Región

Nota de prensa

Técnicos de patrimonio consideran que la actual legislación “tumba” las granjas porcinas de Almendros y Saelices, vecinas del parque romano de Segobriga

Denuncian el “juego al escondite” entre Administraciones para mirar hacia otro lado

La Comarca

07/05/2018

(Última actualización: 07/05/2018 20:34)

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Los representantes de la Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros consideran que la legislación vigente en materia de Patrimonio “tumba” los dos proyectos de explotaciones porcinas que se pretendían construir en las localidades conquenses de Saelices y la macrogranja de cría de 80.000 cerdos/año, en Almendros.

Tras varios contactos con técnicos de Patrimonio y abogados especializados, la conclusión de dicha Asociación es que la autorización de las mencionadas granjas constituiría una clara dejación de funciones por las Administraciones regional y provincial y un atentado contra el principal destino cultural de la zona, que ha permanecido prácticamente inalterable durante los últimos veinte siglos.

“Si la solución y el estímulo para los 50.000 visitantes anuales del Parque es una contraoferta de 80.000 cerdos anuales a dos kilómetros es que alguien en esta región y en esta provincia se lo debe hacer mirar”.

Por eso, para que lo vean con los ojos de la realidad, la Asociación -contraria a esta macrogranja- ha enviado un documento de 15 folios al Viceconsejero de Cultura y a la propia Diputación para que no escondan su responsabilidad y para que sus informes sean tenidos en cuenta por el Ayuntamiento antes de proceder a otorgar Licencia de Obras.

Asimismo, solicitan tanto al Viceconsejero de Cultura como al Presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, responsables ambos del presente y del futuro del Parque, que no “jueguen al escondite entre las administraciones, ni tampoco al juego televisivo de pasarse la patata caliente”.

Autorizar estas explotaciones sin valorar las afecciones patrimoniales, paisajísticas, visuales y turísticas sobre el yacimiento arqueológico de Segobriga, un Bien de Interés Cultural declarado en el año 1931, sería de una irresponsabilidad política y ambiental inaceptable.

Macrogranja de Almendros, un proyecto plagado de deficiencias

Más allá de las consideraciones anteriores, el proyecto de Almendros está plagado de múltiples deficiencias planteadas y que han sido recurridas a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente sin que hasta el momento exista respuesta.

Nos referimos al recurso de alzada presentado al efecto, un trabajo bien fundamentado y con el respaldo de expertos colegiados. “Esconder la cabeza y mirar para otro lado, no es la solución. Tampoco confiar en que el asunto sea ventilado por el Tribunal Superior de Justicia, pues generará un quebranto de confianza ante los promotores y los administrados”.

En las comunicaciones a la Administración se alertaba de la afección de la graja al dominio público hidráulico, circunstancia que ha vuelto a ser advertida a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a la propia Consejería de Fomento competente en el uso del suelo y responsable de su calificación.

También de las múltiples modificaciones que se han hecho del proyecto inicial ante las reiteradas denuncias públicas, todo ello sin que hasta la fecha la administración se haya pronunciado sobre si las mismas. El recurso también ponía el acento en el mal calculado, intencionadamente, volumen de agua a suministra a la explotación, para sortear así las limitaciones del Guadiana. En palabras de varios técnicos consultados en distintos colegios oficiales de España a los que se les remitió la consulta, llaman la atención todas y cada una de las respuestas en el mismo sentido: “técnicamente es una burla a la Administracion competente de los recursos hídricos” “no colará”

En este “juego del escondite” y de elusión de responsabilidades se muestra muy cómodo el alcalde del municipio, antiguo copropietario de la finca donde se pretende instalar la granja, que parece esperar un “visado exprés” de los técnicos de la Diputación, sin que la autorización de la licencia pase previamente por la Comisión de Urbanismo y sus filtros de legalidad en materia de Sanidad, Patrimonio, Agua, Forestal...

Los cerca de 200 asociados están confiados en que les sobran razones para que los tribunales de Justicia pongan las cosas en su sitio de persistir la inacción de las Administraciones.