El PSOE de Puertollano valora "positivamente" la suspensión del canon de aguas promovida por García-Page

Castilla-La Mancha se convierte en la primera comunidad autónoma que anuncia la exención del canon de aguas y expresa su intención de iniciar una vía de diálogo con el Gobierno de España y con la Unión Europea, buscando que próximamente se abra en la totalidad de la misma un escenario de debate vinculado a la obligatoriedad en la aplicación de dicho canon. Es más, el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page no descarta la posibilidad de “anularlo con carácter indefinido” en un futuro.


Un asunto al que se ha hecho referencia durante el pleno ordinario del mes de marzo del Ayuntamiento de Puertollano. Concretamente, como contestación por parte del grupo municipal socialista a una cuestión realizada por el Partido Íber en la que se preguntaba por la tenencia de las competencias relativas a la canalización del agua bruta hasta llegar a Puertollano, y sobre los acuerdos que, según Íber, deberían alcanzarse con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que la realización de dicha canalización no repercutiese en la factura de la ciudadanía en caso de que la misma no llegase a Puertollano.


Por su parte, el grupo municipal socialista ha recordado que “la Unión Europea obliga a todas las autonomías a implementar este tipo de tasas, procediendo éstas a su regulación”, indicando que “el Presidente García Page, anunciaba la suspensión de dicho canon de agua para favorecer a la ciudadanía ante la coyuntura de crisis que se está viviendo debido a los efectos derivados de la emergencia en la que se encuentra el país”.


Desde las filas del Grupo Municipal Socialista de Puertollano, valoramos “muy positivamente esta iniciativa del Gobierno de la Región con Emiliano García-Page al frente teniendo siempre en cuenta la situación de la ciudadanía y favoreciendo su protección, siendo un ejemplo para el resto de comunidades autónomas donde continúa operándose dicha tasa, ya que, sin duda, los problemas de fondo y los contextos estructurales que afectan negativamente a la ciudadanía deben ser siempre prioridad para las instituciones”.

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