Edición mensual - Agosto 2006 - Sociedad

La administración impone restricciones horarias y de tránsito para ver la cueva de la Venta de la Inés

La Junta se “baja los pantalones” ante los dueños de La Cotofía

J. Carlos Sanz

Nº 177 - Sociedad

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Imagínense que para visitar unas pinturas rupestres declaradas Bien de Interés Cultural y por tanto consideradas por la Ley del Patrimonio Histórico-artístico como de titularidad pública tuvieran que llamar a un número de teléfono para concertar visitas en una franja horaria reducida y encima sólo pudieran hacerlo durante 21 días de los 365 que tiene un año. Pues esto que puede parecer inverosímil es una esperpéntica realidad debido a la injustificable decisión que ha tomado la Delegación Provincial de Cultura de la JCCM en el paraje conocido como la cueva de la Venta de la Inés, pasándose por el forro de ahí mismo el artículo 13.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

El panel de la discordia

Ni cortos ni perezosos, los técnicos de la delegación han colocado un panel informativo a la entrada de la Venta de la Inés en el que se limita la entrada a la cueva, la cual alberga importantes pinturas rupestres, por los márgenes del río Tablillas. Una medida, considera por Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia, que atenta contra el derecho público a circular por las orillas de los ríos españoles aparte de ponerse del lado de los propietarios de la finca “La Cotofía”, quienes mantienen un litigio con los habitantes de la venta de la Inés.

Vicente Luchena, presidente del colectivo ecologista, no termina de dar crédito a esta situación; “es increíble que una administración pública limite un régimen de visitas en un lugar de interés público”. Según la Ley de aguas los ríos son públicos, es decir, se puede transitar por ellos sin ningún problema y cualquier modificación es competencia exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente o de sus correspondientes confederaciones hidrográficas. Por lo que Luchena califica de intromisión la decisión adoptada por la Delegación provincial de Cultura del gobierno regional y de “bajada de pantalones” ante los intereses particulares de “La Cotofía”.

“No termino de entender como se puede limitar la entrada a estas pinturas rupestres cuando el resto de los 50 yacimientos rupícolas de las comarca tienen el acceso libre, las 24 horas del día y el resto del año”. Normalmente, la administración protege estos espacios colocando una reja delante con la idea de evitar actos vandálicos “pero en ningún caso se limita el acceso a la gente”, señala Luchena.

Sólo se puede acceder 21 días al año

Además, y como guinda a este desaguisado, sorprende que de los 365 días del año, sólo se permita visitar la cueva de la Venta de la Inés durante 21 días contados “y para colmo en un horario limitado que no se ajusta a la realidad pues se precisan al menos dos horas para llegar allí y otra hora y media de bajada, con lo cual no hay tiempo material para visitar estas pinturas rupestres”, explica Luchena dejando ver el surrealismo del que hace gala la Delegación Provincial de Cultura.

Nada más conocer la noticia, el colectivo ecologista se puso manos a la obra elaborando un informe en el que aparte de denunciar la ilegalidad de tal situación instan al presidente del ejecutivo regional, José María Barreda, “para que ponga orden en la Delegación provincial de Cultural de Ciudad Real porque esto es incomprensible y se sitúa fuera de la ley”. Luchena y compañía exigen la retirada inmediata del panel “informativo”, habría que llamarle disuasorio, y colocando otro donde se refleje que el paso es libre y se puede hacer por la orilla del río Tablillas.

Denuncian intereses como cuestión de fondo

¿A qué obedece la decisión tomada por la Delegación provincial de Cultura? Para Luchena no existe ninguna duda de que se trata de un descarado acto de “amiguismo”. “Hay una estrecha relación entre algunas personas del gobierno regional, concretamente de la Delegación provincial Ciudad Real, y los dueños de la finca. Es decir, la administración regional les está protegiendo, lisa y llanamente, cediendo a sus pretensiones”.

En el caso de que la denuncia efectuada por Ecologistas en Acción no prospere, Luchena avisa de actuaciones más contundentes. “En principio vamos a esperar pero si en un tiempo prudencial no obtenemos respuesta organizaremos marchas reivindicativas en aquel lugar exigiendo respeto y cumplimiento con las leyes”.

Claro que el panel de marras colocado a la entrada del camino que conduce a la cueva puede disuadir a más de uno de no poner un pie con tal de no exponerse a problemas. Por tanto, si alguien se aventurara a acceder fuera del horario de visitas y sin haberlo avisado con antelación “se expone a que el guarda de la finca avise a la Guardia Civil y que los dueños de la finca efectúen una denuncia en los juzgados”. Denuncia, por otro lado y según Luchena, que carece de fundamento “porque la ley no te impide transitar por la orilla de un río público”.

Un varapalo más a la familia Ferreiro

En cualquier caso, lo ocurrido es un nuevo golpe bajo para la familia de Felipe Ferreiro, dueño de la Venta de la Inés, sitiada desde hace años por la sinrazón de los terratenientes de La Cotofía que para más inri cuentan con la sumisión del gobierno regional. “Llevamos mucho tiempo presionando para que se arregle la situación de injusticia en la Venta de la Inés y esto es un revés más a lo que pedimos. Ahora al haber esta medida, un documento oficial pero ilegal, la finca se apoyará en ella para impedir el paso a la gente”, advierte Luchena quien recuerda que “la cueva de la Venta de la Inés no cuenta con una figura específica de protección ambiental por lo que rigen las leyes normales. Como su acceso discurre por las orillas de un río público se puede caminar libremente por allí e incluso si te apetece darte un baño en el estanque ilegal que se construyó el terrateniente de La Cotofía”.

Por tanto, vuelven las disputas y lo peor es que la administración regional se ha posicionado del lado de unos intereses particulares y no de los públicos. Patético.

Por su parte, la asociación “Amigos de la Venta de la Inés” redactaba una nota de prensa en la que se deja entrever cierta condescendencia ante la polémica decisión adoptada por la Delegación Provincial de Cultura. Así, en la nota de prensa puede leerse que “supone materializar el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en reunión de 10 de octubre de 2003, que toma en consideración el artículo 13.2 de la Ley 16/ 1985 , del Patrimonio Histórico Español”.

Aunque si nos atenemos al contenido de este punto donde reza textualmente “que los titulares de derechos reales sobre tales bienes garantizarán su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados” se comprueba el laxo cumplimiento del mismo por parte de la administración regional pues se mutila la posibilidad de visitar la cueva de la Venta de la Inés en buena parte del calendario anual.

Aspecto que los miembros de la asociación no pasan por alto al asegurar que “este acuerdo restringe de modo considerable los días y horas en que se pueden realizar las visitas. Para juzgar la conveniencia de esta medida es necesario examinar la situación existente con anterioridad: cualquier persona o grupo que se arriesgara a transitar por la zona, recibía de manera inmediata la orden de los guardas de la finca La Cotofía para que abandonase el propósito de visitar las pinturas. Si la persona o grupo hacía caso omiso y se mantenía firme en su voluntad, tenía que vérselas con la Guardia Civil,que había sido rápidamente avisada por el guarda. De esta situación pueden dar fe muchas personas”, se asegura en la nota de prensa.

Para echar más leña al fuego, La asociación “Amigos de la Venta de la Inés” confirma que desde su junta directiva se tenía conocimiento de que, en un primer momento, “la decisión que se había adoptado era la de eliminar la prohibición para transitar por la zona. Cuando la Delegación Provincial de Cultura negocia con la empresa propietaria de La Cotofía el régimen de visitas, según la información que llegó a nuestra asociación, se marca como objetivo inmediato eliminar la prohibición absoluta que dicha empresa mantenía para transitar por la zona. En el acuerdo se menciona que el acceso a la cueva se realizará siguiendo el margen del arroyo donde ésta se encuentra. Nuestra asociación y otros colectivos defendemos que no se trata de ningún arroyo sino del río Tablillas. La Delegación Provincial de Cultura prefirió en aquel momento no entrar en discusión sobre este particular para evitar un bloqueo del acuerdo alcanzado”, aclara la asociación admitiendo, de paso, el servilismo de la administración pública a unos intereses particulares.

Sin embargo, el colectivo da muestra ambiguas de posicionamiento y aunque insiste en que debe existir libertad para transitar por el cauce del río Tablillas, justifica en cierto modo la polémica decisión calificándola de mal menor. “Nuestra asociación considera que la situación actual y la colocación del panel informativo es aceptable como primer paso, sin perder de vista el horizonte final: cuando se pueda poner de manifiesto (existe documentación en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y estudios de un catedrático de geografía de la Universidad de Castilla La Mancha que avalan esta tesis) que el cauce fluvial de la zona corresponde al río Tablillas, procederá exigir la libre circulación por los márgenes de este cauce sin ningún tipo de limitación”.

Y para rematar la faena, empleando para ello argumentos diplomáticos que no generen malestar en la administración regional, la asociación manifiesta sentirse “arropada” por el delegado provincial de cultura, Santiago Moreno. “Nuestra asociación quiere poner de manifiesto el apoyo sin fisuras que está recibiendo por parte del delegado provincial de la Junta, expresado en las dos visitas realizadas al mismo por miembros de nuestra junta directiva. Idéntica actitud nos ha brindado el alcalde de Almodóvar del Campo en la entrevista que mantuvimos con él”. En definitiva, la asociación si bien no comparte del todo la decisión adoptada por la JCCM tampoco se moja en el sentido estricto de la palabra para exigir el cumplimiento a rajatabla del artículo 13.2 de la ley del patrimonio histórico-artístico español.