Región

Porque "recorta derechos a los empleados de la Junta hasta ser los peor tratados de España"

CSIF pide al nuevo Gobierno regional derogar la ‘Ley Cospedal’ de 2012

"CCOO, UGT y CECAM han recibido de la Junta más de 18 millones de euros desde 2014"

La Comarca

08/07/2019

(Última actualización: 09/07/2019 07:58)

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a situarse como el primer sindicato en el conjunto de las Administraciones Públicas en Castilla-La Mancha tras los procesos electorales que comenzaron el pasado mes de diciembre y que finalizaron en junio del presente año, posición que permite afrontar con garantías la recuperación de derechos y mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos de la región.

CSIF ha sumado 307 delegados, siendo además el sindicato más votado entre los funcionarios de la Junta de Comunidades, el personal de la Administración General del Estado, la Universidad de Castilla-La Mancha, los trabajadores del ámbito de Justicia y de Empresas Públicas Estatales, en un proceso global en el que han concurrido un total de 22 fuerzas sindicales. Por detrás se sitúan CCOO, con 285 delegados, UGT con 159 e Intersindical con 112; el resto se encuentran muy alejados y la mayoría de ellos con resultados que no pasan de ser testimoniales.

Bajo esta representación, y con motivo de la toma de posesión de los integrantes del nuevo Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, CSIF reclama, una vez más como sindicato más representativo, la derogación de la conocida como ‘ley Cospedal’ de 2012, ordenamiento jurídico que sitúa a la región en el furgón de cola de todo el territorio nacional, al mantener la penalización económica por incapacidad temporal, la paralización de la carrera profesional y la no sustitución de trabajadores desde el primer día en el ámbito sanitario, así como la reducción del horario lectivo y la ratio de alumnos en el ámbito educativo, entre otros recortes.

"¿Para cuando la subida del 0,25?"

Además, la Administración autonómica no debería dilatar por más tiempo la aplicación de la subida salarial del 0,25% a los empleados públicos aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 21 de junio. CSIF considera que en lugar de proceder a la concesión de subvenciones directas y graciables con el dinero de todos los contribuyentes a organizaciones afines, tales como CCOO, UGT y Cecam, que han recibido más de 18 millones de euros desde 2014, se podría haber destinado esta cantidad para implementar no sólo esta subida salarial sino para poner fin a todos los recortes efectuados.