Puertollano

Después de iniciar un proceso contencioso-administrativo

CCOO recuerda al Ministerio de Industria que los prejubilados de la minería privada "deben cobrar lo que es suyo"

Los contratos de los prejubilados con la Entidad Gestora Minera recogen la regularización del salario garantizado al 100% del IPC real de cada año

La Comarca

18/02/2015

(Última actualización: 19/02/2015 07:34)

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CCOO de Industria está celebrando estos días asambleas en todas las comarcas mineras en las que exige al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que abone la diferencia del IPC de los años 2011 y 2012 a los prejubilados de la minería privada. Este sindicato lamenta en una nota de prensa que, tras el fallo del Tribunal Supremo, se vuelva a retrasar la resolución del procedimiento judicial y recuerda que no se cansará de reclamar que se les abone lo que les corresponde.

La decisión del Tribunal Supremo de anular la sentencia de la Audiencia Nacional, que reconocía la obligación de regularizar a los prejubilados de la minería privada el IPC del año 2011 y deaplicar la subida pactada para 2012, ha atrasado considerablemente la solución del procedimiento y les ha obligado a iniciar un proceso contencioso-administrativo. CCOO de Industria, que cree que el fallo del tribunal tiene tintes políticos, continuará batallando hasta que la Justicia le de la razón.

Tanto la normativa vigente como los contratos de los prejubilados con la Entidad Gestora Minera recogen la regularización del salario garantizado al 100% del IPC real de cada año. En el año 2011, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo introdujo un cambio normativo en el real decreto que regulaba las prejubilaciones, cambiando significativamente la normativa. Suspendió para el año 2011 la regularización del IPC y anuló la de 2012.

CCOO inició entonces un procedimiento judicial ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que falló a favor de los trabajadores y reconoció la obligación de la regularización. El Ministerio de Industria recurrió el fallo ante el Tribunal Supremo. Sin entrar en la cuestión, se anuló la sentencia de la Audiencia Nacional al considerar que era incompetente para juzgar un cambio normativo del real decreto.

Además, el Tribunal Supremo envió a los prejubilados de la minería privada a un proceso contencioso-administrativo, con el consiguiente coste económico para los trabajadores, derivado de las tasas que regulan este procedimiento judicial.

Antes de iniciar la vía contencioso-administrativa, CCOO de Industria interpondrá una reclamación administrativa individual al Instituto del Carbón y, si esta no prospera, el correspondiente recurso ante el Ministerio de Industria. Paralelamente, la federación estatal iniciará el mismo proceso de forma colectiva.