Región

Comenzarán el 1 de marzo

30 empleados públicos de la región iniciarán una experiencia piloto de teletrabajo en la administración autonómica

En tres meses serán 100 y en un año llegará a 500 empleados públicos que podrán realizar el 40 por ciento de su jornada fuera de su puesto habitual de trabajo, siempre que no se trate de puestos de atención al público o que requieran de la presencia del trabajador.

La Comarca

22/02/2011

(Última actualización: 22/02/2011 13:00)

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El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Santiago Moreno, anunció hoy que el Consejo de Gobierno dará luz verde a la puesta en marcha de un plan de teletrabajo para empleados públicos de la región que se iniciará el próximo 1 de marzo con 30 trabajadores de la Consejería de Presidencia y Administraciones Publicas en su fase piloto.

Santiago Moreno recordó que esta iniciativa forma parte del Plan de Consolidación de las Finanzas y los Servicios Públicos y también está contemplado en el Plan Concilia, además de contar con el impulso tanto del Gobierno central como de la Unión Europea para aplicar las nuevas tecnologías al trabajo y mejorar la eficiencia, el rendimiento y la motivación de los empleados públicos.

En este sentido, subrayó que este plan no se podrá aplicar a puestos que tengan atención al público o necesidad de presencia física en él, y explicó que el resto de puestos, que serán determinados por las distintas consejerías, sí podrán sumarse en el futuro a esta iniciativa que podría afectar, cuando esté plenamente desarrollada a la mitad de los 12.000 empleos de la Administración regional.

De esta forma, tras el programa piloto que se iniciará el día 1 de marzo con 30 trabajadores de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, pertenecientes a los servicios jurídicos y de informática, en tres meses se evaluará el resultado y si resulta positivo se incorporarán hasta un centenar de empleados más, que llegarán a los 500 cuando se complete el programa piloto que tiene una duración de un año.

Moreno explicó que esta medida supondrá un salto cualitativo ya que se pasará de valorar el tiempo que se permanece en el puesto de trabajo a valorar los objetivos, el rendimiento y la eficiencia de los trabajos realizados. Así, el programa será coordinado por la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas a través de la Dirección General de Función Pública, y se creará una comisión de coordinación con las distintas consejerías en la que también estarán representados los sindicatos.

Los trabajadores que se sumen a esta iniciativa, que será voluntaria, una vez que la correspondiente Secretaría General Técnica lo autorice, podrán realizar fuera de su puesto de trabajo hasta el 40 por ciento de su jornada laboral mensual, lo que supone 56 de las 140 horas semanales que deben realizar.

El consejero también aludió a los requisitos que deberán reunir los empleados públicos que se sumen a esta iniciativa y que pasan por disponer de un espacio en su domicilio o en otro lugar que cumpla con la normativa de riesgos laborales, tener ordenador y banda ancha y amplios conocimientos sobre ofimática. Estos trabajadores recibirán los programas necesarios para conectarse al ordenador de su oficina y la formación correspondiente para su manejo y para garantizar la confidencialidad de los datos que maneje.

Posteriormente, los objetivos a cumplir en cada puesto serán evaluados a través de sendos cuestionarios de satisfacción, para el trabajador y para el responsable de evaluar la experiencia y después cada Consejería elevará un informe al órgano encargado de su coordinación. Este cambio no supondrá ninguna merma ni en las retribuciones ni en los derechos de los empleados públicos y, en el caso de que alguno no cumpliera los objetivos marcados, saldrá del programa de teletrabajo y tendrá que volver a su puesto.

Santiago Moreno concluyó señalando que esta iniciativa va a colocar a Castilla-La Mancha a la cabeza de la innovación y la modernización de la administración para dar un mejor servicio a los castellano-manchegos al tiempo que se ahorra, se aumenta la eficiencia y se motiva a los trabajadores.

Hasta ahora, sólo Cataluña está evaluando un sistema similar, en Castilla y León hay 100 trabajadores en una experiencia piloto, y en el País Vasco se está aplicando en la Administración de Justicia.