Región

Nota de prensa

Daniel Martínez advierte al PP “que no van a conseguir acabar con la movilización y la protesta social por mucha intimidación y desprecio a los derechos y libertades que intenten imponer”

IUCLM asegura que la “Ley mordaza” es un nuevo ataque a derechos y libertades de los ciudadanos, muestra el desprecio del PP por los principios democráticos y pretende dar cobertura legal a la campaña de intimidación y represión contra la protesta y movilización ciudadana

La Comarca

13/07/2014

(Última actualización: 13/07/2014 22:07)

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Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, unida a la reforma del Código Penal, la involución democrática en general que está pretendiendo imponer el PP, la campaña de intimidación y represión constante contra la movilización pacífica, así como las modificaciones electorales que pretenden acabar con principios básicos de una Democracia que se precie, desde IU-CLM llamamos a intensificar la movilización ciudadana, la lucha y la propuesta alternativa, ha llegado el momento re rescatar la Democracia.

Daniel Martínez, Coordinador regional de IU, ha señalado que “la política de Cospedal es el modelo represivo y antidemocrático que domina en el PP, con la soberanía popular secuestrada, imponiendo una reforma estatutaria para trampear las elecciones y con más de 1100 personas sancionadas por manifestarse pacíficamente, sin un prácticamente un solo altercado en las cientos de manifestaciones y concentraciones ciudadanas celebradas”; “ahora tienen una herramienta más, la Ley mordaza”, añadió.

Según Martínez, “el PP no acepta una sociedad democrática plena y reacciona con una deriva autoritaria, represión, expedientes sancionadores y recortes en derechos de involución democrática para intimidar a los ciudadanos y lograr que se resigne y sean sumisos a las políticas injusta y a los poderes financieros, algo que no van a conseguir”.

En este contexto en nuevo proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana supone un nuevo ataque a derechos y libertades, así como la apertura a la "privatización de la seguridad". Junto al nuevo Código Penal, son una respuesta directa y desproporcionada contra la protesta social, con la intención clara de criminalizar e impedir esta protesta y cualquier reacción ciudadana frente a las políticas de recorte. Esta deriva autoritaria, propia de otras épocas, pretende constreñir e impedir la protesta ciudadana y el justificado aumento del conflicto social, con fórmulas de represión a las libertades civiles y políticas.

Un anteproyecto de Ley que además está plagado de referencias a las nuevas formas de protesta, como los escraches, la oposición a desahucios, grabación de la acción policial, rodea el Congreso...

Da además pasos importantes para que las empresas de seguridad privada, algunas de las cuales se encuentran tremendamente cercanas al PP, ocupen un espacio dentro de la gestión de la Seguridad Ciudadana.

En definitiva, es una barbaridad democrática y civil abrir espacios al mantenimiento del orden público por parte de empresas privadas de seguridad: es una obligación, al servicio de nuestros derechos y libertades además, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

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Audio de Daniel Martinez: