Edición mensual - Enero de 2004 - Balance 2003

Castilla-La Mancha: Balance 2003

El hito de Bono y el bluff de Suárez Illana (I)

Alfonso Castro

Nº 141 - Balance 2003

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El año que estamos despidiendo deja en los anales de Castilla-La Mancha y del Estado español un hito sin precedentes tras la restauración de la Democracia hace ya más de un cuarto de siglo. El hito histórico de permanencia en el poder durante un período continuo de 20 años, gobernando siempre con mayoría absoluta, cuya autoría corresponde única y exclusivamente a un político de raza como José Bono.

El líder socialista castellano-manchego consiguió en las elecciones autonómicas de mayo pasado su sexta mayoría absoluta consecutiva y la más holgada de todas (mayoría cualificada de las tres quintas partes del número de escaños parlamentarios), logrando arrebatar al Partido Popular tres escaños en el Parlamento regional, distanciándose en el recuento de votos hasta 21 puntos de este partido y barriendo del mapa a un nonato en la política como su contrincante popular, el joven Adolfo Suárez Illana, protagonista de una de las espantás y de uno de los bluffs políticos más llamativos que se recuerden en el país en muchos años.

Suárez júnior -que hizo una precampaña y una campaña electorales catastróficas, riéndose del adverso resultado hacia el PP de los sondeos previos y proponiendo medidas tan peregrinas como subvencionar la segunda vivienda de los castellano-manchegos en zonas rurales- digirió muy mal su abultada derrota y prefirió apartarse del ruedo político (al menos en un tiempo), renunciando a tomar posesión de su escaño en el Parlamento de Castilla-La Mancha como líder de la oposición, tras ser desautorizado por el mismo José María Aznar en sus pretensiones de liderar y alterar a su antojo la estructura del partido en la comunidad.

El hijo del expresidente de Gobierno con UCD en su breve periplo por la comunidad llegó a ser demandado judicialmente por intromisión en el derecho al honor por parte de Alicia Díez de Baldeón, cuñada del vicepresidente de la Junta y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, José María Barreda, a la que Suárez había involucrado en un caso de nepotismo en la obtención de su plaza de profesora titular en la Universidad regional.

Nuevo tándem popular

Una vez fuera de juego Suárez, José Manuel Molina (presidente) y Rosa Romero (secretaria general y presidenta-portavoz del grupo parlamentario regional) conforman el nuevo tándem del liderazgo popular, más proclive a un mayor consenso y a una menor crispación con el PSOE en la política regional. Tándem al que se ha sumado recientemente como coordinador regional un militante venido de fuera ad hoc y desconocido en Castilla-La Mancha, Diego Lora.

Tras su estreno la nueva dirección popular ha tenido que capear en los últimos meses con pequeños problemas internos del partido, como la negativa inicial -después subsanada- de algunos diputados a presentar en la Cámara la preceptiva declaración de bienes y una pequeña crisis en el PP de Guadalajara -con el telón de fondo de la utilización partidista de la Caja de Ahorros- que se saldó con la dimisión de una decena de dirigentes.

De resultas de las elecciones autonómicas y municipales del 25 de mayo (25M) el PSOE de Castilla-La Mancha -que presentó listas paritarias bajo el denominado sistema cremallera- logró acceder a gobernar en las cinco Diputaciones Provinciales y en ciudades difíciles para sus pretensiones como Guadalajara, en tanto que las Cortes regionales se constituyeron con el mayor porcentaje de mujeres diputadas de todo el mapa autonómico hispano, superando las parlamentarias en tres ( 25 frente a 22) el número de parlamentarios varones.

Asimismo en la Cámara parlamentaria -en la que Izquierda Unida una vez más no logró ningún escaño, víctima de una ley electoral adversa para las minorías- se tomó el ejemplar acuerdo de reducir las remuneraciones económicas de los diputados (en unos 600 euros mensuales de media), equiparándolas a las de los altos cargos del Gobierno autónomo.

Por su parte el nuevo Gobierno juntero constituido tras las elecciones -y elaborado por el que fuera y seguirá siendo vicepresidente de la Junta y segundo espada del socialismo manchego, José María Barreda- fue presentado a la opinión pública como el Gobierno del país con mayor proporción de mujeres -seis consejeras frente a nueve consejeros- y el segundo más joven del panorama autonómico.

Su presidente, José Bono, en sucesivas encuestas de opinión oficiales y privadas divulgadas antes y después del 25M volvió a salir realzado (con un notable) como el presidente autonómico mejor valorado de España entre sus conciudadanos, al igual que su Gobierno.

El ciclón Bono volvió a hacer de las suyas (autopromoción aireada) en 2003. Citemos como botones de muestra la sonada divulgación de su libro Bono con todos, en el que el político manchego en un ejercicio de cercanía política al ciudadano se travistió en 27 tipos diferentes de currante, compartiendo jornada a pie de obra con otros tantos colectivos laborales: pastor, basurero, amo de casa, vendimiador… y así; la presentación de un segundo libro, esta vez de sus discursos en los últimos cinco años, en el que ofició de presentador un dócil Antonio Gala; y su populosa toma de posesión, en un grandioso fasto toledano en el que se dieron cita numerosas personalidades de la política nacional, incluidos varios ministros y líderes del PP.

Judicialización de la vida política

Precisamente sobre Bono ha gravitado durante todo el año el eslogan de 2003: el célebre Cruzar el Tajo, aireado sobre todo por sus enemigos políticos, en un intento de involucrarle en un ansiado, legítimo y no lejano relevo de Rodríguez Zapatero como presidenciable, en caso de que éste fracasase antes o después de la próxima contienda electoral nacional… Pero él, aún ojo avizor, se ha mantenido firme en su confesada lealtad al máximo líder de su partido.

A lo largo de 2003 se han sucedido sonadas pugnas políticas entre el PSOE y el PP, judicializándose un año más quizá en exceso la vida política, sobre todo en el ámbito competencial de los Gobiernos -el de la Junta y el estatal, de distinto signo político-.

Concretamente el Gobierno regional llevó al Ejecutivo Central ante el Tribunal Constitucional por la emisión por parte de éste último de certificados de afección de la Red Natura 2000 en el marco de la política medioambiental, por la intromisión de la Ley estatal de Medidas de Reforma del Sistema Financiero en competencias autonómicas como la regulación de las Cajas de Ahorro, y por la publicación de la Ley de Calidad de la Educación, considerada segregadora e invasora de competencias autonómicas.

Por su parte el Gobierno de la nación hizo lo propio con la Junta ante los tribunales al recurrir por anticonstitucionales una disposición de la Ley regional de Presupuestos Generales de 2003 que disponía unos usos más restrictivos y menos especulativos para los terrenos públicos destinados a fines residenciales, en favor de viviendas más protegidas o de equipamientos sociales; así como la Ley de Modulación de Ayudas Agrarias, que el Consejo de Ministros estima que corresponde regular a las instituciones estatales y con la que la Junta pretende beneficiar a las explotaciones y profesionales del campo más modestos.

Asimismo el Tribunal Constitucional, a instancias de particulares, falló en contra de algunos preceptos de la Ley regional de Ordenación del Sector Farmacéutico, en aspectos relacionados con las vías de transmisión de las oficinas de farmacia, al considerar el tribunal que esa materia viene regulada en una norma estatal posterior de clarada de carácter básico.

Y ya a una escala menor habría que reseñar la denuncia del PP de Villarrobledo (Albacete) ante el Tribunal Superior de la región contra varios dirigentes socialistas albaceteños por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, malversación y fraude en relación a la cooperativa de viviendas VII Centenario.

Precisamente cuestiones políticas en torno a la vivienda y al suelo han sido las que han centrado en mayor medida la confrontación dialéctica entre PP y PSOE en estos doce meses. Por ejemplo, en la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística (LOTAU), aprobada con los votos en contra del grupo popular y concebida en teoría para evitar la especulación del suelo público y abaratar el precio de la vivienda, mediante medidas como la reserva por parte de los promotores del 50% del terreno urbanizable para construir viviendas protegidas u otros usos sociales.

Precisamente en aplicación de esta ley y de la anteriormente citada de Presupuestos, la Junta sometió a final de año a información pública y al posterior proceso de expropiación el Proyecto de Singular Interés en los abandonados terrenos militares del Fuerte de San Francisco, en la ciudad de Guadalajara, a fin de construir 665 viviendas protegidas y varias dotaciones y equipamientos públicos de índole social, cultural, deportiva, etc. Un proyecto al que se opone el Ministerio de Defensa, propietario de sus 25 hectáreas, que tiene su propio proyecto constructor de unas 1000 viviendas, sobre las que no existen garantías de que sean protegidas y que saturarían en exceso la zona, según alega el Gobierno regional.

Nuevas infraestructuras

Otras medidas políticas en las que chocaron populares y socialistas fueron la proposición de ley del PSOE con alcance nacional para declarar la telefonía móvil de carácter universal, mediante la obligatoriedad de cobertura segura para todos los usuarios en cualquier parte del territorio español; y la negativa de la Junta al proyecto ministerial de eliminar en 2004 el impuesto de sucesiones, salvo que se prevean compensaciones económicas por ello a las comunidades autónomas. En su lugar, la Junta propone reformar dicho impuesto, gravando aún más sobre todo las grandes fortunas.

La puesta en marcha de nuevas infraestructuras, tan necesarias en una región de las menos desarrolladas del país, ha movilizado este tiempo a varios colectivos sociales reivindicativos y ha avivado la dialéctica política entre los diferentes partidos con criterios encontrados, como el del pago del peaje en determinados tramos de nuevas autopistas, como la R-2 Madrid-Guadalajara a su paso por la capital alcarreña, aceptado por el PP y rechazado por el PSOE e Izquierda Unida.

Así, en cuanto a carreteras, en 2003 se licitaron numerosos tramos y se abrieron al público algunos kilómetros de nuevas autovías y autopistas en Ciudad Real y Guadalajara; y asimismo surgieron movimientos reivindicativos defensores de determinados trazados de vías rápidas proyectadas, sobre todo en la provincia de Ciudad Real, como los municipios de la comarca de Puertollano y Almadén, apoyados por la Junta, que se movilizaron en la calle a favor de la opción Sur de la autovía Lisboa-Levante, que no es la favorita inicialmente del Ministerio de Fomento; un total de 16 municipios del Campo de Montiel, en pos de la opción norte de la autovía Linares-Albacete; y una Plataforma cívica de Fuencaliente contra el paso de la autopista Toledo-Córdoba por parajes naturales de gran riqueza ecológica del municipio.

En cuanto a trenes de Alta Velocidad habría que destacar que la ciudad de Guadalajara estrenó nuevos servicios ferroviarios con la puesta en marcha del AVE Madrid-Lérida, el comienzo de las obras del AVE Madrid-Toledo y la reivindicación por parte de una Plataforma ciudadana de Tomelloso y Argamasilla de Alba (Ciudad Real) a favor de que el trayecto del futuro AVE Madrid-Jaén pare en una nueva estación común a ambos municipios, en contra del criterio inicial del Ministerio de Fomento.

Y por lo que respecta a aeropuertos, la ciudad de Albacete inauguró la terminal provisional del aeropuerto civil de la Base militar de Los Llanos y los primeros vuelos civiles a la Península; en tanto que a final de año dieron comienzo las obras del fututo aeropuerto privado Don Quijote, de Ciudad Real, que cuenta aún con una importante oposición por parte de grupos ecologistas que lograron con su queja que la Comisión Europea abriera contra el proyecto un expediente (aún no resuelto) por presunta vulneración de varias directivas conservacionistas del medio ambiente. Expediente que, según dichos colectivos, en caso de ser favorable a sus tesis podría bloquear la financiación de esta infraestructura.

(Continuará)