Región

En una asamblea informativa

CCOO-Toledo reúne a los trabajadores afectados por el fraude del Plan de Empleo 2018-2019 del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden

“Empiezan a producirse las primeras sentencias, todas favorables, y también lo será resolución de la demanda agrupada de más de 60 trabajadores, cuyo juicio se aplazó hasta octubre”

“Queríamos informarles de las novedades y trasladarles a todos confianza y tranquilidad, porque tenemos la certeza de todos van a cobrar lo que es suyo”

La Comarca

16/06/2021

(Última actualización: 16/06/2021 17:37)

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CCOO-Toledo ofreció ayer una asamblea informativa a las/los trabajadoras/es de Quintanar de la Orden pendientes de las decisiones judiciales instadas por el sindicato a raíz del fraude en el Plan de Empleo Extraordinario que llevó a cabo el Ayuntamiento de la localidad entre julio de 2018 y mayo de 2019.

“Hemos acudido a informar a los trabajadores afectados, tanto a los que ya tienen sentencia en primera instancia como a los que aún están pendientes. Queríamos explicarles cómo va avanzando la situación procesal, darles cuenta de las conversaciones que estamos manteniendo con el Ayuntamiento y trasladarles confianza y tranquilidad, porque tenemos la certeza de todos van a cobrar lo que es suyo”, explica el secretario general de CCOO-Toledo, Federico Pérez.

En las últimas semanas han comenzado a emitirse las primeras sentencias judiciales sobre las demandas interpuestas por estos trabajadores contra el consistorio quintanareño. En todos los casos son favorables a los demandantes; puesto que, como ya denunció en su día CCOO y acreditó la Inspección de Trabajo, el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PP y Ciudadanos, incumplió la legalidad al no aplicarles el Convenio Colectivo del personal laboral municipal sino el SMI.

En consecuencia, las resoluciones judiciales que se están produciendo condenan al Ayuntamiento a abonar a los trabajadores demandantes las diferencias salariales dejadas de percibir -cada uno deberá cobrar entre 3.000 y 5.000 euros- y a saldar también las infracotizaciones a la Seguridad Social.

“El actual equipo municipal de Gobierno, ahora del PSOE, está recurriendo ante el TSJ-CLM las sentencias que ya se han producido; pero le vamos a pedir que desista”, explica Enrique Clavero, secretario general de CCOO-FSC de Toledo, que participó junto a Pérez en la asamblea informativa.

“Los gobernantes municipales y sus servicios jurídicos saben que los recursos no tienen viabilidad ninguna y no harán más que aplazar el pago de cuantías adeudas, lo que perjudicará a los trabajadores y también al propio Ayuntamiento, porque las deudas a las que tendrá que hacer frente se incrementarán aún más con los intereses legales que se acumulen en el tiempo”, indica Clavero.

“Estamos a la espera de la resolución de la demanda agrupada que interpusimos en nombre de más de 60 trabajadores, que es la única que queda pendiente. Este juicio iba a celebrarse el pasado mes de mayo, pero se pospuso hasta octubre. Una vez se produzca la sentencia, que sin duda será también será favorable a los demandantes, insistiremos al Ayuntamiento para que renuncie a prolongar los procesos judiciales y salde cuanto antes las deudas.”

En total, el fraude laboral en que incurrió en 2018/19 el Gobierno municipal de PP y Ciudadanos obligará a la actual Corporación a hacer frente al pago de unos 350.000 euros en atrasos salariales, más deudas con la seguridad Social, más la multa impuesta por la Inspección de Trabajo.

A todo esto, se sumarán las consecuencias del fraude que cometió también el anterior gobierno PP-Ciudadanos cubrir las vacaciones de personal municipal del año 2019 utilizando a 27 ‘becarios’ para ahorrarse cotizaciones y salarios.

La Inspección de Trabajo ya constató a instancias de CCOO que “la práctica formativa encubría en realidad una relación laboral ejecutada en fraude de ley” y condenó al Ayuntamiento a abonar a la Seguridad Social las cotizaciones correspondientes a la situación real de estos falsos becarios, muchos de los cuales tienen pendiente de sentencia las demandas mediante las que reclamaron las diferencias salariales dejadas de percibir, que en todos los casos superarán los mil euros.