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A través de la Ley de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias

El Gobierno autonómico aprueba un paquete de deducciones fiscales que favorecerá al 87% los contribuyentes de la región

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de esta semana el proyecto de Ley de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias de Castilla-La Mancha de 2023, una norma que incluye el paquete de deducciones fiscales en el IRPF anunciado por el presidente Emiliano García-Page en el último Debate del Estado de la Región y que beneficiará al 87 por ciento de los contribuyentes.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha comparecido en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con este departamento, ha explicado que este proyecto -lo que se conoce como Ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos de 2023-persigue “reforzar el carácter progresivo y solidario del sistema tributario de Castilla-La Mancha”, así como “dinamizar la economía e incrementar la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios públicos”.

Ruiz Molina ha señalado que entre las medidas de carácter tributario se incluyen las deducciones fiscales en el IRPF, que suponen un coste estimado de 85 millones de euros y que tienen “dos objetivos fundamentales: por un lado, favorecer a las familias y proteger a las rentas más bajas frente a los efectos de la inflación; y, por otro, fomentar la inversión empresarial”.

Unas deducciones que se suman a las aprobadas el año pasado en la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha y en la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha para 2022, que afectaban al IRPF y al resto de impuestos sobre los que la Comunidad Autónoma tiene competencia normativa, principalmente el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

De esta forma, y como ha recordado el consejero, “no solo cumplimos el compromiso que el presidente García-Page adquirió en 2015 con los agentes sociales de mantener congelada la presión fiscal en Castilla-La Mancha, sino que, además, la reducimos”, lo que permite que Castilla-La Mancha siga siendo “una de las comunidades autónomas con la presión fiscal más baja”.

Seis deducciones fiscales

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha detallado que, de las seis deducciones fiscales, cuatro afectan a las familias. En primer lugar, ha hecho alusión a una nueva deducción “de carácter extraordinario” por la adquisición de bienes y servicios que integran la cesta de la compra a la que se refiere el INE. Esta deducción será de 200 euros para bases imponibles inferiores a 12.500 euros y se incrementará en 50 euros por cada hijo descendiente de la unidad familiar; de 150 euros para bases imponibles inferiores a 21.000 euros, con un aumento de 37,5 euros por cada hijo o descendiente; y de 100 euros para bases imponibles inferiores a 30.000 euros, incrementándose en 25 euros por cada hijo o descendiente.

Además, se duplica la deducción por gastos de guardería del 15 al 30 por ciento, aumentando los límites de 250 a 500 euros. Asimismo, se incrementa la deducción ya existente para la adquisición de libros de texto y enseñanzas de idiomas, ampliándose a todos los niveles educativos, y se incorporan nuevos conceptos relacionados con los gastos en educación. De este modo, se incluyen los gastos por clases de refuerzo o apoyo de las enseñanzas, fuera de los centros educativos; los de acceso a las nuevas tecnologías (cuota de alta en Internet) y los gastos de estudios y residencia fuera del municipio de residencia de la unidad familiar.

Igualmente, se establece una nueva deducción en la cuota íntegra del IRPF a menores de 40 años para compensar el incremento del tipo de interés en préstamos hipotecarios a tipos de interés variable, relacionados con la adquisición de la primera vivienda habitual. En este caso, la deducción oscila entre los 100 y 150 euros, en función de que las bases imponibles sean inferiores a 27.000 o 12.500 euros.

El proyecto de Ley también recoge otras dos medidas relacionadas con la actividad económica. Ruiz Molina ha indicado que se trata de una deducción de un 20 por ciento, con un límite de 4.000 euros, bien por la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital; o bien, por inversión en entidades de economía social.

Medidas administrativas y financieras

El consejero se ha referido, asimismo, a las medidas financieras recogidas en esta norma y ha dicho que se modifican diversos preceptos del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, al tiempo que se ha detenido en aquellos preceptos que tienen como objetivo “agilizar y simplificar los procedimientos de ejecución presupuestaria, a fin de mejorar la gestión administrativa de los recursos públicos”.

En este punto, ha matizado que unos 200.000 documentos contables serán sustituidos por apuntes contables electrónicos. “Una medida que supondrá un ahorro de medios y recursos, tanto personales como materiales, una menor burocracia y un impulso a la tramitación electrónica en el ámbito de la Administración regional”, ha apuntado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas.

En cuanto a las medidas administrativas, ha hecho hincapié en que se modifica la Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de violencia de género para aumentar el número de mujeres beneficiarias de las ayudas directas a las víctimas de violencia de género, eliminando el requisito de que deban ser calificadas de graves las lesiones, secuelas o daños físicos o psicológicos sufridos.

Finalmente, Ruiz Molina ha afirmado que se amplía el número de municipios que pueden beneficiarse de las medidas establecidas en la Ley de Lucha contra la Despoblación, que se modifica para permitir que puedan acogerse a las medidas recogidas en esta norma “pionera” los municipios de las zonas rurales con predominio de la actividad agrícola y con población inferior a 2.000 habitantes que hayan perdido población durante los últimos cinco años.

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