Región

Pozuelo ha destacado que, “la difusión y universalización de una cultura de formación, que alcanza a más de 4 millones de trabajadores al año en la actualidad y a más de 478.000 empresas participantes sólo en la denominada «formación de demanda». En el ejercicio 2014 se invirtieron aproximadamente 2.100 millones de euros en materia de formación para el empleo”

Federico Pozuelo inaugura el Curso de la Inspección de Trabajo sobre “Control de la Formación Profesional para el empleo”

La aprobación de la nueva Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de formación profesional para el empleo supone un nuevo avance en el desarrollo y control de la misma.

"El objetivo de garantizar el principio de tolerancia cero contra el fraude en la gestión de los fondos de formación profesional para el empleo, exige la modificación del Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden social, en distintos aspectos, para evitar y corregir algunas situaciones

La Comarca

06/10/2015

(Última actualización: 06/10/2015 21:41)

Imprimir

El subdelegado del Gobierno en Albacete, Federico Pozuelo, junto al Director Territorial de la Inspección de Trabajo, Juan Díaz y el Inspector Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de Albacete, José Antonio Moreno, ha inaugurado el curso de “Control de la Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral”, que durante los días 06 y 07 de octubre se va a celebrar en el Salón de Actos de la Subdelegación del Gobierno, con la asistencia de más de 40 inspectores y subinspectores de Castilla La Mancha y que contará con importantes expertos en la materia para la exposición de las distintas ponencias.

Las reformas acometidas por el Gobierno desde el inicio de la legislatura tienen entre sus finalidades la de afrontar los cambios que necesita nuestro modelo productivo para situar a España en una senda sostenible de crecimiento y generar empleos estables y de calidad, y la formación profesional para el empleo tiene un papel esencial en la articulación de esos cambios. La aprobación de la nueva Ley 30/2015, de 9-9, por la que se regula el Sistema de formación profesional para el empleo, supone un nuevo avance en el desarrollo y control de

esta materia. El sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral ha permitido la mejora de la empleabilidad y la cualificación de muchos trabajadores de nuestro país en los últimos años y ha servido para avanzar en la vinculación de la formación con la negociación colectiva.

Pozuelo ha destacado que, “ello ha permitido la difusión y universalización de una cultura de formación que alcanza a más de cuatro millones de trabajadores al año en la actualidad y a más de 478.000 empresas participantes sólo en la denominada «formación de demanda». En el ejercicio 2014 se invirtieron aproximadamente 2.100 millones de euros en materia de formación para el empleo”.

Ha sido un modelo de gestión compartida entre las Administraciones públicas (Administración General del Estado y CC.AA.) y los interlocutores sociales. No obstante, el sistema ha puesto de manifiesto determinadas debilidades e ineficiencias que deben abordarse de manera urgente para dar respuesta inmediata y de una manera más eficaz y eficiente a las necesidades formativas de los trabajadores y del sistema productivo. Para intentar solventar los defectos que tenía nuestro sistema de formación profesional era fundamental incrementar las medidas de control, ya no sólo por parte de los organismos implicados directamente en la gestión y autorización pública de la formación, sino también por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”

.

“El objetivo de garantizar el principio de tolerancia cero contra el fraude en la gestión de los fondos de formación profesional para el empleo, exige la modificación del Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el R.D.L. 5/2000 de 4 de agosto, en distintos aspectos, para evitar y corregir algunas situaciones, como ampliar los sujetos responsables para incluir a las entidades de formación y a las que asuman la organización de la formación programada por las empresas, así como modificar los tipos de infractores existentes. Y por otro lado, endurecer las sanciones”, ha resaltado el subdelegado del Gobierno.

Pozuelo ha destacado que “la finalidad de este incremento de la vigilancia y control del destino de estos fondos no es otra que garantizar que estos se destinen, de forma efectiva, a fomentar las capacidades y, por tanto, la empleabilidad y la estabilidad en el empleo de los trabajadores, mediante una formación profesional efectiva y real”.

Por último, destacar que a fin de garantizar un refuerzo del control y capacidad sancionadora, se crea una Unidad Especial de Inspección, en el seno de la Dirección Especial adscrita a la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que en Albacete también está ya en funcionamiento.