Región

Artículo firmado por la Secretaria general de la FSC-CCOO CLM

La obligación de las administraciones públicas de acatar y cumplir las sentencias de los tribunales

Cachero urge a la consejería de Agricultura a dotar de dispositivos de aviso de emergencias a los vehículos de los agentes medioambientales

Lola Cachero

12/08/2018

(Última actualización: 13/08/2018 09:35)

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Hace unos días nos vimos obligados a solicitar la ejecución de la sentencia 381/18, de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de CLM, emitida hace ya más de cuatro meses sin que la consejería de Agricultura haya movido un solo dedo para cumplirla.

Resulta paradójico y muy preocupante que una Administración Pública -quienes la dirigen- eluda el cumplimiento de mandatos judiciales. En el caso de la consejería de Agricultura, llueve sobre mojado. Lleva lloviendo una década; y el último lustro, a cántaros.

La sentencia del TSJ-CLM de la que el actual titular de Agricultura hace caso omiso ratificaba otra, dos años anterior, del juzgado de lo Social de Guadalajara; que ordenaba a la consejería “adoptar con carácter inmediato cuantas medidas resulten precisas” para “la señalización e identificación con rotativos V1 de los vehículos prioritarios adscritos al cuerpo de Agentes Medioambientales”, tal y como requirió la Inspección de Trabajo ¡en 2013!

Aún antes, mucho antes, el 28 de junio de 2007, ya se acordó en Mesa Sectorial de la Administración General acometer la “implantación en todos los vehículos oficiales del dispositivo de prioridad de paso homologado. Estos dispositivos deberán estar montados el día 1 de enero de 2008”, para cumplir así las normativas sobre Salud Laboral y sobre Seguridad Vial.

Han pasado tres Gobiernos (Barreda, Cospedal, García-Page), cuatro titulares de Agricultura (Gómez Rodríguez, Martínez Guijarro, Soriano Martín y Martínez Arroyo), y el Acuerdo de 2007, que no buscaba sino cumplir la Ley, sigue sin consumarse.

Martínez Guijarro, actual vicepresidente, sí comenzó a instalar los dispositivos V1 en los coches de los agentes medioambientales; pero el cumplimiento se acabó cuando llegó Soriano.

Con la excusa de la austeridad, la consejera de Cospedal deshizo todo lo avanzado por su predecesor. Y cuando la Inspección de Trabajo, a instancias de CCOO, emitió requerimiento firme instando a la consejería a cumplir con la legalidad, la señora Soriano hizo caso omiso, lo que nos obligó a acudir a los juzgados.

Desde entonces, la Justicia nos ha dado la razón tanto en primera instancia como en segunda, ordenando reiteradamente a la consejería instalar rotativos V1 en los vehículos de los agentes medioambientales.

Lo que no entendemos es que el actual consejero siga sin cumplir las sentencias del Juzgado de lo Social de Guadalajara (junio 2016) y del TSJ-CLM (marzo 2018). Hoy por hoy, sólo 90 de los 390 vehículos de los que disponen los agentes medioambientales de CLM tienen dispositivos para avisar a los demás conductores de la prioridad que reclama circular en emergencia.

En esta cuestión, Martínez Arroyo no ha cumplido con sus obligaciones. Pese a proclamar lo contrario, en realidad ha tratado de paralizar la implementación de esos elementos de seguridad, cediendo a las presiones de su director general de Política Forestal y Espacios Naturales, Rafael Cubero.

El señor Cubero llegó a mentir en documento oficial para evitar que el Sr Martínez Arroyo reimplantara los dispositivos V1 azules retirados por el gobierno Cospedal. Así lo recoge la sentencia del Juzgado de lo Social de 2016: “la resolución desestimatoria (…) tiene como único fundamento el informe del director general (…) que es contradictorio con lo expresado por el propio director general (…)”

Tras aquella sentencia, reclamamos la dimisión o el cese del señor Cubero. Ahora, ratificada esa sentencia hace ya cuatro meses por el TSJ y habiendo tenido que solicitar su Ejecución puesto que la consejería sigue sin cumplirla, reiteramos nuestra petición de cese del director general de Política Forestal y Espacios Naturales.

Cubero ha puesto y continúa poniendo en riesgo la seguridad de los agentes medioambientales en el ejercicio de sus funciones; y la seguridad del tráfico vial cuando los agentes acuden a una emergencia sin poder señalizar a los demás conductores la prioridad con la que deberían circular.

Estamos en plena época de riesgo extremo por incendios forestales, a los que los agentes medioambientales deben acudir con urgencia para asumir la dirección de la extinción. Llevamos una década esquivando la legalidad. Hace cinco años, la Inspección de Trabajo nos requirió en firme. Hace dos años nos lo ordenó un juzgado. No entendimos que la consejería recurriera esa sentencia ante el TSJ; pero hace más de cuatro meses, casi cinco ya, que el recurso fue rechazado y la sentencia ratificada, y la consejería sigue sin cumplirla.

Desde el pasado 31 de julio, hay también un nuevo Reglamento General de Vehículos, acomodado al fin a la Ley de 2014 sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; cuyo Anexo XI establece taxativamente que todos los vehículos prioritarios (“policía, extinción de incendios, asistencia sanitaria, protección civil y salvamento”) deberán llevar luces azules.

Señor consejero, acate los mandatos judiciales. Vele por la seguridad del cuerpo de agentes medioambientales. Implante ya las luces de emergencia en los vehículos de extinción de incendios. No se deje guiar por directores generales que no están por la labor de facilitar el cumplimiento de los mandatos judiciales y cierre de una vez este capítulo interminable.