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Transformando los modelos productivos

IU-CLM se reúne con Greenpeace para «buscar soluciones a la contaminación de agua por nitratos»

La ganadería y la agricultura industrial son las causas  de los problemas de sobreexplotación y de contaminación del agua, fundamentalmente por nitratos, en una región que es la cuarta Comunidad Autónoma con más volumen de agua contaminada por nitratos y nitritos en el país. Por ello, desde Izquierda Unida Castilla-La Mancha se está trabajando para articular propuestas destinadas a revertir esta situación mediante la puesta en común de información e iniciativas con organizaciones conocedoras de la materia.

Bajo esta premisa, y sabedores de que Greenpeace realiza una importante labor de análisis, medición y control de los parámetros relativos a la crisis global del agua, a las vigentes perspectivas de cambio climático, al descontrolado crecimiento de la ganadería intensiva concentrada y a extensión incontrolada del regadío, Juan Ramón Crespo y Txema Fernández abordaron posibles líneas de actuación en la región destinadas a reducir las graves consecuencias de un modelo de gestión que “nos aboca al desastre”.

Para contemplar las posibles soluciones desde una óptica global y eficaz, los responsables regionales de la formación han mantenido un encuentro con Luís Ferreirim, el responsable de agricultura y ganadería de Greenpeace España en el que han contemplado los cambios a realizar para “implantar un nuevo modelo producto porque el actual está destruyendo el planeta con consecuencias ya visibles en esta región”.

En este sentido, el coordinador regional de Izquierda Unida ha asegurado que desde el trabajo parlamentario, las vías del derecho de petición, las campañas de concienciación y la labor desarrollada por la formación en torno, por ejemplo, a la moratoria en la tramitación de nuevos proyectos de macrogranjas en Castilla-La Mancha o en la calificación del agua como derecho humano en el Pacto Regional del Agua “estamos insistiendo en las medidas a tomar pensando en una transición justa y progresiva en el tiempo”.

No en vano, tal y como reafirma el estudio publicado por Greenpeace -‘Amenaza invisible: la contaminación del agua por nitratos’- que ha contado con la ayuda desinteresada de la Red Ciudadana de Vigilancia de la Contaminación del Agua por Nitratos a la que, en la región, están adscritas la Plataforma en Defensa de los Acuíferos de Guadalajara y la Plataforma Pueblos Vivos de Cuenca, se evidencia el caso de Barchín del Hoyo (Cuenca), que durante años ha estado abastecido y bebiendo agua que superaba los límites legales sin saberlo.

Esta y otras confirmaciones, aprecia Txema Fernández, demuestran que las causas fundamentales del estado de abandono de las masas hídricas y de su precaria situación -sobre todo las subterráneas, fundamentales en un escenario de cambio climático y escasez de agua- “son los modelos de desarrollo agrícola y ganadero instaurados en la región”. La ganadería industrial, con sus excesivos excrementos derivados de la elevada concentración de animales en macrogranjas y la agricultura industrial -con su uso masivo de fertilizantes-, son los principales responsables del «envenenamiento» del agua.

De ahí que, aseguran los responsables regionales de Izquierda Unida, “no vamos a escatimar esfuerzos para exigir a las administraciones competentes el establecimiento de medidas profundas como la ampliación de una moratoria global, no sólo relativa al porcino, que provoquen una transformación real del modelo productivo”.

Eso a pesar de que, afirma Txema Fernández, “revertir esta situación será especialmente complicado porque la gestión de los recursos hídricos en Castilla-La Mancha está en manos de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que, a su vez, es la competente en las políticas agrícolas y ganaderas que provocan esta situación”. No hay que olvidar que desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ya se advirtió que “para defender el agua como un derecho humano, y establecerlo así en el Pacto Regional por el Agua, ésta debe ser gestionada desde competencias que garanticen medidas basadas en la sostenibilidad, no en la explotación del recurso”. Por ello, se insiste en la necesidad de modificar “la endiablada relación entre unas políticas del sector primario, que no quieren ser sostenibles, y un aparato legislativo que aboga por seguir mercantilizando el derecho humano de acceso al agua”.

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