Unos 2.500 empleados públicos se concentran en Castilla-La Mancha contra “los recortes salariales y sociales” del plan de ajuste del Gobierno

La Comarca

20/05/2010

(Última actualización: 20/05/2010 14:00)

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Alrededor de 2.500 empleados y empleadas de las distintas administraciones públicas se concentraron esta tarde ante la Delegación del Gobierno en Toledo y las subdelegaciones en el resto de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha convocadas por las federaciones del Área Pública de CCOO y de UGT y por el CSI-F para rechazar “los recortes salariales y los recortes sociales” que contiene las medidas de ajuste del Gobierno central.

En Toledo se congregaron unas 500 personas, una cifra similar lo hizo en Ciudad Real, cerca de un millar en Albacete, 300 en Cuenca y más de 1.000 en Guadalajara. En todas las concentraciones hubo presencia de otros sindicatos, desde los policiales UFP, CEP y SUP al STES o ANPE. La Asociación Unificada de la Guardia Civil transmitió su apoyo a la convocatoria.

Las concentraciones se iniciaron a las seis de la tarde y concluyeron entre media hora y una hora después con la lectura de un manifiesto “en defensa de los servicios públicos” suscrito por CCOO, UGT y CSIF y el llamamiento a los empleados públicos a secundar la huelga convocada para el 8 de junio.

Además, se comenzó una recogida de firmas contra el recorte de los salarios de los empleados y empleadas públicos y “por una salida social a la crisis, por unos Servicios Públicos de Calidad, por un Estado del Bienestar que responda a los ciudadanos, por la dignidad de las empleadas y empleados públicos y el respeto a su negociación colectiva y por el respeto y el cumplimiento de los acuerdos existentes”

El manifiesto denuncia que “el plan de ajuste presentado por el Gobierno cede a la presión de los mercados financieros y asesta un duro golpe a pensionistas, empleados públicos, personas dependientes y en paro. Es un plan antieconómico que reduce drásticamente la inversión pública, lo que contribuirá a prolongar los indicadores de la recesión, a desplazar la creación de empleo como objetivo central de la actividad económica y producirá una contracción del consumo al afectar a más de 11 millones de personas (2,7 millones de empleados y empleadas públicos -133.700 en Castilla-La Mancha- y 8,5 millones de pensionistas -340.000 en nuestra región-), una gran parte de los cuales apenas superan los 1.000 euros mensuales”

Resalta también que las medidas de ajuste “rompen con el Acuerdo Gobierno-sindicatos” por lo que “quiebran la confianza de quiénes optamos por dar un paso responsable y recuperar el valor del diálogo social”, así como “el derecho fundamental a la negociación colectiva que está en la Constitución Española”.

Advierte que “alterar unilateralmente los acuerdos suscritos y reducir los salarios de los empleados públicos es el peor mensaje que se pueda enviar”, especialmente porque “se pretende justificar con un ataque a la dignidad y profesionalidad de los empleados y empleadas públicos”. Recalca que “los servicios públicos son fundamentales para la cohesión social y pilar fundamental del estado del bienestar” y concluye que “cuestionar el sector público abre la puerta a la externalización y la privatización”.