Puertollano

El Ayuntamiento deberá pagar 8,8 millones de euros por la expropiación de unos terrenos

La sentencia de la discordia en Puertollano: ¿suelo urbanizable programado o no programado?

El Consistorio ya fue condenado en 2015 a abonar 5,5 milones de euros por una propiedad aledaña a esta, frente al cementerio municipal

Javier Rubio

20/11/2018

(Última actualización: 23/11/2018 09:45)

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En una mañana agitada en Puertollano por la instalación sin permiso de las luces de Navidad y a la espera de la llegada del presidente regional y de la ministra de Transición Ecológico a la localidad para la firma del Plan del Carbón por la tarde, una sentencia judicial de la que se ha hecho eco IU-Puertollano ha alterado aún más la actualidad informativa de la ciudad.

En dicha sentencia, a la que ha tenido acceso La Comarca, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por F.F.A.B., M.P.A.B. y C.A.A.B frente a un acuerdo de justiprecio con fecha 30 de junio de 2016 del Jurado Regional de Valoraciones de Castilla-La Mancha.

Dicha providencia dictamina que el Ayuntamiento de Puertollano debe abonar a los demandantes la cantidad de 8.808.698,50 euros por la expropiación de varias fincas registrales situadas frente al cementerio municipal y que se encuentran junto a otros terrenos por los que también fue obligado al pago 5,5 millones de euros en el 2015. No deberá abonar, eso sí, las costas procesales.

La clasificación urbanística del suelo

Los bienes expropiados por el Consistorio puertollanense alcanzan los 87.187 metros cuadrados de suelo monte bajo, de los cuales pertenecen a la finca número 35.972 un total de 54.207 metros cuadrados, y a la finca número 35.974 un total de 32.80 metros cuadrados. Como clasificación urbanística del suelo, se reflejaba ‘suelo urbanizable no programado para zona verde dotacional-parque’; y como situación básica del suelo, ‘situación de estado rural’.

La justicia, sin embargo, considera el suelo como urbanizable programado y no como urbanizable no programado y cree que “resulta adecuado, en principio, el justiprecio que refleja el informe emitido por el perito de la propiedad, debidamente ratificado y sometido a contradicción, que aplicando idéntica metodología y los valores correspondientes a octubre de 2008, fija un valor total para el suelo expropiado de 8.625.174,66 euros, a los que suma el 5% del premio de afección y obtiene un valor total de justiprecio de 9.056.433,33 euros”.

Según la sentencia, “en este caso la cantidad debe quedar fijada, por razones de congruencia, en la que reflejaba la hoja de aprecio presentada por la propiedad, tal y como, por lo demás, se acepta por la parte recurrente en el suplico de la demanda, es decir, la cantidad de 8.808.698,50 € más los intereses legales”.

La justicia aclara, por último, que “la correcta la superficie expropiada que fijan los demandantes, a la vista de la prueba practicada a su instancia en este procedimiento jurisdiccional, da una medición de 89.155 m2. Este dato, y la afirmación de que igualmente llevó a cabo una medición técnica real fue corroborado por el otro perito que declaró a instancias de la parte recurrente, ratificando el informe acompañado con la hoja del aprecio. Se trata de una prueba directa y basada en una medición real de la superficie, que debe necesariamente imponerse a la mera argumentación, mantenida en la resolución del Jurado en base a lo alegado por el Ayuntamiento, de que en el primer informe se apreciaron errores aritméticos que "resta fiabilidad".

En materia de costas procesales, “a pesar de haberse estimado el recurso contencioso administrativo y la pretensión planteada con carácter principal en el suplico de la demanda (con la única salvedad relativa a la fecha del evento de interés legal) entendemos que no resulta procedente la condena en costas a las administraciones demandadas al presentar la problemática analizada las serias dudas de derecho que menciona el artículo 139 de la ley Jurisdiccional”.