Región

Lo que contraviene el escenario fijado en el Real Decreto para hacer frente a la expansión del coronavirus

CSIF alerta de una "desescalada encubierta" en la Administración de Justicia

El sindicato reclama al Ministerio y a la Gerencia Territorial en Castilla-La Mancha la realización de test a todos los trabajadores y que se garantice la salud de todos los empleados

La Comarca

15/04/2020

(Última actualización: 16/04/2020 12:48)

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia en una nota de prensa que se está produciendo una desescalada del confinamiento encubierta en la Administración de Justicia, lo que contraviene el escenario fijado en el RD 487/2020 para hacer frente a la expansión del coronavirus.

A la vista del contenido de la resolución publicada ayer sobre dotaciones de personal en Justicia y que ha entrado en vigor este 15 de abril, el sector de Justicia de CSIF Castilla-La Mancha subraya que la reincorporación a los puestos de trabajo en las diferentes oficinas judiciales de todo el territorio nacional sin realización de test para detectar una posible infección por COVID-19 puede provocar más contagios debido a la población asintomática.

A nivel nacional ante el Ministerio de Justicia, y a nivel autonómico ante la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, se reclama que mientras no se pueda garantizar la salud de los trabajadores se elimine la resolución ministerial, así como de los acuerdos de la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 11 y 13 de abril, y se regrese al estado previo de confinamiento.

No en vano, esta resolución pretende la incorporación sin realizar pruebas diagnósticas de coronavirus, además de que no se asegura un suministro estable de dichos equipos de protección ni en cantidad suficiente. Es por ello que se ha solicitado a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha que se adopten las medidas oportunas para salvaguardar la salud de los trabajadores y se reclama al Ministerio de Justicia transparencia en relación con los planes de choque, agilización o actuación que está negociando con el CGPJ y los Consejos Generales de Abogados y Procuradores.