Región

Ante las últimas decisiones sobre la instalación del ATC en Villar de Cañas

ASAJA Cuenca exige garantías para el desarrollo de la actividad profesional de los agricultores con o sin ATC

La organización agraria recuerda que cualquier sobrecoste para las explotaciones agrarias debe ser indemnizado

La Comarca

29/07/2015

(Última actualización: 30/07/2015 11:47)

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Ante el informe favorable del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para el proceso de licenciamiento de la instalación del ATC de Villar de Cañas y ante la decisión del Gobierno regional de declarar la comarca como espacio de la Red Natura, ASAJA Cuenca exige en una nota de prensa que en cualquier opción se garantice el desarrollo de la actividad profesional de los agricultores afectados.

En caso de que finalmente se instalara el ATC, la organización agraria recuerda que la comunidad científica internacional deberá afianzar la seguridad de los cultivos de la zona, su normal desarrollo y, como consecuencia, la viabilidad de las explotaciones de los afectados.

Si por el contrario se amplía el espacio de la Red Natura reconocido en la Laguna del Hito, en Cuenca, de 1.000 a 25.000 hectáreas protegidas, ASAJA Cuenca también exige medidas que compensen el esfuerzo de los agricultores, pues si quien contamina paga, quien conserva debe cobrar.

De este modo, el Presidente de la organización agraria, José María Fresneda, expone que “no entrará en el debate político o mediático, pero sí lo hará para defender los intereses de los agricultores y ganaderos afectados por la zona, independientemente de si se instala o no finalmente el cementerio nuclear”, como así se lo manifestó en marzo de 2010 a la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, a la Administración y a otras entidades implicadas.

En cualquier caso, todo sobrecoste generado al agricultor o ganadero por afecciones en el desarrollo normal de los cultivos o por limitaciones medioambientales debe ser compensado. Las prohibiciones o dificultades en la actividad pueden limitar el derecho de todo agricultor y ganadero a decidir libremente sobre la disposición de su explotación en atención a los mercados y a las coyunturas económicas existentes en cada momento, por lo que se tienen que prever indemnizaciones ante cualquier hecho que frene la actividad y la viabilidad de las explotaciones.