Nacional

25 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Invisibilizadas, cuestionadas, desprotegidas y juzgadas: así están millones de mujeres víctimas de violencia sexual en España (con vídeo)

Amnistía Internacional en una investigación denuncia la falta de políticas públicas, y el recorrido lleno de obstáculos y prejuicios al que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual

La organización alerta de la atención desigual a las mujeres según la comunidad autónoma en la que se haya producido la violación u otro tipo de violencia sexual

Castilla-La Mancha, al igual que el resto de CCAA, no cuenta con "centro de crisis" con personal multidisciplinar especializado en violencia sexual, disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, tal y como establece el Consejo de Europa

El miedo a no ser creídas, la estigmatización y la falta de confianza en las autoridades colocan a España por debajo de la media europea en el número de denuncias presentadas por violencia sexual

La Comarca

22/11/2018

(Última actualización: 22/11/2018 21:53)

Imprimir

Sin campañas de información que aclaren qué hacer cuando has sido violada o has sufrido cualquier otro tipo de violencia sexual, sin cifras que nos sitúen ante una dimensión real de la violencia sexual, sin políticas públicas que protejan adecuadamente los derechos de las mujeres y de las niñas, sin recursos especializados para atenderlas: esta es la realidad que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual en España. Son algunas de las conclusiones de la investigación, Ya es hora de que me creas, que Amnistía Internacional presenta hoy y con el que la organización denuncia que los derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en España no están garantizados.

Desde el momento de la violación o cualquier otra forma de violencia sexual, independientemente de que la mujer decida denunciar o no, esta se enfrenta a la falta de protocolos claros de actuación y a la ausencia de formación específica de los profesionales que las atienden (policía, personal médico, forense y judicial). Esto deja vía líbre a estereotipos y prejuicios que ponen en duda los testimonios de las víctimas, minimizan las violaciones que sufren, e incluso las responsabiliza de las mismas. Lo que coloca a España en el puesto 25 de 32, en cuanto al número de denuncias presentadas por violencia sexual, 2,65 violaciones por cada 100.000 habitantes, según datos de Eurostat en 2015.

"Es necesario que esto cambie, estamos viviendo un momento histórico en el que millones de mujeres han salido a la calle para decir que no consienten que las víctimas sean las únicas cuestionadas tras una violación, y que el Estado no tome medidas para protegerlas. Es un momento en que la gran mayoría de la sociedad no está dispuesta a consentir que mujeres y niñas se encuentren solas en un recorrido lleno de obstáculos que también viola sus derechos", declaró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

A lo largo de 2018, Amnistía Internacional ha realizado una investigación recogiendo testimonios de mujeres, instituciones y organizaciones en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Galicia, que nos ha permitido detectar los obstáculos con los que se enfrentan las mujeres víctimas y proponer medidas urgentes para abordar un problema que afecta a demasiadas mujeres.

Seis obstáculos que desprotegen a las víctimas de violencia sexual

Invisibilización del problema. La violencia sexual afecta a 1 de cada 2 mujeres, según la Agencia Fundamental de Derechos Humanos, o a más de 3.251.000 (13,7%) según la Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres de 2015. Estos sólo son algunos de los datos que se manejan, provenientes de encuestas, pero que no permiten conocer la dimensión real de la violencia sexual.La falta de datos oficiales invisibiliza y minimiza este problema. Desde 2009, Amnistía Internacional viene reclamando unos datos que no llegan, lo que tampoco impulsa que se pongan en marcha políticas públicas para abordarlo.

30 años sin políticas públicas. "La mayoría de las mujeres no sabe cómo actuar tras haber sido violada, acosada en el trabajo, o abusada desde la infancia. La falta de campañas informativas de atención o protección para combatir la violencia sexual deja a las mujeres sin saber qué hacer en momentos especialmente traumáticos, y las enfrenta a descubrir por su propios medios procedimientos diferentes según la comunidad autónoma en la que vivan", señaló Beltrán.

Aunque en los últimos años, se han producido importantes avances en la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la pareja y ex pareja, porque la Ley integral contra la violencia de género de 2004, sí contempla la protección de las mujeres que sufren violencia sexual en este ámbito; las mujeres que sufren una violación u otro tipo de violencia sexual por terceros conocidos o desconocidos, no se consideran víctimas de violencia de género y son las grandes olvidadas de las políticas públicas. Ni siquiera el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, incluye medidas contra la violencia sexual en el ámbito de la prevención y sensibilización, sólo recoge una medida dedica a la asistencia de las víctimas, y ninguna para la asistencia y protección de menores víctimas de este tipo de violencia.

Amnistía Internacional considera necesario y positivo el debate para la reforma del Código Penal de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, con un tipo específico de violación donde el elemento clave sea el consentimiento libremente otorgado, tal y como establecen los estándares internacionales y específicamente el Convenio de Estambul del Consejo de Europa. Pero la respuesta punitiva no lo es todo, España sigue desoyendo recomendaciones internacionales de mecanismos como el Comité de la CEDAW o el Grupo de Trabajo contra la violencia de género de Naciones Unidas, e incumple el Convenio de Estambul ratificado por España en 2011 al no poner en marcha políticas públicas eficaces para combatir la violencia sexual.

La lotería de las comunidades autónomas. A lo largo de esta investigación, Amnistía Internacional ha constatado cómo la falta de protocolos de actuación ante la violencia sexual, enfrenta a las mujeres a diferentes tipos de atención según la comunidad autónoma en la que vivan. "La atención, la asistencia y protección de las víctimas no puede ser una lotería que dependa del sitio en el que vives o del tamaño de la localidad en la que ha ocurrido la agresión o donde se denuncie. A esto se añade que en todas las comunidades autónomas hay importantes carencias en cuanto a la protección de las víctimas de violencia sexual", manifestó Virginia Álvarez, responsable de investigación y política interior de Amnistía Internacional España.

Ninguna de las 17 comunidades autónomas cuenta con "centros de crisis" (Rape Crisis Center), es decir, centros con personal multidisciplinar con una verdadera especialización en violencia sexual, disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, tal y como establece el Consejo de Europa. 9 comunidades autónomas (Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Euskadi, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra, además de Ceuta y Melilla, carecen de centros de atención especializados para víctimas de violencia sexual.

Además, los protocolos de actuación o coordinación son distintos en cada comunidad autónoma. Aunque la atención médica, incluída la exploración ginecológica, está garantiza , existen diferencias en cuanto al procedimiento a seguir en los diversos lugares donde se produce la agresión. En Andalucía se puede acudir al centro médico antes o después de la denuncia, mientras que en Madrid capital, hay que denunciar antes de acudir al único hospital de referencia, la Paz, para garantizar la presencia de personal forense, esto sin embargo, no es requisito necesario así en otras localidades de la comunidad.

Sin especialización y con prejuicios. La falta de una adecuada formación con perspectiva de género de las personas que atienden a víctimas de violencia sexual pone en riesgo el respeto de los derechos de las mujeres. "Las preguntas eran muy repetitivas, y hacía como caras, me hacía sentir incómoda, porque yo veía en su cara que no me creía", relató Blanca (nombre ficticio) a Amnistía Internacional sobre el interrogatorio al que se la sometió al presentar la denuncia en comisaría.

La ropa de la víctima, la hora en que se produjo la violación, si había bebido o no, su nacionalidad, no pueden ser argumentos utilizados para mermar su credibilidad cuando llegan a comisaría a poner una denuncia, o cuando son atendidas en un hospital por personal forense. La suerte de la víctima no puede depender de la sensibilidad de la persona que la reciba.

Atención versus denuncia. Amnistía Internacional observa con preocupación que sea necesario que la víctima presente una denuncia para que se garantice la intervención de personal forense. Limitar una atención adecuada, el acompañamiento o la protección a la presentación de una denuncia, deja sin atención y protección a muchas mujeres que no denunciarán porque creen que no las van a creer, porque tienen miedo a la estigmatización, porque han sido violadas, abusadas por sus jefes y pueden perder su trabajo, o porque han sido violadas por familiares y temen ser rechazadas por su entorno más cercano.

La obligatoriedad de poner una denuncia puede invisibilizar a mujeres en situación de especial vulnerabilidad como son las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular que se podrían enfrentar a una orden de expulsión, las trabajadoras domésticas, o las mujeres con discapacidad que en muchos casos son violadas o abusadas por sus familiares o cuidadores, las mismas personas con las que tendrían que acudir a comisaría o a un centro médico en el caso de que decidieran denunciar.

Proceso judicial traumático. "No volvería a denunciar" no puede ser la idea con la que se quedan las mujeres víctimas de violencia sexual después de haber pedido protección a las instituciones, y haber vivido el proceso judicial como una experiencia traumática. No puede ser que sean las mujeres las juzgadas durante todo del proceso", señala Virginia Álvarez.

En España, entre enero y junio de 2018 se denunciaron 788 violaciones, más de 4 al día, según datos del Ministerio del Interior. Pero España sigue estando a la cola de los países europeos en el número de denuncias presentadas. El miedo a no ser creídas, la estigmatización y los obstáculos que se encuentran contribuyen a que este número sea tan reducido.

Y seis medidas urgentes para garantizar los derechos de las mujeres

Para abordar la invisibilidad, el cuestionamiento y la desprotección de las víctimas de violencia sexual, Amnistía Internacional propone seis medidas urgentes:

• recopilar datos que permitan dimensionar este problema para que puedan impulsarse políticas públicas, coordinadas con los gobiernos autonómicos, para la prevención, sensibilización, información, atención y reparación de las víctimas.

• crear servicios especializados como teléfonos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, y garantizar la existencia de centros especializados en violencia sexual en todos los territorios del Estado español.

• revisar, actualizar y garantizar la aplicación el Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, incluida la violencia sexual, de 2012.

• reformar el Código Penal en lo referente a todos los delitos sexuales que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas, garantizando que se protege la autonomía sexual y el consentimiento libremente dado, de acuerdo con los estándares internacionales, especialmente el Convenio de Estambul.

• facilitar asistencia letrada gratuita e inmediata a las víctimas, formar y sensibilizar a todos los operadores jurídicos en contacto con las víctimas, y que las instancias judiciales puedan adaptarse para posibilitar espacios amables que garanticen la confidencialidad y seguridad de las víctimas y sus familiares

• impulsar la reparación de las víctimas, no solo desde el punto de vista de una compensación económica, sino contemplando la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Campaña No más piedras

Amnistía Internacional ha puesto en marcha la campaña No más piedras que cuenta con el apoyo de más de 200 organizaciones para reclamar, al lado de las personas que ya están en la calle, medidas rápidas y eficaces que planten cara a la violencia sexual.

Casos de violencia sexual

Blanca (nombre ficticio), 21 años. Mujer con nacionalidad española y de origen colombiano.

Blanca fue agredida sexualmente a las 5 de la mañana del 8 de mayo de 2016, tenía 19 años. Su agresor la hizo perder el conocimiento en dos ocasiones. Cuando llegó a casa a las 7 de la mañana y tras contárselo a su madre, decidieron ir a denunciar lo ocurrido. Blanca llevaba marcas en el cuello, en la frente y parte de la ropa rota. En la comisaría de su barrio les indicaron que no podían tomar su denuncia y que debían ir a la Unidad de Atención y Familia y a la Mujer de la Policía Nacional (UFAM-Madrid), la comisaría especializada en este tipo de delitos. En esta comisaría, Blanca entró sola y se enfrentó a un interrogatorio que duró 5 horas, en el que se repetían una y otra vez las mismas preguntas. "Las preguntas eran muy repetitivas, y hacía como caras, me hacía sentir incómoda, porque yo veía en su cara que no me creía". En todo ese tiempo nadie informó a su madre de lo que estaba pasando dentro.

En ningún momento, los agentes le explicaron que tenía derecho a asesoría legal antes de realizar la denuncia. Según su relato, tras la decla-ración no le ofrecieron acompañarla a recibir asistencia sanitaria, ni le in-formaron de que en estos casos solo podía ir a un centro hospitalario especializado, el Hospital de la Paz. Al salir de la comisaría, por sus propios medios y en distintos autobuses, buscaron un hospital donde no se le atendió indicándole que debían ir al hospital especializado. Allí el trato médico fue correcto, pero el médico que la atendió tuvo un enfrentamiento con el médico forense de guardia que se negaba a acercarse al centro hospitalario. No se presentó para hacer la exploración hasta las 15.00 horas, sin preservar la intimidad de la víctima, al hablar del caso a voz en grito. Después también se presentó la juez de guardia, que en ningún momento se dirigió ni a Blanca, ni a su madre. Tras ser violada a las 5 de la mañana, tuvieron que transcurrir 16 horas para que finalmente Blanca fuera atendida por personal sanitario y forense, y se tomaran pruebas en el lugar de los hechos. Ya era de noche, cuando Blanca pudo regresar a su domicilio, todavía con la misma ropa con la que fue agredida.

"Aparte de ser violada, tener ese trato por parte de las autoridades que se supone que tienen que ayudarnos. Es muy fuerte, para mí fue lo peor. No digo que peor que la violación, porque fue horrible, pero uno espera otro trato por personas que esperas que te den ayuda. Y no lo recibí".

En la comisaría, la madre de Blanca encontró un papel con datos de la organización CAVAS (Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Se-xuales) a quien decidieron llamar y que fueron quienes las asesoraron y apoyaron. La investigación de este caso no ha avanzado a día de hoy, nadie desde la administración de justicia, ni de la policía la han vuelto a contactar para informarle en qué punto está la investigación.

Gonzalo (nombre ficticio), 40 años. Hombre trans.

Gonzalo sufrió abusos sexuales por parte de su padre desde los 8 años. "Al principio yo no sabía ponerle el nombre, sí que sabía que no era algo normal, porque él lo que me decía siempre que era un secreto entre nosotros dos, que nadie se podía enterar, que si alguien se enteraba le podría pasar algo a mi madre". En la adolescencia inicia un proceso de autodes-trucción, hasta que empieza a buscar ayuda psicológica. A partir del año 2000 entra en contacto con el Servicio de Atención a Víctimas en Andalucía (SAVA) y la Asociación AMUVI , que a través de ayuda psicológica le ayudan a reconocerse como víctima de abuso sexual. "En un primer momento, yo lo que quería era pedir apoyo psicológico para que no se me fuera la cabeza con lo que me estaba pasando".

Cuando su madre conoce lo que ocurre, decide irse de casa, porque ella no hace nada por ayudarle y siguen los abusos. "Yo estaba en mi piso de alquiler y tenía continuas llamadas, me lo encontraba en los sitios a los que solía ir. Me decía que él siempre iba a saber por donde iba a estar. Llega un momento en el que tenía miedo real de que me pudiera hacer algo".

En 2005, pone una denuncia. "El día de la denuncia se me hizo eterno, muy estresante. Me sentía interrogado de una manera que parecía que era yo el que estaba haciendo algo malo. Eran preguntas que iban mucho al detalle, y cada vez que lo contaba, era como revivirlo, me daba mucha vergüenza, el pensar si te van a creer o no te van a creer".

El proceso judicial duró cinco años, en los que en diferentes momentos, tuvo que volver a contar y revivir los abusos cometidos durante años por su padre. Su proceso se filtró a la prensa, "me sentí fatal, por un lado, pensé, bueno no saben que soy yo; pero por otro lado decía, y si alguien sabe que soy yo. Me sentía muy mal, porque era algo que no me atrevía a contar, lo más íntimo, puesto en un periódico, expuesto para todo el mundo". En todo el momento estuvo apoyado por profesionales de SAVA y AMUVI.

En 2010, su padre fue condenado por abusos sexuales a 12 años y medio de cárcel.

Mónica Méndez, madre de adolescente acosada

En 2013, Raquel llevaba dos meses siendo acosada por un chico mayor de edad, aunque su madre no lo sabía. Mónica se enterará el día de antes de que su hija se suicide. "LLevaba días viéndola mal. Ella ya no podía más. No comía, estaba sin dormir, estaba super nerviosa, no contestaba". El tipo le pedía fotos, y la amenazaba con sacar a la luz fotos hackeadas por él". El 19 de abril de 2013, la niña le cuenta a su madre lo que sucede, y la madre decide denunciarlo, pese a que la niña no quiere porque no confía ni en la policía, ni en la justicia (de pequeña había sufrido abuso sexual por parte de su padre). En comisaría le dicen "estoy hay que investigarlo, ahora no podemos hacer nada".

Al día siguiente, la niña se suicida, la policía se asusta y "querían venir el mismo día que pasó para descargar los mensajes del ordenador. Les estuve diciendo que tenían que proteger a la menor, no lo hicieron. Yo ya no tenía prisa, tenía que enterrar a mi hija".

Tras el suicidio dedide denunciar al acosador. Abren dos causas, una por incitación al suicidio, que se archiva porque no ven delito, porque él no la obligó a suicidarse. Y otra, relativa a "las amenazas", la vista se fija 4 años después.

El día del juicio, Mónica ni siquiera pasa a sala y se negocia en el pasillo. Su abogada le explica que la defensa de él había investigado la vida de su hija para desacreditarla, tenía incluso pensado citar al padre que había abusado de ella cuando era pequeña.

Su entorno la recomienda negociar, para no tener que pasar por ese des-crédito público de su hija. Terminan llegando a un acuerdo económico, 5 euros de multa durante 18 meses, y antededentes penales. Tanto la abogada de la acusación, como su abogada, pidieron que se rebajara la multa porque él estaba en paro. "La vida de mi hija vale 2000 euros".