Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado tres resoluciones en las que dan su respaldo al “esfuerzo inversor” del Gobierno autonómico en sanidad para hacer frente a la pandemia, mientras que en materia de autónomos apoyan la Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2022-2025 y piden una cotización ajustada a los ingresos reales. Son dos de las tres resoluciones socialistas que han salido adelante tras los debates generales celebrados este jueves en el Pleno presidido por Pablo Bellido, con otra más sobre medidas para paliar el aumento de los costes agrícolas.
El Pleno ha comenzado con un debate general a propuesta del Grupo Popular sobre “la oportunidad de llevar a cabo un proceso de auditoría independiente sobre la gestión del Gobierno regional en relación con la pandemia de la Covid-19” en el que ha salido finalmente adelante una resolución socialista con la que la Cámara expresa su apoyo a “la inversión, a través de la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, para dar respuesta a la alerta sanitaria con el incremento de profesionales, adquisición y distribución de material y equipamiento”.
El texto respaldado con los votos a favor del grupo mayoritario reconoce tanto “el esfuerzo presupuestario” del Ejecutivo como el que están llevando a cabo las plantillas de profesionales sanitarios en la región, y apoya el proceso de evaluación independiente del Sistema Nacional de Salud, acordado en el Consejo Interterritorial, para hacer balance de las medidas adoptadas. Además, consideran positivo el desarrollo de instrumentos de transparencia y buen gobierno y “se congratulan” de la puesta en marcha de la Cámara de Cuentas.
Sector de Autónomos
En el tercer debate a propuesta de Cs sobre “la situación de los autónomos y los profesionales liberales de Castilla-La Mancha” ha intervenido desde su escaño la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y en ronda de votaciones ha salido adelante una resolución socialista que respalda la Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2022-2025, dotada con 75 millones de euros y que “pretende llegar a 100.000 personas trabajadoras autónomas, fruto del diálogo social”.
La resolución también pide “establecer un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comporte mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación y que evite que los y las autónomos que menos ingresan paguen una cuota excesiva y que contribuya a reforzar la solidaridad entre autónomos”.
Además, el Grupo Socialista reconoce en el texto aprobado el papel del diálogo social como fórmula más apropiada para alcanzar acuerdos y subraya “el fortalecimiento de la inversión pública” en la región como motor económico y para “amortiguar” los efectos adversos de la crisis de la pandemia y la guerra de Ucrania, “en contraste con lo sucedido en crisis anteriores”.
Debate sobre agricultura
En el debate sobre los costes en el sector de la Agricultura propuesto por el Grupo Popular y que ha contado con intervención de cierre del consejero competente en la materia, Francisco Martínez Arroyo, ha salido adelante una resolución socialista que apuesta por medidas para garantizar la comercialización de productos de la región “con el máximo valor añadido y el mínimo número de intermediarios”, así como incrementar la dotación presupuestaria desde las arcas estatales “para facilitar la contratación de seguros agrarios, como herramienta clave en casos de pérdida de producción o de las adversidades climáticas”.
Además, la resolución pide a las administraciones “continuidad” en el trabajo que realiza el Observatorio de la Cadena Alimentaria “actualizando los estudios de márgenes de los productos y favoreciendo la transparencia y eficiencia del proceso de comercialización”. Además, exige la aplicación de la normativa comunitaria en materia de importaciones, reconoce el trabajo de la Consejería en sus acciones para modernizar explotaciones e infraestructuras o para fortalecer la imagen de los productos agroalimentarios de la región.
Respecto al debate general presentado por Ciudadanos en el segundo punto relativo “a la conceptualización y reforma del término nacionalidades del artículo 2 de la Constitución”, no ha salido adelante ninguna resolución, ya que el PSOE no ha presentado ninguna y los dos partidos de la oposición no han logrado sacar adelante las suyas en la ronda de votaciones.
Por último, en el bloque de control al Gobierno, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García-Torijano, ha respondido a tres preguntas del Grupo Popular sobre “dificultades económicas” en centros educativos, dependencia en 2021 y mejora integral del firme en la carretera CM-2017 entre Villalba del Rey y Gascueña.
