Región

“Utilizar políticamente a los dependientes no es de recibo”, ha valorado el consejero de Sanidad

Echániz asegura que el estado reclama 3 millones de € indebidamente pagados a dependientes fallecidos y culpa al gobierno de Barreda

La Comarca

20/10/2011

(Última actualización: 20/10/2011 12:00)

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El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha comparecido este jueves ante el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para informar sobre la aplicación en la región de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de Dependencia. Como ejemplo de la mala gestión anterior, Echániz ha revelado que el Estado reclama desde el 30 de junio a esta comunidad autónoma 3.200.000 euros por los pagos indebidos de prestaciones a personas ya fallecidas, a razón de 450.000 euros mensuales durante siete meses, durante la gestión de la anterior Administración regional.

Entre las medidas que ha anunciado para superar los problemas en la gestión que propicia el sistema vigente, Echániz ha anunciado “desde hoy” la reestructuración de todos los servicios de la Dirección General correspondiente: “su funcionamiento será por procesos y no por materias y desde hoy también incorporará a su gestión todos los servicios y prestaciones del catálogo, y en particular la gestión de la ayuda a domicilio y la teleasistencia”.

Junto a ello, Echániz ha lamentado, con diversos ejemplos concretos, que el desfase entre lo que sufraga el Estado y las comunidades autónomas haya ido creciendo de forma sustancial. Así, se da el caso de que Castilla-La Mancha asume por una plaza en una residencia “entre 7 y 20 veces más que el Estado”, algo grave cuando el coste de las mismas oscila entre 1.400 y 4.000 euros al mes y el compromiso entre ambas administraciones debería ser el mismo, según la ley. Este año, el Estado no llegará a asumir ni un 25 por ciento del total, menos de la mitad de lo exigible.

El consejero lo ha englobado en los “recortes sociales del Gobierno socialista” de la nación, dado que “el Gobierno socialista ha roto las normas de financiación de la Ley de la Dependencia”.

Estos lastres financieros desde el Estado se han combinado en el caso de Castilla-La Mancha con los propios de los presupuestos regionales vigentes, donde 50 millones de euros no estaban contemplados. Dicho de otro modo, “en marzo se había gastado lo presupuestado para todo el año”. Comportamientos como estos explicarían que los retrasos en los pagos hayan sido habituales desde 2009.

El consejero ha revelado que el seguimiento de la ley está penalizado también por graves problemas administrativos acumulados desde su inicio, hace cinco años, en Castilla-La Mancha, incluido el uso de programas informáticos distintos en según qué provincias. Como consecuencia, se han venido dando retrasos de hasta 18 meses en las tramitaciones de las valoraciones, como ocurre en la provincia de Toledo.

Además, entre los 50.000 Planes Individuales de Atención Social (PIAS), solo se han asignado 8 prestaciones económicas de asistente personal “desde la aplicación de la ley”, ha resaltado el consejero.

Lamentable politización de la Ley

Echániz, que ha lamentado “la politización de la ley” y de su aplicación que se ha producido en Castilla-La Mancha, ha abogado por la implantación de un marco común en el régimen de acceso a las prestaciones, vinculando estas también a la capacidad económica del usuario, a diferencia de lo que actualmente ocurre. Dirigiéndose expresamente a la oposición, el consejero ha valorado que “utilizar políticamente a los dependientes no es de recibo”, sobre todo cuando la anterior Administración regional “por cada euro presupuestado para ello luego gastaban seis; los créditos ampliables no pueden ser la herramienta habitual”. Echániz ha confirmado que los dependientes de la región han recibido ya las cantidades correspondientes al mes de agosto, lo que implica un desfase muy inferior a la media de los años anteriores.

Pese a todo ello, “queremos mirar al futuro”, ha recalcado, para que “nunca más vuelva a darse la situación que estamos viviendo” y para eso “el Gobierno trabaja ya para incorporar miles de expedientes” al sistema y que nadie deba buscar en recursos privados la atención de sus necesidades, asegurando la “equidad e igualdad” entre las personas y las provincias.