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"La sentencia antepone los íntereses económicos de las empresas a la salud de los trabajadores"

AIDISCAM-CLM expresa su precupación "por la repercusión en las personas con discapacidad del aval del TC a los trabajadores enfermos"

Dice que el contrato podrá extinguirse “por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos"

La Comarca

29/11/2019

(Última actualización: 01/12/2019 12:17)

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AIDISCAM-CLM ha expresado su preocupación "por la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC) que antepone los íntereses económicos de las empresas a la salud de los trabajadores".

La sentencia dice que el contrato podrá extinguirse “por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”.

Este dictado legal "es un ataque frontal a las personas con algún tipo de afección, enfermedad crónica discapacitante que puede conllevar reiteradas bajas continuadas en un momento concreto", asegura AIDISCAM-CLM.

"Nos preocupa la visión que traslada esta sentencia, favoreciendo la productividad de los negocios y de los beneficios empresariales frente a los derechos de las personas, dejando a un lado las situaciones personales como pueden ser, sus enfermedades crónicas o discapacidades, menospreciando el derecho al trabajo de todos y a recuperar la salud, en la medida de lo posible, tras un agravamiento de una enfermedad crónica", insisten desde la asociación.

Esta decisión “hará que los trabajadores a no poder ausentarse justificadamente de su puesto de trabajo y a reincorporarse sin haber podido recuperar su salud y no ser despedidos, con el consiguiente riesgo para ellos”.

El fallo judicial, que contó con los votos particulares de magistrados del TC, "choca con una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en base a la cual, otro juzgado de Barcelona, el de lo Social número 33, en una cuestión prejudicial, donde se declaró nulo un despido por baja médica en el año 2017".

Por contra, las empresas "cuentan con importantes beneficios y ayudas de ámbito estatal para la contratación de las personas con algún tipo de discapacidad reconocida y exigimos al futuro Gobierno de España la derogación inmediata de la reforma laboral y del artículo 52.d en particular, en que se condena a las personas enfermas al despido".