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La Sectorial de Investigación se ha reunido en Palma bajo la presidencia del rector de la UCLM, Julián Garde

El G-9 manifiesta su preocupación por el impacto de las modificaciones legislativas en la contratación de personal de investigación

La Comisión Sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades (G-9), presidida por el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, se ha reunido los días 6 y 7 de octubre de 2022 en la Universitat de les Illes Balears, para tratar asuntos de interés común, en lo que ha supuesto el primer encuentro presencial de todos los grupos de trabajo de la sectorial desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.

Reunidas más de cien personas de las nueve universidades públicas, la Comisión sectorial ha desarrollado su trabajo en sesiones paralelas de los grupos de trabajo de vicerrectores y vicerrectoras, unidades de Gestión de la Investigación oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación, Genueve Ediciones; Cultura Científica, Bibliotecas, Proyectos Europeos y Escuelas de Doctorado, acordando las conclusiones que se recogen en sus respectivos informes. Como resultado de las sesiones de trabajo, los miembros de la sectorial han manifestado su preocupación por los continuos cambios normativos y desacompasados que impactan negativamente en la gestión universitaria y, en concreto, en materia de contratación laboral en el ámbito de la investigación.

La reunión ha contado con la asistencia del rector de la Universidad de las Illes Balears, Jaume Carot, quien ha destacado la importancia del G-9 en la política universitaria española. Por otra parte, se ha celebrado una mesa redonda conmemorativa del 25º aniversario del Grupo G-9 en la que se han analizado los principales avances experimentados desde la constitución del grupo y los retos principales pendientes en la investigación, innovación y transferencia en las universidades españolas.
 
Impacto en la contratación de personal investigador

La Sectorial de Investigación ha manifestado su preocupación por el impacto de las recientes modificaciones legislativas en la contratación de personal investigador, ya que la habitual vinculación de la contratación de éste a la temporalidad y periodicidad de proyectos de ámbito europeo, estatal y autonómico podría significar despidos colectivos y una mayor complejidad en la gestión del personal investigador contratado con cargo a estos fondos. Por este motivo, las universidades del G-9 reclaman una definición más clara de las herramientas de captación y retención del personal investigador que eviten la inseguridad jurídica derivada de la falta de concreción legislativa. 

Por otra parte, la Sectorial hace una evaluación positiva de los recientes reconocimientos laborales en las etapas tempranas de la carrera investigadora. Sin embargo, alerta de los efectos que está teniendo sobre la autonomía universitaria la sucesión de convocatorias infradotadas que obligan a las universidades a destinar fondos propios para su correcta ejecución, menoscabando su autonomía para desplegar políticas científicas, de investigación e innovación propias. Por ello, solicita a los organismos financiadores la compensación de los costes no planificados que las universidades están asumiendo, así como que las convocatorias futuras contemplen la dotación presupuestaria necesaria para hacer frente a las indemnizaciones asociadas a la finalización del contrato.

Por último, respecto a la modificación de la Ley de la Ciencia, las universidades del G-9 consideran que se ha perdido la oportunidad de crear un marco de actuación que facilite la atracción de financiación externa para investigación colaborativa con el entorno económico empresarial y para la transferencia. En esta línea, el grupo confía en que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) establezca los mecanismos necesarios para revertir esta situación y ofrecer las herramientas necesarias para realizar una eficaz transferencia del conocimiento generado en nuestras universidades.

Grupo 9 de Universidades

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación conformada por las universidades públicas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza. 

La finalidad de la asociación es potenciar las relaciones entre las instituciones universitarias pertenecientes al grupo, a fin de promover, entre otras, la colaboración en actividades docentes e investigadoras de su comunidad universitaria. Las universidades del G-9 cuentan con 170 000 estudiantes, 19 340 miembros del personal Docente e Investigador y 8160 miembros del personal de Administración y Servicios.

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