Puertollano

Conclusiones que se desprenden, a su entender, de este proceso judicial

La FIDAP sotiene que la “contradicción” de los grupos municipales prima en sus declaraciones por el caso del matadero en Puertollano

En el año 2010 y con la aprobación en el Pleno de marzo tuvo lugar consolidación funcionarial de doce plazas de ayudante de matarife en el matadero municipal, ya cerrado desde 2007

Mamen Fernández

20/12/2018

(Última actualización: 22/12/2018 13:39)

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Tras darse por finalizada la ronda de declaraciones como investigados en los Juzgados de Puertollano de 21 miembros de la Corporación municipal, presentes en el Pleno del 25 de marzo del año 2010, en el que se aprobó la consolidación funcionarial de doce plazas de ayudante de matarife en el matadero municipal, la plataforma de Funcionarios Interinos Despedidos del Ayuntamiento de Puertollano en 2011 (FIDAP-2011) ha dado cuenta en una rueda de prensa de las conclusiones que se desprenden, a su entender, de este proceso judicial.

Así, destacan que en este caso, los grupos municipales implicados en dicha funcionarización “no se ponen de acuerdo en las existencias de informes de legalidad en el expediente administrativo”, asegurando que “se contradicen en cuanto a las vicisitudes que los llevaron a votar a favor de la creación de estas plazas de funcionario”, atestiguando que este hecho se da probablemente “influidos por sus respectivas direcciones letradas”.

En este sentido, la FIDAP tiene claro que mientras que los concejales de la época del PSOE sostienen que no existen informes de ilegalidad, el PP mantiene que su voto en Pleno fue favorable porque existía un informe del Secretario corroborando la legalidad de estas plazas, mientras que el Secretario por el contrario ratificaba “que él no había realizado informe o dictamen alguno de legalidad sobre el proceso”.

Juan Valbuena y Facundo Real, como portavoces de la FIDAP-2011, lamentan que sin embargo “no se ha podido profundizar en el asunto”, recordando que la mayoría de los citados como investigados se han acogido a su derecho constitucional de solamente responder a las preguntas de sus abogados.

De esta manera, concluye la plataforma aseverando que “lo cierto es que dichos informes de legalidad no constan en el expediente”, ni tampoco solicitud alguna de los concejales a los técnicos, apelando a que los motivos irían hacia “que no podían hacerlo porque era ilegal lo pretendido por la Corporación, y para ello era mejor que no figurara informe en contra”. De hecho recuerdan que en las mesas de negociación correspondientes “el concejal de turno” ya decía que este asunto de la consolidación era “un tema muy delicado y de difícil encaje”, a su vez que los sindicatos exigían conocer la identidad de las personas que ocuparían esas doce plazas.

Todos eran conocedores del cierre del matadero

Pese a todo, la FIDAP-2011 afirma que según las actas de los Plenos de los años 2007 a 2010, “todos eran conocedores del cierre material del matadero”, en el año 2007, así como de que los trabajadores no desempeñaban las funciones propias de los matarifes, hecho que confirma que no se introdujera ninguna partida presupuestaria para poner en funcionamiento estas instalaciones municipales, e incluso que se dejaran de abonar en las tasas fiscales.

Pero en definitiva, los portavoces se preguntan el porqué “se hicieron funcionarios a personas que no iban a trabajar en el matadero”, aunque lo cierto es que “se crearon doce puestos de funcionarios con nombres y apellidos para desarrollar puestos de trabajo que a día de hoy siguen sin desempeñarse”, y para los cuales “se tuvieron en cuenta unos méritos que jamás se llegaron a producir”, lo que para la FIDAP-2011 es sin duda una prueba de “clientelismo político”.