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Ante la "negativa" al nuevo modelo de residencias de mayores

IU-CLM denuncia que García-Page «busca garantizar los beneficios mercantiles de las residencias gestionadas por empresas del tercer sector»

Izquierda Unida denuncia, una vez más, que el presidente de Castilla-la Mancha ha dejado fuera a la región la puesta en marcha de un modelo de residencias de mayores que pretende que sean más humanas, más eficientes, más seguras y que ofrecen mejores garantía a los derechos de sus usuarios y usuarias.

Ante el rechazo, el único de un Gobierno socialista, de Emiliano García-Page al nuevo plan gestado desde el Gobierno central, el responsable regional del Área de Política Institucional de la formación, considera “inaudito que este Ejecutivo no quiera que sus mayores estén en las mejores condiciones posibles, sobre todo después de demostrarse que en los momentos de pandemia fuimos una región muy poco fiable en la gestión de estos centros tan sensibles”.

En realidad, esta propuesta “consensúa un modelo más humano, más racional, más eficiente, que garantiza mejor y con más profesionales los derechos de nuestros mayores”. A pesar de lo cual, afirma Txema Fernández, “Castilla-La Mancha decide alinearse con la Galicia (Comunidad del líder del Partido Popular), Madrid (donde gobierna un PP con los perores datos sociales de España), Castilla y León (única región que el PP gobierna con la extrema derecha de Vox) o Andalucía.

Decisión que denota que “en esta región optan por un modelo donde se garantizan los beneficios mercantiles de las residencias gestionadas por empresas del tercer sector, legalizado por ley desde febrero de 2020, y que mantiene el mismo modelo que nos ha traído a ser la sexta Comunidad que peor ha gestionado la pandemia en las residencias”. De hecho, según los datos de la Junta de Comunidades, del total de las 528 residencias ubicadas en la región, 279 están en manos privadas y 249 son públicas.

En este ámbito de actuación, sentencia, “la financiación debería ser un tema secundario en una región con 12.000 millones de presupuesto, siendo una parte muy importante los tributos cedidos desde el Estado, y teniendo en cuenta que otros servicios sociales se financian de la misma manera ejerciendo una mayor responsabilidad otras administraciones más pequeñas”.

Así, por ejemplo, “la ayuda a domicilio se presta en los municipios de la región por los ayuntamientos, que sólo reciben de la comunidad autónoma el 50% del coste del mismo, pero los ayuntamientos se comprometen a hacer política para sus vecinos en vez de ser la oposición más fiera al Gobierno de su país, aunque sea de su mismo partido”.

Porque esta región, afirma Txema Fernández, ya tenía una de las tasas más altas de incidencia de COVID en el inicio de la pandemia. Según el ‘Informe del Grupo de Trabajo Covid 19 y Residencias’, Castilla-La Mancha “presentaba ya una de las tasas más altas de incidencia con 147 casos/100.000 habitantes el mismo 14 de marzo de 2020”.

Pero los resultados no mejoraron en ese periodo porque según el informe de Imserso sobre la Situación de la incidencia de Covid-19 en centros residenciales por Comunidades Autónomas, “Castilla-La Mancha es la sexta con peores datos acumulados de Covid del país”.

De hecho, denuncia Txema Fernández que “hemos tenido, hasta el 19 de junio de 2022, un total de 17.522 residentes confirmados con el virus, siendo la sexta comunidad con peores datos de fallecidos residentes confirmados por Covid, con un total de 1.990 personas”. Lo que demuestra que “el modelo de residencias implantado hasta la fecha no supo dar respuesta a un momento tan complicado, y es necesario ponerlo en revisión”.

“El nuevo modelo revisa el actual y lo dota de un mínimo de recursos humanos, materiales y dotacionales”, añade

El modelo que propone el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 plantea un nuevo modelo que revisa profundamente el actual, establece los estándares que deben cumplir las residencias acreditadas y asegura, “un mínimo de recursos humanos, materiales y de equipamientos y de calidad, que deberán ser evaluados periódicamente, para lo que las comunidades deberán contar con un servicio de inspección por cada 30 centros residenciales”.

Por ejemplo, fija unidades de convivencia de un máximo de 15 personas en las infraestructuras ya construidas, los centros de más de 30 plazas deberán contar con profesional para coordinar la atención sociosanitaria, establece un mínimo de 80% de contratos indefinidos y un 66% de contratos a tiempo completo.

Así, destaca el responsable de Política Institucional de Izquierda Unida, “los nuevos centros no podrán tener más de 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas, de 90 en zonas de densidad intermedia y de 120 plazas en las ciudades”.

De la misma forma, los citados dispondrán de, al menos, el 65% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual y los ya construido de un 10% de plazas públicas individuales en zonas rurales y del 25% en ciudades, se irá incrementando el ratio de personal que atiende a los usuarios hasta llagar desde el 0,35 de personal cuidador o cuidadora cualificado el 1 de enero de 2023, hasta 0,43. En el caso de que sean residencias con personas con discapacidad, las cifras serán mayores: 0,45; 0,48 y 0,55

Además, obliga a los centros a ubicarse en suelo urbano, garantizando “el acceso y la proximidad” de los usuarios a “espacios de actividad social y comunitaria” o si se trata de centros que ya están a día de hoy construidos sin cumplir este requisito, “se deberá garantizar la comunicación mediante transporte público o medios de transporte propios” para facilitar el acceso a los servicios.

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