe publicado por Greenpeace para insistir en la necesidad de modificar “la endiablada relación entre unas políticas del sector primario, que no quieren ser sostenibles, y un aparato legislativo que aboga por seguir mercantilizando con el derecho humano de acceso al agua”
Castilla-La Mancha, apunta Txema Fernández, es la cuarta Comunidad Autónoma con más volumen de agua contaminada por nitratos y nitritos en nuestro país. Así lo confirma el estudio publicado por Greenpeace -‘Amenaza invisible: la contaminación del agua por nitratos’- que ha contado con la ayuda desinteresada de la Red Ciudadana de Vigilancia de la Contaminación del Agua por Nitratos a la que, en la región, están adscritas la Plataforma en Defensa de los Acuíferos de Guadalajara y la Plataforma Pueblos Vivos de Cuenca.
Solo Castilla y León, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares tienen más volumen de agua contaminada por nitratos y superior a los valores máximos legales, que son 50 mg/l. De hecho, el 62,96% de las mediciones de aguas subterráneas indican contaminación por nitratos, e incluso 12 de esas mediciones superan los 100 mg/l, es decir, aguas que están muy contaminadas. Destaca el caso de Barchín del Hoyo (Cuenca), que durante años ha estado abastecido y bebiendo agua que superaba los límites legales sin saberlo, tal y como confirmaron no sólo las mediciones voluntarias de la Red de Vigilancia, sino también las mediciones oficiales posteriores.
Para el responsable regional de Política Institucional de Izquierda Unida, las causas fundamentales del estado de abandono de las masas hídricas y de su precaria situación -sobre todo las subterráneas, fundamentales en un escenario de cambio climático y escasez de agua- “son los modelos de desarrollo agrícola y ganadero instaurados en la región”. La ganadería industrial, con sus excesivos excrementos derivados de la elevada concentración de animales en macrogranjas y la agricultura industrial -con su uso masivo de fertilizantes-, son los principales responsables del "envenenamiento" del bien más preciado.
Por ello, aprecia Txema Fernández, “revertir esta situación será especialmente complicado porque la gestión de los recursos hídricos en Castilla-La Mancha está en manos de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que, a su vez, es la competente en las políticas agrícolas y ganaderas que provocan esta situación”. Desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ya se advirtió que “para defender el agua como un derecho humano, y establecerlo así en el Pacto Regional por el Agua, ésta debe ser gestionada desde competencias que garanticen medidas basadas en la sostenibilidad, no en la explotación del recurso”.
“Son necesarias políticas que reviertan la situación de la gestión del agua, no políticas que utilicen su mal estado para el beneficio empresarial”, apunta
Ante esta situación, el responsable regional de Izquierda Unida reclama “políticas que reviertan la situación de la gestión del agua en la región, no políticas que utilicen el mal estado de las aguas para beneficio empresarial e industrial”. Porque el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico está elaborando un Real Decreto en el que se establecerá el régimen de instalaciones de plantas solares fotovoltaicas flotantes en los dominios públicos hidráulicos, modificando para ello el texto de la actual Ley de Aguas.
Lo que se garantizará con este nuevo texto normativo, denuncia Txema Fernández, será “dotar de más espacios destinados a la explotación del negocio de la energía usando las masas de agua con más concentración de nitratos, eutróficas, que, aparentemente, no se pueden usar para abastecimiento humano”. Queda claro, para Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, que las políticas agrícolas y ganaderas que han permitido este nivel de contaminación de las aguas son la principal excusa para su uso con fines mercantilistas por las empresas que gestionan la energía y que, cada vez, encuentran más facilidades para ello. Desde la formación se insiste en la necesidad de modificar “la endiablada relación entre unas políticas del sector primario, que no quieren ser sostenibles, y un aparato legislativo que aboga por seguir mercantilizando con el derecho humano de acceso al agua”.
