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Así lo ha indicado su vicecoordinadora regional

IU-CLM apuesta por crear una banca pública porque «el dinero público sigue solucionando los problemas de la banca privada»

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha lleva tiempo alertando de que el riesgo de exclusión financiera de la España vaciada, y por lo tanto también de la región, se ha disparado por la desaparición de cajeros y oficinas bancarias, razón por la que reclama que “las soluciones no se centren en las ofertadas por las entidades porque sólo atienden a los criterios de rentabilidad económica que garantizan su negocio”.

Ante el acuerdo suscrito entre el Gobierno regional y el presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo para instalar un centenar de cajeros automáticos en municipios que carecen de sucursales y que se encuentran en zonas afectadas por la despoblación, el coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo, enfrenta esta iniciativa con el cierre, por parte de Unicaja Banco-Liberbank de 38 oficinas en Castilla-La Mancha, 13 en la provincia de Toledo, 12 en la de Cuenca, 7 en Ciudad Real, 6 en Albacete y 2 en Guadalajara. Eso a pesar de que “los beneficios de la banca privada crecen, en 2021 el quinteto formado por Santander, BBVA, Caja Madrid, La Caixa y Banco Popular registraron un beneficio de 21.795 millones, un 45% más que antes de la Covid”.

Esta realidad hace que desde Izquierda Unida se pregunten “por qué seguir esperando que nos solucione los problemas la banca privada si lo estamos pagando como si fuera banca pública”. Por ello, apunta Crespo, “tenemos que apostar por el desarrollo del mundo rural sostenible y por el mantenimiento de estas infraestructuras necesarias para, por ejemplo, poder disponer del ingreso de la nómina o de la pensión de los habitantes de esos municipios”.

Con estos resultados, y puesto que el coste de la instalación y mantenimiento de los cajeros automáticos ascenderá a 3,5 millones de euros, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha considera que “no es asumible que las Administraciones vuelvan a hacerse cargo del rescate bancario, ya se salvó al sector con 60.000 millones, y que Gobiernos socialistas como el de García-Page apuesten por mantener el beneficio de una única empresa financiera”. Como es habitual, el convenio se firmará “con una única empresa adjudicataria de servicios financieros, sólo una, y probablemente con la más barata”.

Isabel Álvarez recuerda que ya desde el Ministerio de Consumo se solicitó a los bancos sus planes de reestructuración para proteger a los usuarios vulnerables, “y ante este reto es el momento de apostar de forma definitiva por la creación de una banca pública que atienda el desarrollo rural sin la perspectiva de la ganancia empresarial, que es la que marca la actividad financiera, y con el único fin de garantizar derechos y servicios que apuntalen la población en los territorios despoblados de Castilla-La Mancha”.

El propio Banco de España en su informe ‘Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España’ del 2021, reconoce que el proceso de fusiones en la banca -en la región primero con CMM, después Liberbank y ahora Unicaja- ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable en las zonas rurales del país y que se ha traducido en un cierre masivo de sucursales y cajeros, a lo que hay que añadir el despido masivo del personal y una degradación deshumanizada del trato a unos sectores de población que tienen una brecha digital cada vez más grande.

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