La diputada regional del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Gema Guerrero, ha alertado hoy de “la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez, haciendo todas las reformas legales que piden los independentistas, para así mantenerse en el poder”, algo que ha calificado de “peligroso y preocupante”. “Todo ello con el voto favorable de los diputados nacionales del PSOE de Castilla-La mancha, que dirige Emiliano García-Page”, ha recordado.
En el Pleno de las Cortes regionales, Guerrero ha denunciado que, con el beneplácito de Page, “Sánchez se está saltando todos los principios democráticos y se ha saltado la Constitución. Pretendía reformar leyes orgánicas como son la Ley Orgánica del Poder judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a través de un trámite parlamentario, por la vía de urgencia, saltándose todos los informes preceptivos”.
La diputada popular ha insistido en que “todo esto se está haciendo con la complicidad de Page, por mucho que trate de desmarcarse ante los medios de comunicación, porque donde debe desmarcarse es votando sus diputados en contra”, algo que no hicieron tampoco a la hora de eliminar el delito de sedición o de rebajar el delito de malversación, lo que supone “abaratar la corrupción”
“Ahora, gracias a la admisión a trámite y estimación del recurso de amparo del PP, este despropósito, de persistir en él, lo debería hacerlo por el trámite parlamentario ordinario, y no por la vía de urgencia, como pretendía”, ha valorado la diputada regional, quien ha advertido que Sánchez “pretende cambiar las mayorías de la elección de jueces del TC para así colonizar la institución, lo que supone un ataque sin precedentes al Poder Judicial”.
Para Guerrero, “este Gobierno Frankenstein está poniendo en riego el Estado de derecho, la separación de poderes y pretende hacer un código penal a la carta, según le vayan demandando sus socios, y así permanecer en el poder”. “Pedro Sánchez quiere controlarlo todo, también la Justicia”, decidiendo “de forma unilateral renovar el TC, con nombres como el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y con la ex alto cargo de Moncloa, Laura Diaz, como magistrada del Tribunal de Garantías”.
“Para el socialista Pedro Sánchez, la condición ser ‘jurista de reconocido prestigio’, se traduce en haber servido al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Una vergüenza para todo el país y un desprestigio para todos los juristas, donde jueces y fiscales ven como Sánchez nombra a sus jefes y a los magistrados de los Tribunales, únicamente para que velen por sus intereses, los de Sánchez y su gobierno”, ha asegurado.
Propuesta transaccional del PP
Por último, Guerrero ha anunciado que, puesto que la PNL de Ciudadanos ha quedado obsoleta y es insuficiente, el que el PP ha presentado una propuesta transaccional para incluir que las Cortes de Castilla-La Mancha, “muestran su respeto y comparten la adopción de la medida de suspensión cautelar de las iniciativas parlamentarias presentadas ante el Congreso de los Diputados, relativas a la modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, acordada por éste”.
Además de manifestar “su apoyo decidido e incondicional a los componentes del TC, de modo muy especial, en estos momentos en los que se atenta claramente contra la independencia judicial desde el Gobierno de España y los partidos que lo sustentan, y desde sectores independentistas”, deplorando además “las declaraciones recientemente efectuadas por altos cargos del PSOE y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de trabajo del Consejo Europeo en Bruselas, en la que manifestó que ‘la derecha política y judicial han querido atropellar la Democracia’”.
“Asimismo, manifiestan su oposición a la tramitación de una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados que tiene como único fin volver a plantear las mismas medidas de reforma rechazadas por el Tribunal Constitucional recientemente y cuyo principal objetivo continúa siendo el de controlar las mayorías del Consejo General del Poder Judicial –y, en consecuencia, del Tribunal Constitucional- con fines políticos”, concluye el texto propuesto por el PP.
