Cultura

Lecturas para quedarse en casa en inusitados tiempos de crisis sanitaria

Molinos de harina en la comarca de Puertollano (II)

Segunda parte de un amplísimo estudio escrito por Miguel Fernando Gómez Vozmediano y publicado en el número 1 de la Revista Campo de Calatrava del año 1.999

Miguel Fernando Gómez Vozmediano

04/04/2020

(Última actualización: 06/04/2020 15:54)

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(Enlace a la primera parte del estudio ya publicada)

4.2.1. Hacia la saturación de la red fluvial lugareña: dinámica de licencias y ritmo de construcciones

Durante los agitados comienzos del reinado de Carlos I se consolidó el desarrollo institucional del Consejo de Órdenes. Dicha institución se encargaría del gobierno político, administrativo y judicial de los maestrazgos militares, cuya titularidad hacía poco tiempo que había recaído a perpetuidad en la Monarquía española por especial concesión pontificia. Así pues, a partir de entonces, la tramitación de mercedes y concesiones regias fueron diligenciados en este poderoso órgano de la administración central de los Austrias.

El procedimiento normal era el siguiente. Un particular, laico o eclesiástico, tomaba la iniciativa de levantar un molino fluvial, para lo cual hallaba un paraje adecuado a sus intereses. Mediante memorial manifestaba a las autoridades que no dañaba a terceros y recordaba los beneficios que podía reportar, tanto al vecindario como a la propia Mesa Maestral que centralizaba la fiscalización de las rentas calatravas. Eventualmente, el peticionario recuerda a la Corte los servicios prestados a la Monarquía o a la colectividad, no tan solo por él mismo sino por toda su familia y linaje, pudiéndose remontar a tiempos remotos.

En persona o, casi siempre, a través de un apoderado cualificado o Solicitador de Corte, presentaba al Consejo de Órdenes una instancia en tal sentido, debidamente formalizada por escrito. La documentación presentada pasaba a manos de un Relator, quien redactaba una relación sumaria para su despacho en la sala. Los consejeros de Órdenes, de forma colegiada, daban su parecer (acuerdo). Con su visto bueno, se elevaba tal representación o memorial al Rey. Al dorso de la petición se recoge la resolución, rúbrica del escribano y la palabra "fecha".

Mediante Real Provisión, ordenaba a un dependiente consiliar de confianza más cercano (casi siempre al alcalde mayor o juez de residencia de la Rinconada de Almodóvar, a veces al párroco del lugar, en contadas ocasiones el Visitador General estante en la villa o de forma excepcional un delegado especial enviado a tal efecto), y siempre a costa del interesado, para que informase in situ sobre la solicitud mediante pesquisa. Este intermediario hacía pregonar la solicitud cursada, siendo publicada mediante bando por plazas y esquinas, primero en la villa sede la encomienda y luego en los pueblos circunvecinos. El objetivo era que quienes se considerasen afectados argumentasen la desestimación de la petición. Formalizado el pregón, el comisionado consiliar debía recabar testimonios del vecindario al respecto, visitando personalmente el paraje propuesto. Se pone particular interés en que los molinos ya instalados no sean perjudicados en forma alguna, ni mucho menos que se menoscabase el bien común.

El informe era remitido a la Corte para ser revisado por los consejeros de Órdenes el día y hora señalado a tal efecto. En caso de ser desestimada la propuesta diligenciada por los cauces ordinarios, se podía apelar al mismísimo Rey.

Lo más n'rmal era que, ponderados los pros y los contras, los consejeros emitieran su parecer en nombre del soberano. Se expedía una Real Provisión que recogía de forma explícita los términos de la propuesta y su aceptación formal en favor del solicitante, otorgando por lo general el plazo de un año para edificar el molino. Este documento matriz, firmado por los consejeros y con la rúbrica del escribano al dorso, era copiado con buena letra en el Registro del Sello de la Orden, que estaba en poder bien del Escribano consiliar bien en las oficinas del Secretario de la Orden.

El original, sellado por el Chanciller de la Calatrava, se hacía llegar al afortunado. Tras pagar todos los derechos correspondientes, era acreditado como legítimo titular de la merced requerida, con la calidad de perpetua, hereditaria y enajenable (pudiendo ser trocada, vendida, comprada, cedida en medianería, vinculada a una capellanía o mayorazgo, e incluso entregada en concepto de limosna) a su plena voluntad y deseo de sus sucesores.

En caso de rechazarse la propuesta, se comunicaba al interesado de forma discreta, personalmente o a través de sus familiares y deudos más cercanos, siéndole notificada por la justicia local. Puede darse el caso que el silencio administrativo se interprete como negativa implícita y también que los consejeros demoren un dictamen presumiblemente negativo para no enemistarse con algún licitante poderoso y su influyente parentela, o bien que se quiera agotar la paciencia del pretendiente hasta hacerle desistir de su ambicioso proyecto.

En el mejor de los casos, había tenido que esperar unos meses, que podían convertirse incluso en años, y desembolsar una buena suma de dinero para principiar con buen pie los trámites administrativos o agilizar la respuesta definitiva. Asimismo, debía hallar valedores a cientos de kilómetros de distancia de su lugar de origen, por no hablar de convencer a sus paisanos sobre la bondad de su propuesta, o al menos acallar las notas discordantes, debiendo de tener, en todo caso, buenas relaciones con las autoridades públicas del Partido.

Con el permiso en la faltriquera, y en el plazo previsto (entre 6 meses y 2 años), debía levantar el molino harinero, equiparlo y dotarlo de uno o varios operarios que lo pusiesen en funcionamiento cuanto antes. Viéndose cerca de su objetivo, emprendería una auténtica carrera contra reloj para aminorar costos, paliar el fuerte desembolso acometido y recuperar la inversión realizada de tiempo y dinero. Cuadrillas de albañiles y carpinteros levantaban el molino, se compraban las ruedas al molero y se encargaba la piedra tallada en las canteras comarcanas. Además, se cortaba madera en el monte de los alrededores y los acarreadores porteaban al lugar cuanto se precisaba, mientras que el propietario o las personas de su confianza asistían a los trabajos.

En el supuesto de demorarse la construcción y puesta en explotación del ingenio solicitado, el titular debía tramitar una prórroga razonable, si no quería ser desprovisto de su licencia. Un permiso que, por otra parte, debía ser definitivamente confirmado en el siguiente Capítulo General de la Orden, en el caso de despacharse poco antes de producirse una de estas grandes juntas de privilegiados.

Una tercera copia se quedaba en la Contaduría de Mayor de la Orden (vinculada al Consejo de Hacienda), donde se consignaban todas las mercedes y se controlaba la percepción de derechos. El cuarto traslado autorizado obraría en poder del comendador correspondiente, pues debía percibir el diezmo de las maquilas recaudadas en los molinos levantados de nuevo.

Todo ello nos induce a suponer que quien se arriesgaba en esta dinámica burocrática creía estar seguro de la viabilidad económico-financiera de su negocio, tenía caudal suficiente para costear los trámites, contaba con la solidaridad de sus parientes y deudos, gozaba de buenas relaciones con la oligarquía local y no tenía cuentas pendientes que saldar con la justicia o su comunidad. Es decir, sólo un miembro cualificado del estamento social privilegiado o un personaje de indudable solvencia económica y con sólidos apoyos sociales lograba hacerse un hueco en el tejido protoindustrial rural del Antiguo Régimen.

Ilustremos y reconstruyamos este complejo proceso con un caso concreto: el protagonizado por Juan López de Uclés en 1568-69. Labrador acomodado, con tierras de labor y pasto en el término de Puertollano y muy emparentado en la villa, a fines de 1567, o inicios del año siguiente, madura la idea de poseer un molino harinero cerca de la villa. Para ello, elige en el curso fluvial del Montoro un paraje adecuado (la dehesa de Las Porras, sita en la encomienda de la Clavería), asesorándose del procedimiento a seguir gracias a sus contactos con los miembros del ayuntamiento.

El 31 de marzo de 1568, el Consejo de las Órdenes, instalado en Madrid, remite una Real Provisión al gobernador de Almodóvar del Campo (el licenciado Pedro Pablo de Torres) para iniciar la información pertinente. Asimismo, notifica la propuesta a Juan Ladrón de Guevara (afincado en Aldea del Rey, mayordomo del Clavero don Juan Manrique de Lara), al Contador Mayor de la Orden (para que rebuscase en su archivo los posibles inconvenientes y registrase las rentas devengadas) e incluso al mayordomo del comendador de Mestanza (por si se conculcaran sus derechos), ya que "el ria parte terminas entre la dicha villa de Puertallana y la villa de Mestanza".

Meses después, el 27 de julio de 1569, a instancia de la Corte, el gobernador del Partido insta a un escribano público recabar la información requerida entre el vecindario. El delegado regio visita en persona el emplazamiento propuesto, descrito como un charco entre peñas y que iba a dar a la otra parte a la dehesa de las Tiñosas (Mestanza), respondiendo favorablemente tras indicar que, si se hiciese una presa, habría que proceder a su amojonamiento.

Mientras tanto, ante la Contaduría de la Orden (doblemente vinculada a los Consejos de Hacienda y Órdenes) se presentan 9 testigos que deponen a favor del pretendiente. Todos coinciden en asegurar que los vecinos de la comarca de Puertollano estaban obligados a irse para moler el cereal a Daimiel hasta que llegaba el invierno, pues durante los cinco o seis que duraba el estiaje (de mayo a septiembre) era imposible moler en la comarca.

Por su parte, Juan López de Uclés propone hacer una presa de piedra aguas arriba del embalse de los molinos de Mora, a un tiro de ballesta del antiguo molino del comendador de Mestanza. El candidato se compromete a pagar el acostumbrado censo anual de 2 reales a la Mesa Maestra, más el 10% de la molienda al comendador de Puertollano (!), percibiendo a cambio la maquila de los labradores. Desde Almodóvar se escribe a Madrid a favor de la propuesta, considerando que no redundaba en perjuicio de terceros y valorando su ubicación viable para tales labores.

El 17 de agosto de 1569, los consejeros de Órdenes, a la vista de los autos realizados, acuerdan aceptar la petición cursada. La Real Provisión de Merced se despachará el 3 de septiembre siguiente, conteniendo la cláusula de que habría de ser confirmada en el Capítulo General calatravo que se celebraría poco después.

Visto a grandes rasgos el procedimiento burocrático habitual, pasemos a analizar el ritmo de instalación de ingenios fluviales, hasta rozar el nivel de saturación de los limitados recursos hídricos del término, trazando a continuación la cadencia de su evolución y valorando su repercusiones socioeconómicas en el área.

Profundicemos en la serie de solicitudes exhumada. En primer lugar, contemplemos su cadencia, agrupándola por años próximos. La tendencia aparentemente ralentizada en la edificación de nuevos rodeznos sale de su atonía entre 1534-42, cuando la bonanza de los precios agropecuarios garantiza la existencia de ricos labradores y señores de ganados locales con el suficiente superávit en sus arcas como para diversificar sus intereses patrimoniales.

Animados por la prosperidad textil comarcana, las peticiones se incrementan en la coyuntura 1554-1558, pues a los 5 consignados entre 1556-58 hemos de añadir que en la Visita General de la Orden, efectuada en 1554-55, recoge el inicio en los trabajos sobre 6 nuevos ingenios en el Ojailén. Hemos de recordar que, hacía 1561, se alcanza el máximo poblacional de la villa: poco más de 1.900 vecinos, en torno a los 8.000 habitantes.

Tras este furor constructivo, debemos esperar a los años 1566-69. La alternancia de buenas y malas cosechas tienen como contrapunto una crisis de corta duración en la pañería rural calatrava que conduce a la pérdida de unas 600 familias en el tejido manufacturero local durante el quinquenio 1561-1566. En este contexto, las inversiones del capital acumulado en las décadas anteriores basculan hacia inmuebles agrarios (7 molinos), que a los ojos de estos labradores de paños veinticuatrenos se convertían en auténticos valores-refugio en tiempos críticos.

Enjugada, en parte, esta mala coyuntura, entre 1575-79 se disparan las solicitudes para levantar molinos harineros. La población, que había iniciado una débil tendencia depresiva, es consciente de la precariedad de un negocio textil dependiente de la demanda exterior y, por lo tanto, sujeto a contingencias que se escapaban a su control. En Puertollano se asiste a 'una vuelta a las tradicionales fuentes de riqueza, al campo. El precio del trigo se dispara en una localidad deficitaria de grano que debe acudir a la importación de cereal panificable de otras latitudes (Andalucía, La Mancha y Castilla la Vieja, sobre todo). Nos parece muy significativo este viraje económico, que las penurias de 1584-86 no harían sino hacer cada vez más nítido; por entonces, en la villa han de repartirse 50 libras diarias de pan. A fines del siglo XVI se obtiene licencia para criar yeguas de labranza con que sustituir las lentas labores de los bueyes y se rompen algunas veredas para ponerlas en cultivo.

No sólo no constatamos la pretensión de edificar nuevos molinos en la zona en las últimas décadas del siglo XVI y primeras del XVII, sino que los emplazados en parajes poco propicios son definitivamente abandonados, quedando como mudos testigos de tiempos mejores.

Los meses claves para iniciar el procedimiento burocrático son los primeros del año: marzo (10), febrero (6), enero (5), abril (4) y mayo (4); muy por detrás aparecen los meses de cosecha o vendimia, como julio (3), junio (1), agosto (1), septiembre (1) y octubre (1). A tenor de los datos recabados, cuando se ralentiza el ritmo de labores agropecuarias (noviembre y diciembre), la atonía parece transcender al ámbito de la burocracia. Es decir, las solicitudes se materializan tras un invierno bonancible en lluvias y la previsión de buenas cosechas o bien se plantean para comenzar las futuras obras durante el buen tiempo. Las oscilaciones en el emplazamiento pretendido de los futuros molinos harineros no dejan duda de los cauces más apetecidos, los caudales marginales y la extensión de la red molinera local por los confines municipales y términos cercanos. No insistiremos aquí acerca de su proximidad al casco urbano del Ojailén ni en la mayor fuerza motriz de las aguas del Valle. Ocupados los mejores sitios riberiegos y saturado el cauce del Ojailén, los licitantes se vuelven hacia los ríos y arroyuelos que bañan el Valle de Alcudia. La afluencia de pastores serranos salpican de chozos y tenadas de ovejas sus dehesas, Mestanza y sus aldeas incrementan su vecindario, y, a la sazón, las pedanías puertollanenses de Cabezarrubias e Hinojosas se nutren de los campesinos antes afincados en el casco urbano matriz. Además, quinterías como Arroyo de la Higuera cobra nueva vida. De esta manera, en el decenio 1566-1578 todas las solicitudes presentadas aluden a parajes de los ríos Montoro (13) y Tablillas (6), o bien a los arroyos de la Higuera (2), las Navas Altas (1) y un sitio denominado labor de las Zahurdas (1), necesariamente cercano a un núcleo de población de mayor o menor entidad, al albergar piaras de cerdos duante la montanera. Tres son las encomiendas que abarcan tales solicitudes: Puertollano (18 o 19), Clavería (9), y Mestanza (5).

De la sobreexplotación de red hídrica comarca da buena cuenta que algunos puertollanenses extiendan su radio de influencia a la vecina Mestanza y que almodoveños, como Rodrigo de Moscoso, quieran instalarse a orillas del Tablillas. Por su parte, los memoriales tardíos (1577 y 1579) para alzar sendos molinos en la ribera del Ojailén estarían condenados al fracaso.

Por lo que atañe a la identidad de los solicitantes, eran en su inmensa mayoría vecinos de Puertollano (20), aunque es de destacar la presencia testimonial de otros peticionarios asentados en pueblos comarcanos como Almodóvar (1), delatando el apellido de Andrés de Argamasilla la procedencia de sus antepasados.

De particular interés resulta la solicitud cursada por Gonzalo Díaz, Cocinero Mayor de la princesa doña Juana (hermana de Felipe 11, con quien compartió la Regencia de Castilla durante la ausencia del Emperador Carlos) y otro cortesano cuyo nombre desconocemos. Reclaman la merced del molino harinero edificado sin licencia por el puertollanero Andrés Martín Recuero en el río Ojailén. La Visita de 1554-55 no consigna ninguna noticia al respecto, pero en 1556 sabemos que el alguacil mayor de la Rinconada actuaba de oficio contra este individuo. El caso fue llevado ante el Consejo de Órdenes, que acompañaba a la Corte itinerante de los primeros Austrias, hallándose por esas fechas en Valladolid. Unos cortesanos cercanos a las fuentes del poder, seguramente utilizaron "información privilegiada" en los círculos de la administración central para sacar partido de su proximidad a la real persona de la infanta doña Juana para promover su causa. Sin embargo, por motivos que se nos escapan, su pretensión no prosperó. Este caso no será el único.

Por otra parte, con los datos que tenemos, es difícil saber cuántos de los declarados puertollanenses son vecinos (habitantes en el casco urbano) o moradores (residentes habituales de aldeas y cortijos de labor). No obstante, es lógico suponer que los ingenios que habrían de alzarse junto a la ermita de San Andrés estarían vinculados con quienes vivieran en las alquerías de Hinojosas y resulta nítido que los 3 molinos que quería hacer Pedro Sánchez (1 en el Ojailén y 2 en Arroyo la Higuera) sitúan sus intereses patrimoniales alrededor de dicha aldea.

En la mayor parte de los casos, los solicitantes forman la flor y nata de los acaudalados locales. Este es el caso de Martín Hernández Corredor (corredor de lienzos, claro está), Diego Fernández Carbajal, Juan Sánchez Luchena o Juan Rodríguez Melero. Además, también hay personajes con ascendientes molineros (como Juan de Palacios, padre e hijo, Martín González Ollero y el mismo Juan Martínez). Tampoco falta quien utiliza su ascendiente moral entre sus paisanos para intentar acceder a la propiedad de un molino, como sucede con frey Juan de las Higueras, párroco local, cuyo hábito conventual calatravo no le impide cursar su petición con la mayor desfachatez del Mundo, ya que la Regla calatrava limitaba sus ambiciones personales de medraje económico. El Consejo de Órdenes hizo oídos sordos a tan desafortunada propuesta. Sacerdote recién instalado en Puertollano por entonces, en 1539 pasó a desempeñar el curato de Malagón. Algo similar ocurrió con Juan López de Uclés, vecino de Puertollano, muy emparentado en la villa. Su segundo apellido nos sugiere su relación de parentesco con el sacerdote local frey Antonio Gutiérrez de Uclés (1555-87) y su relación con la familia Uclés, que controla buena parte de los oficios concejiles honoríficos a lo largo de las décadas centrales del Quinientos. Pertinaz, Juan López solicitó licencia en 1567 para levantar un molino en el río Tablillas, en los Barrancos, aguas abajo del que tenía Sebastián de Medina en la dehesa de la encomienda mestanceña. Aunque no logró tal merced, en 1569 es recompensado con un ingenio fluvial en el Montoro, en los límites de Puertollano con Mestanza, dentro de la encomienda de esta última villaª2• Gracias a su tenacidad, y a su previsión en proponer parajes fuera del término de Puertollano, obtendrá del Supremo Consejo permiso para edificar otro en la ribera del Tablillas, en el sitio del Toledillo. De nuevo insistiría, hacia 1577, en ubicar una cuarta aceña en el Montoro, a la altura de las Tiñosas, entre el molino de Mora y los rodeznos del comendador mestanceño, esta vez sin demasiado éxito. Dos triunfos sobre cuatro intentos no sería mala cosecha para este miembro de la oligarquía rural lugareña, con las espaldas bien cubiertas y una saneada hacienda familiar.

Más prudente en sus pretensiones, la familia Palacios, se atreverá a sumergirse en la procelosa burocracia de los Habsburgo en 3 ocasiones (2 veces el padre y 1 el hijo). Juan Palacios, el mayor, logrará las 2 licencias tramitadas, fracasando en su empresa su hijo, empeñado en alzar el tercer molino del linaje en el Valle de Alcudia. Mientras tanto, Martín Hernández Corredor, agraciado en 1542, se estrellaba con la administración central en fecha tan tardía como 1579, al repetir suerte con el Ojailén.

Tales trayectorias nos introduce en la casuística de la identidad de los pretendientes, todos ellos varones, casi siempre mayores de edad. Sobre un total de 32 memoriales solicitando fundar molinos harineros, pacientemente recopilados, sólo en 2 ocasiones se hace una solicitud conjunta entre dos pretendientes, en realidad una (la efectuada por Rodrigo Maldonado y Andrés de Argamasilla en 1538, si descartamos la realizada por los cortesanos vallisoletanos. En el resto, casi siempre se pide merced para levantar un único ingenio fluvial, no faltando quienes pretenden dos de una tacada, e incluso tres.

Un caso singular es el protagonizado por Pedro Sánchez, hijo de Rodrigo Alonso. Su memorial argumenta que había aumentado la vecindad de la villa hasta el punto que eran insuficientes las moliendas existentes, viéndose sus paisanos obligados a ir lejos con sus cosechas. En base a este razonamiento, propone hacer un molino harinero en el Ojailén, lo que sería "muy costoso porque el río no corre si no es de inbierno" o, en su defecto, dos ingenios en el arroyo que partía desde la fuente del Arroyo de la Higuera. Augurando mucha costa y poco provecho no paraban aquí sus exorbitadas ambiciones, reclamando una exención completa del acostumbrado diezmo de la molienda. El Consejo de Ordenes no se molestó en contestar su osada propuesta.

Una mayor dosis de prudencia y mano izquierda demuestra Juan de Palacios. Fundaba su intención de edificar en la ribera del Tablillas, en la dehesa de Alcudia, 200 pasos aguas abajo de su propio ingenio, porque éste se había quemado. De inmediato, se despachó la licencia pertinente para su cambio de emplazamiento. ¿Solicitud justa, necesidad o picaresca?, nunca lo sabremos.

Por lo que toca al paraje de las paradas suele citarse siempre la encomienda donde radicaría, a menudo el topónimo donde se situaría la obra, y, cuando hay molinos fluviales cercanos, se consigna su situación exacta. Un sondeo de los documentos manejados nos hablan de la dehesa de Las Porras como un lugar privilegiado para alzar los nuevos molinos de Alcudia. Un emplazamiento inverosímil sería el cabo de las Zahurdas pretendido por un miembro de la dinastía molinera de los Ollero, pagando 100 maravedís de censo perpetuo y ofreciéndose a llevar de forma puntual el diezmo anual a Almagro cada año por San Juan, como era costumbre.

Lo cierto es que cada vez se afina más, se es más concreto en las representaciones elevadas a la Corte. Ninguna tan explícita como la cursada por Diego Fernández Carvajal, quien quiso "hazer un molino harinero de cubo en arroyo de las Navas Altas, baldío de Mestanza y comunidad (de Pastos) de Puertollano". Tal vez tanta minuciosidad se debía a lo inusual de la ubicación postulada.

Respecto al tiempo transcurrido desde que se cursa la solicitud a la respuesta del Consejo de Ordenes consideremos un par de casos. Miguel del Campo, tramita la licencia desde el 13 de abril de 1556 al 26 de enero del año siguiente. Lustros después, el regidor Francisco Fernández de Mestanza vio como su petición diligenciada el 29 de octubre de 1577 fructifica los días 15 y 17 de febrero de 1578, comenzando de inmediato las obras en la ribera del Montoro. En la actualidad, las licencias de obras municipales pueden demorarse más tiempo.

El resultado de tan ímprobos esfuerzos es desigual en el tiempo. En la etapa 1534-42, se conceden 3 de las 5 licencias tramitadas. En la segunda mitad de la década de 1550, sobre otras tantas instancias, llegan a buen puerto 3 solicitudes. El trienio 1566-69 asiste a 7 candidaturas, de las que 4 cristalizan. Por entonces, la administración central parece tomar conciencia de los desarreglos existentes en las propiedades de la encomienda de Puertollano. Así, se ordenó al alcalde mayor almodoveño hacer apeo de los solares, tierras, molinos y heredades de su dignidad que estaba acensuadas e hiciese otorgar a sus usufructuarios las escrituras de reconocimiento pendientes, llevándolas al Definitorio o al Consejo de Ordenes para su obligado refrendo.

En el agitado último lustro de la década de 1570 se realizan nada menos que 16 peticiones fundacionales de las que cuajan sólo 5, con un bienio 1576-77 particularmente nefasto (2 mercedes sobre un total de 10 memoriales). El nivel de fracasos es tanto más desalentador y significativo cuando, en el verano de 1578, se concede a la desesperada sendas licencias a la villa para que vecinos y forasteros pusiesen en venta pan de cebada u otra semilla panificable, procedente de su propia cosecha o bien de la harina adquirida en Andalucía, y para que se vendiera pan cocido de trigo o cebada en el lugar, siempre bajo control del regimiento y a precio moderado.

Desconocemos si algunos de estos candidatos siguieron una política de hechos consumados, levantando el ingenio harinero antes de contar con el refrendo de las autoridades centrales, aunque creemos que la respuesta sería negativa. En todo caso no sabemos cómo interpretar que alguien que no es citado en la Visita General inmediatamente anterior (1550), tal es el caso de Miguel de Campos, en 1554 sea sorprendido obrando en la ribera del Ojailén, cuando hasta 1556 no cursó los trámites administrativos pertinentes, logrando licencia consiliar al año siguiente.

En definitiva, los años centrales del Quinientos asistieron a un extraordinario interés de los lugareños por aprovechar el caudal hídrico de Puertollano y sus alrededores más inmediatos. Sin embargo, la inviablidad económica de algunos de estos proyectos, junto a la feroz competencia establecida entre los molineros ya instalados y los inversionistas advenedizos, limitaron a unos cauces razonables unos propósitos que podrían calificarse de quiméricos.

4.2.2. LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

Hemos logrado recopilar los inventarios de propietarios de molinos harineros de 1528, 1550, 1554-55, 1570-71 y 1577. En estos casi 50 años se ponen de manifiesto tendencias de medio plazo, así como los cambios operados y los mecanismos de conservación del patrimonio familiar.

Así, a grandes rasgos, percibimos que hacia 1528 puede observarse que participan del negocio de la molienda local tres grandes colectivos: los sucesores directos de los molineros medievales, labradores acomodados empeñados en conservar la riqueza de sus antepasados; los artesanos y menestrales enriquecidos con el trato mercantil de la villa; y, por último, los nuevos propietarios agropecuarios que invierten los excedentes de sus saneadas rentas en consolidar su hegemonía financiera y social en la comunidad rural. Veamos, siquiera de forma sucinta, algunos casos significativos.

En el primer grupo destacan las familias Ruiz, Ollero, Bermejo o Arriba, con una tradición molinera de décadas, que en algún caso se remonta a la centuria anterior. Se trata de sagas de dueños de rodeznos que conocen bien su oficio y que seguramente se vieron desbordados por una competencia profesional cada vez más feroz, aunque mitigada por la expansión de los cultivos a costa del baldío y por una tenue tendencia demográfica ascendente.

En un segundo plano se hallaban los tratantes pañeros, enriquecidos al albur de la paulatina implantación de la manufactura textil rural. A este segmento de propietarios pertenecían los Sánchez, Muñoz, Beraldo o Yáñez. Por lo pronto, el oficio de sastre de Diego Muñoz, delataba su posible origen converso. Respecto al carpintero Simón, tal vez su trabajo le había familiarizado con las labores en los ingenios fluviales. Diferente carácter tendría el capellán Prieto, clérigo de primeras órdenes, cuya falta de medios de subsistencia era paliada con la administración de un negocio familiar tal vez vinculado al régimen de "manos muertas" (para protegerlo de ventas y especulaciones) y cuyo fuero privilegiado garantizaba inmunidad jurídica al negocio.

Por detrás de este heterogéneo grupo se encontraban los labradores acomodados que intentan prosperar introduciéndose en el trato molinero, mediante compra o fundación de nuevos ingenios. Tal era el caso de los Contreras o los Alemán (éste último inmigrante de otras latitudes, posiblemente atraído a Castilla por la subida al trono español de la dinastía Habsburgo centroeuropea y la radicación en Almagro de la próspera colonia germánica). Su intención residía en transformar sus propias cosechas y/ o sacar partido del incremento de la producción cerealística comarcana, al servir como intermediario entre el productor y el consumidor.

Décadas después, siguen algunos de sus descendientes en posesión de las mismas explotaciones hidráulicas, pero es acusada la penetración de capitales procedentes del sector secundario (tejedores, cardadores, bataneros) y terciario (arrendamiento de rentas municipales). Así, los Pastor, Úbeda, Muñoz de Montoro, Sánchez Burdo o Alonso Agudo pertenecen a la élite económica comarcana.

Gonzalo Martín era un acreditado peraile (o pelaire, profesional encargado de preparar la lana para ser tejida). Y qué decir de Martín Hernández Corredor, por cuyas manos pasaban buena parte de los tejidos negociados en Puertollano, o de Martín Hernández, arrendador de rentas municipales (que adelantaba la cantidad estipulada al fisco para intentar sacar provecho en su recaudación privada), metido en el trato harinero al menos durante 35 años (entre 1542-77).

El negocio generado por la molienda era tan lucrativo que no faltan los forasteros, como el licenciado Juan Blas, almodoveño poseedor de en ingenio fluvial en el Ojailén hacia 1550-54 ó su paisano Hernán Martín del Olmo (1550-77), con intereses en el Ojailén y el Tablillas. Mestanceños eran Sebastián de Medina y Martín de las Heras, ambos con rodeznos en el Montoro hacia los años centrales del siglo XVI.

En su mayoría hombres, no faltan los complejos harineros que van a parar a manos femeninas, por herencia de sus padres o muerte de sus maridos. Entre las primeras se encontraron Teresa López (con negocio en el Ojailén antes de 1550). Entre las segundas hallamos a la esposa de Aparicio de Úbeda (1550-61, Ojailén); la esposa de Andrés Pastor (1550-54, Ojailén); Elvira López, viuda del almodoveño Diego Muñoz de Montoro (1550-54, Ojailén); la mujer del difunto Diego Caballero (1550, Ojailén) o Ana, la Pastora (en los años previos a 1554, Tablillas). Gestionaron este capital familiar solas o, más a menudo, con ayuda de sus hijos menores. Este es el caso de Ana Ruiz, viuda de Juan Escudero, quien junto a sus hijos Juan Escudero y Antón Sánchez administrarán con éxito su ingenio en el Ojailén al menos entre los años 1554-77.

De advenedizos podemos calificar algunos nuevos patronos, como Juan Rodríguez Menasalvas (1554, Montoro), vinculado a los dueños del batán del citado río, pero también al oficio de escribano de la localidad y con tierras diseminadas por todo el término. La familia de Alonso el Bueno, difunto, de linaje mudéjar convertido al cristianismo en 1502, se asentaron en Puertollano procedentes de la comarca de Almagro-Daimiel en el segundo cuarto del Quinientos, haciéndose con una aceña en el curso del Montora.

Durante el reinado de Felipe II, la estructura de la propiedad en los molinos del término se ha abierto de forma palpable al dinero fresco aportado por tenderos, comerciantes y compradores de oficios municipales honoríficos. Los apellidos Uclés, Largo, Prieto, Sánchez, Recuero, Menasalvas o Mestanza se encuentran entre los mayores propietarios de tierras de secano, encumbrados en la élite de gobierno local, comprando y vendiendo lanas o paños en jerga, dinamizando y animando en definitiva el tejido financiero de una comarca volcada de nuevo hacia la riqueza agraria. Se citan pocas mujeres en los inventarios de propiedades fluviales en la década de 1569-79, demasiado pocas en relación con los lustros inmediatamente anteriores.

Nos llama la atención como sólo una mínima parte de estos inmuebles rurales aparecen amortizados. El único caso documentado es el molino gestionado por el capellán Caballero (1571-77, Ojailén). El dato es tanto más chocante cuando casi la totalidad de los propietarios de molinos y batanes habían fundado o se beneficiaban de alguna de las 42 fundaciones de capellanías, patronatos y memorias registradas en Puertollano en 1577. Sobre esta cuestión volveremos más adelante.

Herencias y movimientos especulativos, pero también embargos y secuestros judiciales, convierten la propiedad de los molinos harineros en la punta del iceberg de una estrategia de medraje mucho más amplia. Y es que eran la posesión más codiciada de unos personajes con intereses económicos diversificados, plenamente integrados en la vida social de la comunidad rural comarcana e incluso con un protagonismo de primer orden en la gestión político-administrativa del concejo.

4.2.3. LOS PROBLEMAS DE LA SOBREEXPLOTACION: PLEITOS Y LITIGIOS

Asunto espinoso el de la conflictividad derivada de la edificación (fundación) o explotación (funcionamiento) de los ingenios hidráulicos en el azaroso reinado de los Austrias. Para ello, es preciso ampliar nuestra visión panorámica sobre el tema, extendiendo el espectro geográfico a nuestro entorno más cercano para ponderar en su justa medida fenómenos o tendencias socioeconómicas que distan mucho de ser exclusivamente locales.

A/ El ámbito comarcano.

En primer término constatamos el creciente interés de nuestros antepasados por beneficiarse de un modo u otro de la plena explotación de la red fluvial del Campo de Calatrava en su triple vertiente industrial, agrícola y piscícola. Los ejemplos que pueden aducirse en este sentido serían interminables. Hagamos un pequeño recorrido por el territorio a lo largo de este período.

Partamos del hecho de que los primeros en beneficiarse de la riqueza fluvial eran las propias instituciones calatravas: la Mesa Maestral y el Sacro Convento de Calatrava la Nueva. Este último, antigua fundación religiosa y corazón espiritual de la Orden, poseía en propiedad los ingenios de Balbuena, Parrilla, Elvirabraba, Batanes Nuevos y Pedrosancho, arrendándolos al mejor postor. Pues bien, entrado el siglo XVI, únicamente por este concepto, el convento ingresaba casi 300.000 maravedís netos.

Con el paso del tiempo, la gestión de la Mesa Maestral, debido a la secular penuria de la Monarquía, fue a parar a los banqueros alemanes e italianos que prestaban sumas a la Hacienda Regia. Estos financieros se lucraron de las rentas de la Orden que les fueron confiadas, arrendando por cuatrienios la pesca del Guadiana a su paso por el maestrazgo. Pese a su importancia, tales ingresos eran calderilla si los comparamos por las rentas maestrales sobre los molinos andaluces. Hacia 1570, Juan, Xácome y Marcos Fúcar designan maestro de obras a Enrique Egas (en lugar de Luis Machuca, titular del Alcázar Real de Granada) para visitar las obras y edificios de 2 piedras de molino, 6 pilas de batanes y un canal dedicado a la pesca en el cauce del Guadalquivir, junto a Córdoba. Su renta importaba cientos de miles de maravedís cada año y era considerada por sus sucesores como la renta más saneada de cuantas disfrutaba la Mesa Maestral calatrava.

Por supuesto los caballeros comendadores también sacaban tajada de tan suculento negocio. Hacia 1563, don Pedro de Guzmán (I Conde de Olivares y comendador de Piedrabuena, tras serlo de Puertollano entre 1545-51) argumentaba que, puesto que transcurría el río Bullaque por sus posesiones y gozaba del monopolio sobre el arriendo de lo que "pescan con barcos, parancas y redes", el cura de Porzuna debía demoler el molino levantado aguas abajo que menoscababa el aprovechamiento de su encomienda e impedía el libre tránsito fluvial. Como no podía ser de otra forma, los intereses privados de los vasallos calatravos también eran atendidos. Una década antes, en 1553, un almagreño dueño de una aceña en el Guadiana se quejaba a la Corte que "algunas personas hacen junto a el (molino) respedades y estancadas para tomar pezes, los quales impiden el paso del agua e desaguadero del dicho molino". Asimismo, en alguna ocasión es perceptible la defensa a ultranza de los derechos contraídos con respecto a terceros, como cuando en 1575 unos vecinos de Alhambra (en el limítrofe Campo de Montiel santiaguista) denuncian a los ganaderos de la vecina Solana porque sus rebaños abrevaban en los cazes de los molinos fluviales del Azuer. Sobre las iniciativas para aprovechar el caudal de los ríos como medio de regar sus cosechas, vemos por ejemplo como el caballero de hábito don Pedro Castro y de la Guerra propone al Consejo de Órdenes hacer unas acequias en la ribera del Jabalón para convertir en regadío sus tierras de secano. A este respecto, debemos tener en cuenta su familiaridad con la red de canales existente en las huertas de Almagro, atendida por mano de obra morisca y cuya potencial rentabilidad era más que evidente para este antiguo servidor de Su Majestad.

Además, hay que tener en cuenta que la comarca fue pionera en la incorporación de los adelantos técnicos en la molienda. Una muestra. En los alrededores de Almagro, capital económico-administrativa del Campo de Calatrava y sede de una nutrida colonia de financieros centroeuropeos, se instalaron los primeros molinos de viento de La Mancha. Tales ingenios nunca se trasplantaron al Valle de Alcudia porque lo desaconsejaba su peculiar relieve orográfico y particulares condiciones de circulación en el régimen de los vientos, ya que su coste económico siempre fue mucho menor al de un molino fluvial.

Es más, consideramos ejemplar la capacidad de adaptación de nuestros antepasados a los tiempos y coyunturas cambiantes. Así tan pronto trocan una licencia para construir una aceña harinera por la de un batán; que reconvierten un batán pañero en molino de grano; como un poderoso converso daimieleño quiere alzar a toda prisa un molino de aceite en la villa, para hacer frente al previsible aumento de la demanda, suscitada por el alistamiento de moriscos granadinos; o el caso de un avispado almagreño que solicita levantar nada menos que 4 molinos o batanes, según su conveniencia.

Veamos un caso concreto de adaptación a las circunstancias. Almagro acogió a un millar largo de moriscos, deportados de Granada con motivo de la sublevación de Las Alpujarras de 1568-70. Esta minoría conservaba resabios culinarios islámicos tales como cocinar a diario con aceite de oliva, en lugar de con la manteca de cerdo, tan apreciada por sus vecinos cristianos. Pues bien, cuarto de siglo después de instalarse estos descendientes de musulmanes, en la capital calatrava se habían extendido los olivares por buena parte del término. En marzo de 1600, a concejo abierto (es decir, con la asistencia de todo el vecindario interesado) se aprobaban unas minuciosas ordenanzas sobre las almazaras. Tal reglamento fue confirmado en la Corte poco después, alegando que, si antes había una única prensa, ahora había nada menos que 11 molinos aceiteros en el término.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias; las fuertes heladas de 1599 habían cercenado casi toda la producción olivarera, estimada en más de 50.000 arrobas, cortándose los olivos por el pie, debido a lo cual se solicitaba una mayor vigilancia sobre los ganados108. El siguiente paso fue permitir la creación de 4 oficios de guardas de olivares en la villa.

Por lo que atañe al grado de conflictividad judicial, en una sociedad tan pleiteista como la castellana de la época, el fenómeno puede resultar impresionante, por no decir abrumador. En esta línea, las casuística procesal que envuelve la explotación de los molinos harineros esta nutrida por un sinfín de casos: la disputada exención fiscal el convento Nª Sª Concepción de los Pedroches (Clarisas) por los rodeznos y batanes que poseía en el río Muelas, término de Almodóvar del Campo (1533); molineros de Agudo, asentados en la ribera de Riofrío, que se sienten estafados por los tejemanejes del fiel municipal de Saceruela (1561); dueños de ingenios, como la linajuda almagreña doña María Carrillo Osario, indignada por las restricciones a tomar madera de los alrededores para reparar su edificio en el Guadiana (1566), y un largo etcétera.

Estas pinceladas demuestran, por una parte, la enorme vitalidad económica y demográfica de un área que todavía estaba en proceso de colonización; de otra, la diversidad de instancias que comparten, no sin tropiezos, intereses similares o jurisdicciones encabalgadas; y, por concluir, ilustran la atención prestada a las explotaciones fluviales en un momento clave de la explotación económica del territorio.

B / Puertollano y su comarca.

Retomemos el caso particular de nuestra localidad, donde se hallan perfectamente reflejados los tropiezos más habituales y la manera en que se conjugaban los intereses públicos y privados.

El primer pleito del que tenemos noticia data de 1556. María González, y su hijo Pascual Domingo, denuncian ante los tribunales a su convecino Juan López. Su culpa: querer levantar un molino harinero en el Ojailén, entre los rodeznos de Martín Corredor y la dehesa de Majada Vieja, cuando los demandantes tenían un molino curso abajo, lo que interpretan que iría en detrimento de su negocio. Desconocemos la sentencia de la causa, pero lo cierto fue que la animosa molinera detuvo esta edificación riberiega.

Ese mismo año tuvo lugar un proceso aún más resonante, enfrentando a unos poderosos miembros de la oligarquía local con unos no menos ambiciosos personajes de la Corte de los Austrias. Veamos los antecedentes inmediatos. A fines de 1554, frey Íñigo de Ayala (comendador de Carrión y Calatrava la Vieja), junto a su compañero frey Lorenzo Suárez (prior de Alcañiz y administrador del Sacro Convento), visitan las encomiendas de la zona, informando al Consejo de Órdenes sobre el estado de sus posesiones en el Campo de Calatrava. Noticiosa la Corte de las irregularidades halladas, unos Reposteros de los Estrados de la princesa Juana, gobernadora de Castilla', intentan hacerse con la posesión de un molino-batán en el Montoro. Recordemos los intentos del Cocinero Mayor por aprovecharse de otra situación similar, a inicios de 1556.

Viendo su situación malparada el también puertollanense Juan Prieto, el 5 de marzo de 1555, vendió por juro de heredad (a perpetuidad) a Juan Rodríguez Menasalvas y Juan Menasalvas un denominado Molino del Batanejo, colindante con el rodezno de La Bramadera, en el término de Puertollano, por la cantidad de 16.000 maravedís, libre de toda carga e hipoteca. Dicho ingenio estaba situado en el paraje homónimo, cerca del Arroyo la Higuera y aguas arriba de una antigua atalaya defensiva que controlaba el bado del río (parece que a través de un puente hoy desaparecido). De una y otra edificación quedan todavía algunos restos arqueológicos.

De esta forma, uno de los pocos molinos harineros, por temporadas usado como batán, del término pasaba a menos de los hermanos Diego Alonso (a la sazón regidor concejil) y Alonso Martín Menasalvas, compartiendo su posesión con su sobrino Martín González (hijo a su vez de Pero Rodríguez de Chinchilla, el antiguo batanero). De este modo, una de las familias más rancias de Puertollano, los Menasalvas, se entroncaban con la tradicional saga batanera de los Chinchilla, asentados una o dos generaciones antes en el lugar.

El Gobernador de la Rinconada toma testimonio al vecindario Todos coinciden en decir que "el dicho molino e batan que dizen el Batanexo es antiguo, porque este testigo tiene noticia de mas tiempo de sesenta años". El comisionado por el tribunal superior será engañado por los interesados, haciéndole creer que el recientemente construido molino de la Cruz era el antiguo del Batanejo. A la vista de su memoriat el Tribunal Supremo castellano rechazó la propuesta de estos cortesanos, decididos a aprovecharse de iniciativas poco afortunadas.

Igualmente de desafortunado puede calificarse el caso que expondremos a continuación. Corría el año del señor de 1569 cuando el puertollanense Martín Alonso Herrero tramita ante la Corte el permiso para levantar un rodezno harinero en el cauce del Montoro, en concreto en la dehesa de las Porras (encomienda de la Clavería, en el término municipal de Puertollano). En marzo de dicho año obtiene la licencia consiliar para construir el ingenio fluvial en el plazo máximo de 2 años. El 5 de abril siguiente se despacha en El Escorial la licencia pertinente.

Por fin había alcanzado su objetivo y comienza a construir. Sin embargo, cuando ya tenía avanzada las obras del molino, don Juan Manrique de Lara, Clavero de Calatrava, truena contra una concesión que perjudicaba sus intereses, considerando que "la provision y licencia fue ganada con falsa y siniestra relacion". Según este poderoso aristócrata castellano, los 100 maravedís de censo anual habrían de parar a su persona y no a la Mesa Maestral, estimando en 12.000 maravedís anuales los daños a la dehesa "porque se a abierto el caz mas de ochenta pasos de largo y veinte de ancho". En este sentido, el procurador y apoderado del Clavero, Ortega Rosa, argumenta que "la dehesa de la Clavería (es) cerrada y acotada y en ella no se puede hazer el dicho molino sino es con gran perjuicio y daño de la dicha dehesa porque el río de Montara es abrebadero de los ganados que pazen en ella y haziendose caz para el molino por fuerza se ha de hacer y sacarse el río de madre es destruir mucha tierra de la vega de la dicha dehesa que es la mejor della y el sitio donde se an de abrebar los ganados queda destruido, porque como dicho caz queda tan alto que los ganados no podran bajar a beber las aguas y la yerva queda destruida y aislada, y siendo como es la dicha dehesa cerrada se hara abierta con caminos y sendas para los carros y vestías que llevaren el pan para moler y se aposentaran en la dicha dehesa y se causaran otros muchos daños y pasiones entre los que arrendar en la dicha dehesa y fueren al dicho molino".

El 13 de mayo de 1570, a instancia del Clavero, se revoca la facultad expedida meses antes a favor de Martín Alonso Herrero, y se ordenan paralizar las obras iniciadas11ª. De manera fulminante, 2 días después, contrataca el agraviado, aduciendo haber invertido más de 100 ducados en su proyectada aceña de cubo, apelando a la mediación del Consejo de Órdenes.

Pasa el tiempo y el nuevo Clavero de la Orden el encumbrado Rui Gómez de Silva (príncipe de Éboli y futuro señor de Pastrana) sigue el pleito iniciado por su antecesor en la dignidad calatrava. Dice a su favor que, en 1571, había edificados 5 molinos en la ribera del Montoro, a los que habría que añadir el batán comenzado a hacerse por Martín Alonso. El recurso todavía pendía de resolución definitiva a fines de año. A pesar de tantos contratiempos, Herrero logró disfrutar su soñado molino-batán riberiego.

Picado por la derrota ante los tribunales, el Clavero probablemente se diría a sí mismo que no volvería a perder en la próxima ocasión. Y a fe que no hubo de esperar mucho para entablar dura resistencia a las ambiciones de los vecinos de Puertollano. En efecto, el 21 de octubre de 1577, el regidor Francisco Fernández de Mestanza presenta poder ante un escribano local para solicitar la merced de un molino harinero en el Montoro (dehesa de las Porras y ejido de Timones, junto a la tabla de La Cera, dentro de la Clavería), aguas abajo del ingenio de Antón Ruiz de Menasalvas (conocido como "Flor de Rivera") y curso arriba del Batanejo (propiedad de Miguel Sánchez). La instancia llega a Madrid el 29 de dicho mes y año, iniciándose las diligencias administrativas acostumbradas.

En la comarca, son informados del proyecto Pedro de Ibarra (mayordomo de la Clavería) y Juan Limón (administrador de la encomienda de Puertollano). Como era habitual, fueron requeridos los pareceres de los molineros del Montoro inmediatos. En enero de 1578 se recogen diversos testimonios en la villa, manifestándose no estar claro si el diezmo y censos de los nuevos molinos pertenecían al comendador de Puertollano, al Clavero de la Orden o a la Mesa Maestral.

Mientras tanto, el puertollanero había encargado la defensa a sus intereses de dos acreditados procuradores del número en la Corte, Lucas de Carrión y Juan del Castillo. Parecía que todo transcurría sin mayores problemas cuando el administrador de la Clavería se opone en redondo a la edificación de un nuevo molino en su territorio. Sus razones: que se perjudicarían los pastos con el trasiego de trajinantes y "porque algun clavero querra hazer el dicho molino", insinuando que el solicitante debería haberse concertarse primero con el Clavero o sus hombres de confianza y luego tramitar el permiso a través del Consejo de Órdenes. La licencia consiliar se demoró hasta que en los días 15 y 17 de febrero de 1578 se autoriza la edificación de esta aceña harinera. La red clientelar local y la influyente determinación del gobernador almodoveño volvieron a inclinar la balanza de la justicia a favor del edil de Puertollano.

Unos lustros antes, sería don Cristóbal de Maura quien se opondría con fuerza a la pretensión de un viejo conocido nuestro, Juan López de Uclés. Este inquieto puertollanero quería alzar un enésimo molino en el baldío de El Toledillo (río Tablillas, encomienda de Puertollano). Tras unos meses de incertidumbre, en 1575 llega la aquiescencia de Madrid, debiendo estar moliendo en un año de plazo.

Enterado el comendador, a través de su apoderado en la villa, que se habían comenzado las diligencias para su erección, eleva una representación al Consejo de Órdenes. En esta ocasión, no se planteaba la bondad del nuevo ingenio, sino el destino del diezmo de la maquila y que el censo de 2 reales anuales fuesen a parar a la Mesa Maestral. En su representación, arguye que todos los molinos ubicados en el Tablillas pagaban censos a la encomienda. La parte perjudicada replica que, mientras los molinos del Guadiana estaban a 4 leguas, el que se pretendía poner en explotación se encontraba a la mitad de la distancia, siendo "en el dicho sitio el mas cercano es uno ques de Juan de Palacios e de Martín Hernández Corredor puede estar otro molino ... porque el dicho sitio esta en el dicho termino baldío donde no llevan níngun provecho ni diezmo el dicho comendador sino es Su Magestat y su Mesa Maestral de todo aquello que en el dicho termino va/dio se cría, coge y siembra".

Otro motivo de fricción frecuente eran los daños ocasionados por las presas molineras, que podían llegar a anegar todo el paraje. En la década de 1560 un resonante pleito substanciado en el Consejo de Órdenes sentó precedente. Antonio López de Santa María, vecino de Granátula, obtuvo permiso para levantar una aceña en el vado de Casarrubios (río Jabalón, encomienda de Almagro). Ocho años después, ganaba ejecutoria don Miguel de Guzmán (administrador de la encomienda almagreña y antiguo comendador de Puertollano), para derribar el edificio, por haber quedado demostrado que inundaba una dehesa contigua. Sin embargo, al poco tiempo se constató que este encharcamiento fertilizaba la tierra, aumentando su valor como pasto para el estío. Como quiera que cada año el molinero pagaba 4 fanegas de trigo a la encomienda y se percibe los beneficios de la aceña, la sentencia no se ejecutó.

En Navidades de 1589, y marzo del siguiente año, Alonso Ximénez, vecino de Puertollano, recordaba a la Corte los beneficios aportados por el agua estancada para defender su propia molienda, argumentando que, de igual manera, "si en algun tienpo baraba el agua (en la) tierra de la dicha dehesa, con el agua (se) cegaba después y quedaba muy fertil y abundan tosa de yerba para en tiempo de verano y así balia mucho mas dineros el agostadero". Nuestro paisano ahora poseía este ingenio hidráulico y pretendía hipotecar las aludidas 4 fanegas de trigo anuales a perpetuidad.

Y es que la búsqueda de corrientes fluviales permanentes que alimentaran las ruedas molineras llevan a los inquietos vecinos de Puertollano a extender su radio de acción fuera de los estrechos límites municipales, ya saturados de construcciones riberiegas. Lo que es más, esta tendencia expansionista puede contrastarse en las postrimerías del siglo XVI. He aquí un ejemplo.

Hacia 1587, el puertollanense Juan de Aller litigaba, junto al regidor perpetuo almodoveño Juan de Villarreal, contra Juan de Antequera, vecino de Almodóvar del Campo y sus hermanos, por la posesión de un batán y aceña harinera en el Guadiana. Se les reclamaba nada menos que daños y perjuicios, frutos y cientos por valor de 14.000 ducados. El de Puertollano se desplazó a la Corte y, en calidad de solicitador, empleó 3 años en defender la causa de su parteante la Sala de las Mil Quinientas (sala especial del Consejo de Castilla, encargada de dirimir los asuntos de especial importancia). Su salario se estableció en 100.000 maravedís anuales, pero a la hora de la verdad el regidor hizo oídos sordos a la justa petición de que se reintegrasen sus derechos. Atendiendo a su petición, los consejeros de Órdenes ordenaron atender tan justa demanda, amenazando con severas penas al desaprensivo capitular almodoveño.

Todo este cúmulo de casos, transgresiones e intereses enfrentados nos hablan de un alto grado de conflictividad en el aparentemente apacible campo manchego; del recurso regular a las audiencias superiores de justicia para dirimir litigios económicos y del protagonismo del Consejo de Órdenes como órgano jurídico-administrativo clave para entender la regulación de la explotación molinera del área. Los vasallos de la Orden confían en que sus derechos serán debidamente representados y defendidos en la Corte, y para ello no dudan en invertir grandes dosis de paciencia, influencia y dinero. En este sentido, la administración territorial y central garantizan decisiones supuestamente razonables, premeditadas, justas y equilibradas, siempre que cuenten con informes fiables y opiniones contrastadas, o cuanto menos desapasionadas. La quiebra de la confianza en los tribunales regios hubiera supuesto el descrédito de todo el sistema.

En todo caso, no debemos en modo alguno minusvalorar el valor en la época de las concertaciones extrajudiciales, de las presiones ejercidas por los poderosos para retirar cargos y de la mediación de terceros en la resolución de conflictos personales o familiares que, enquistados, erosionarían de forma irremediable la convivencia cotidiana en los pequeños núcleos rurales de la zona.