Opinión

Artículo de Opinión de Jesús Antonio Rodríguez Morilla

España, de nuevo al dique seco de la Unión Europea

Ante el TJUE, por contaminación de nitratos y expediente sancionador por incumplimientos en la contratacion pública

Jesús Antonio Rodríguez Morilla

06/12/2021

(Última actualización: 06/12/2021 10:36)

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Nuestro país se ha venido caracterizando por ser cliente habitual de expedientes sancionadores por incumplimientos de normas europeas, e igualmente en comparecencias ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en temas de aguas y residuos.

Es más, durante muchos años ha compartido el dudoso honor de ser el estado miembro de la UE más sancionado en temas medioambientales, aunque desde hace algún tiempo afloran fondos para estos menesteres y se afrontan con mayor perseverancia.

En esta ocasión se tachan nuestros esfuerzos en la protección de la calidad de las aguas de insatisfactorios e insuficientes, razones de la denuncia ante dicho Tribunal.

En el primer supuesto (agua), España acusa excesiva eutrofización (contaminación de las aguas por excesos de nutrientes -nitrógeno y fósforo-).

El asunto, aparentemente, viene algo de lejos, pues la UE, dentro de su sistema de advertencias previas, notificó a España en noviembre 2018 y, posteriormente, en junio 2020, sus incumplimientos e insuficiencias en la aplicación de directivas, principalmente en zonas vulnerables a los nitratos tales como Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Baleares, Madrid.

Por otro lado, según la UE, no se han incluido todos los elementos obligatorios y necesarios en los programas de acción en Aragón y Castilla-La Mancha, además de algunas anteriores, faltando la adopción de medidas adicionales, independientemente de los dos grupos anteriores en Murcia.

En segundo lugar, según Europa Press y otros medios, Bruselas anunció el pasado jueves la apertura de un expediente sancionador contra España, motivado por las deficiencias observadas en lo que se refiere a la modificación de contratos y al cálculo de valor estimado de los contratos en casos específicos.

Es decir, emergen dudas en la Comisión ante el supuesto de que las leyes españolas no se hayan adaptado adecuadamente al derecho europeo, a tenor de lo especificado en las dos directivas pertinentes.

Según fuentes cercanas al Ejecutivo, parecerían observarse imperfecciones de conceptos en las modificaciones de los contratos en lo concerniente al valor estimado inicialmente y al cálculo final del mismo.

El autor ya calificaba en el capítulo VIII de su obra, 'El modificado del contrato de obra pública', este supuesto, aduciendo que dichos modificados conllevan un problema económico importante, al suponer un sobrecoste en ocasiones muy relevante que nos introduce en una espiral preocupante de incremento del gasto de dinero público.

Tras lecturas de informes de control y auditorías se puede concluir que dos son las principales deficiencias de gestión resultantes de la ejecución de los contratos: el incremento de los costes, como diferencias entre el presupuesto de licitación y adjudicación respecto de la contraprestación final satisfecha, y el incumplimiento de los plazos de ejecución.

Ya conocemos que la normativa autoriza que se hagan modificaciones en determinadas circunstancias, ahora bien, invocar dicha normativa no se puede convertir en un acto de fe, ya que hay que garantizar una correlación plena mediante los controles pertinentes y si no se superan, deben tener consecuencias jurídicas.

Y también conocemos que casi nunca la sangre nunca llega al río en Bruselas. Debe ser porque no lo tienen…

Jesús Antonio Rodríguez Morilla

Doctor en Derecho (Cum Laude)

Diplomado en Estudios Avanzados de la UE

Caballero de Mérito por Real Orden Noruega