Opinión

Artículo de Opinión del Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT

Nos quieren robar las pensiones públicas

Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT

13/12/2017

(Última actualización: 13/12/2017 23:01)

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Las distintas leyes de reforma del sistema de Seguridad Social en lo relativo a Pensiones, más allá de garantizar la consolidación de nuestro sistema público, universal y solidario, han supuesto una dinamitación del mismo.

La Ley 27/2011 de Zapatero, pactada entre casi todas las fuerzas políticas y los sindicatos del régimen, más la Ley 23/2013 del PP que regula el factor de sostenibilidad y el Índ i ce d e Rev al o ri zaci ó n del sistema de Pensiones de la Seguridad Social, han supuesto, la primera una rebaja media en torno al

20%, mientras que la segunda reforma del 2013 sumará una pérdida adicional del 15%, por la

reducción de la pensión media nominal tras la jubilación.

El “sacrosanto déficit” conlleva un apalancamiento de las políticas denominadas de “consolidación fiscal” o, en términos sencillos, políticas de robo y expolio de los derechos sociales, siendo uno de los factores en las cuentas generales del Estado, que desvía miles y miles de millones del gasto social (pensiones, educación, sanidad y dependencia fundamentalmente) para cumplir con los compromisos con Bruselas.

Los gobiernos de turno, desde el 2011, cuando abordan la reforma del artículo 135 de la CE (se garantiza el pago de los intereses y principal de una deuda ilegítima e ilegal, pues es la deuda de los banqueros y especuladores), se enfrentan al siguiente dilema: o bien aplicar recortes en el gasto o bien subir los impuestos directos y/o indirectos para obtener mayores ingresos.

El problema, el financiero, por “ley”, obliga a las cuentas de la Seguridad Social a tener cuanto menos equilibrio, es decir, los ingresos menos los gastos, debieran ser 0, o tener superávit, de lo contrario, las revalorizaciones de las pensiones, con independencia del coste de vida (IPC), solamente se actualizarán en un 0,25%.

La Seguridad Social, sujeta a esta “regla sagrada del mercado”, ante la destrucción de millones de empleos desde el 2011, la bajada de las cotizaciones empresariales a través de las subvenciones y las reducciones, las tarifas planas, la expulsión de cientos de miles de cotizantes de las personas “cuidadoras” por ley de Dependencia y el menor ingreso, debido a que los cientos de miles de asalariados y asalariadas que entran al mercado de trabajo desde el 2011 lo hacen con salarios cercanos al SMI, colocan al sistema público de Seguridad Social en déficit continuo y permanente, al menos hasta el 2022.

Todos estos factores políticos, es decir, decisiones políticas adoptadas por los gobiernos del PSOE y del PP conjuntamente con Bruselas, ha conllevado un deterioro de las cuentas públicas, y se le imputa a la Seguridad Social un déficit cercano al 1,5 del PIB a finales del 2017, es decir, cerca de 18.500 millones de euros.